por Varias organizaciones
Miércoles, 07 de agosto de 2013
El presente informe busca aclarar los hechos de violencia
que tuvieron lugar en la cabecera municipal de Venustiano Carranza el
pasado 5 de mayo de 2013. A pesar de la serie de denuncias de amenazas y agresiones
que los antecedieron el gobierno del estado de Chiapas no fue capaz de
generar condiciones que garanticen protección a la integridad y seguridad
personal de los pobladores de dicho municipio.
Los hechos del 5 de mayo
ocurrieron entre campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata
– Casa del Pueblo integrante del Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (OCEZ–CP-FNLS) y la Organización Campesina Emiliano Zapata –
Chiapas (OCEZ-Chiapas). En sus raíces se encuentra la falta de interés del
gobierno estatal en resolver de fondo demandas añejas de ambos grupos. Las
acciones gubernamentales, incluso, antes, durante y después del 5 de mayo,
generaron polarización y una escalada de violencia en el municipio.
Resultado de ello son: el
asesinato de dos personas, Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez;
el desplazamiento de 49 familias –que al día de hoy viven en una situación
de alta vulnerabilidad sin que el gobierno sea capaz de garantizar las
condiciones necesarias para su regreso o reubicación–; daños en
42 viviendas, 22 vehículos y ocho tiendas de abarrotes; la detención
arbitraria de 19 campesinos por efectivos de la Policía Estatal y
Ministerios Públicos bajo las órdenes de la Secretaria General de Gobierno; nueve
personas privadas arbitrariamente de su libertad; dos personas
torturadas; y 167 órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar.
Los hechos reflejan una
constante en la región: grupos de poder, entre ellos partidos políticos y el
gobierno de Chiapas, que generan conflictividad y confrontación
comunitaria con el fin de movilizar las correlaciones de fuerza en el
escenario político cuando están en disputa el control territorial – la
población, la tierra y sus recursos–, puestos públicos del gobierno, o la
posesión de tierras productivas, en detrimento de los pueblos campesinos
e indígenas que durante décadas han dado la vida para que la tierra sea de
quien la trabaja.
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