apro-cimac, 2013/08/07
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) admitió el caso de la activista veracruzana Digna Ochoa y
Plácido, presuntamente asesinada el 19 de octubre de 2001 en esta capital,
confirmó la abogada Karla Micheel Salas.
La abogada, quien litiga el
caso junto con David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
(ANAD), informó que el pasado lunes 5 la CIDH les notificó de la admisión del
caso, por lo que se revisarán las supuestas irregularidades en las que habrían
incurrido las autoridades judiciales capitalinas al determinar que Digna Ochoa “se suicidó”.
Hace dos años, activistas,
organizaciones civiles y la familia de la defensora solicitaron a la CIDH que
admitiera el caso para su análisis, por lo que el pasado 14 de marzo se realizó
una audiencia en la sede del organismo en Washington, donde se informó a los
comisionados que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y
violaciones al debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido.
En esa audiencia también se
expusieron los motivos por los que se acudió ante la CIDH, entre los que se
encuentran el agotamiento de recursos legales en México sin que hubiera
justicia ni esclarecimiento de los hechos, toda vez que en julio de 2011 la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al mando
entonces del actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, cerró el caso.
La PGJDF concluyó que Digna “se suicidó de tres disparos” y, aunque
se promovió un amparo para impugnar esa conclusión, éste fue negado por el juez
séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México.
Es por ello que la familia de
la defensora decidió acudir ante la CIDH, ya que durante los más de 10 años de
investigación el Ministerio Público capitalino “demostró ir en contra de la víctima”.
La ANAD y el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), ambos litigantes del caso,
argumentaron que hubo deficiencias del sistema de justicia que derivaron en
diversas violaciones a garantías fundamentales.
Ejemplo de ello, argumentaron,
fue que en 2004 la PGJDF manejó la hipótesis de que Digna Ochoa fue asesinada
por defender a grupos ambientalistas del estado de Guerrero, pero que “no investigó con seriedad” al respecto.
Y es que se señaló como
sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, exdirigente de la Unión Ganadera Regional
de Guerrero y cacique de la zona de Petatlán en ese estado, pero las
autoridades se limitaron a visitarlo para decirle que información periodística
lo vinculaba al asesinato.
El ganadero negó las
imputaciones y la Procuraduría capitalina dio por terminada esa línea de
investigación.
En su momento, el abogado
David Peña sostuvo que las autoridades capitalinas hicieron todo lo posible por
desprestigiar a la defensora, cuestionar su vida personal, investigar su
preferencia sexual, su estado de ánimo, creencias religiosas, y sus relaciones
laborales y de amistad.
Luego de la muerte de Digna
Ochoa, la CIDH abrió por cuenta propia un expediente del caso, algo no habitual
por parte de la comisión. En 2003 la instancia envió a México un equipo de
expertos en criminalística, balística y patología forense para investigar el
hecho.
Comentarios