Campeche, México: Ebulá demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por Equipo Indignación
Jueves, 22 de agosto de 2013
San Antonio Ebulá demanda al Estado mexicano ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el desalojo forzoso de
que fue objeto en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en
materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a
las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus
obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos.
Los desalojos forzosos son
particularmente graves y representan una violación “prima facie” a los derechos humanos, además de que ponen en riesgo
la vigencia de otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la
vida, a la salud, a la educación, entre otros.
Para el equipo Indignación es
indispensable que este caso siente un precedente y se otorguen garantías de no
repetición de hechos tan graves y de efectos tan dramáticos para la vida de los
pueblos y de las familias.
El responsable de desalojos
forzosos, tal como establece la legislación internacional, es siempre el
Estado, en este caso por haber permitido que un particular, el empresario
Eduardo Escalante, lo llevara al cabo. Las autoridades de Campeche protegieron
al agresor durante el desalojo y, posteriormente, al omitir investigar. El
equipo Indignación considera que es alto el riesgo de que hechos como estos se
repitan mientras persista la impunidad.
La procuraduría de Campeche, a
cargo de Renato Sales, avaló el cierre de la averiguación previa sin siquiera
citar a declarar a quien fuera suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Por el
contrario, violentó el derecho de las y los agraviados a la justicia y a la
reparación del daño, a pesar de que las y los pobladores presentaron la
denuncia y aportaron numerosas pruebas que inculpaban a Eduardo Escalante y que
demostraban que Ebulá estaba reconocido como Pueblo por diversas instancias
estatales y federales.
La Secretaría de la Reforma
Agraria, por su parte, no ha resuelto aún el litigio que las y los habitantes
de San Antonio Ebulá mantienen desde hace más de 20 años, negándoles el acceso
a la justicia y generando incertidumbre acerca de sus tierras.
El anterior gobierno de
Campeche protegió al agresor y omitió intervenir para proteger la vida, la
integridad física y las propiedades de las familias de San Antonio Ebulá.
Además, omitió cumplir con asistir humanitariamente a la población desplazada
que vivió durante mes y medio en la terraza del Palacio de Gobierno.
El actual gobierno, por su
parte, ante la presión internacional, llegó a un acuerdo con la población
desplazada en septiembre de 2009 otorgando 31 hectáreas para la inmediata
ocupación de las familias desplazadas pero ha incumplido con garantizar los
servicios necesarios para la vida de un pueblo. Además, el actual gobierno es
el responsable de no investigar el desalojo, de obsequiarle impunidad al
agresor y de impedir así el acceso a la justicia a las y los agraviados.
Por estos hechos, y por la
denegación de justicia en materia agraria, San Antonio Ebulá, junto con el
equipo Indignación, demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ahora será el Estado mexicano
quien tenga que responder ante un organismo internacional por graves
violaciones a los derechos humanos.
Mientras persista la
impunidad, es alto el riesgo de que hechos como el desalojo que agravió a más
de 70 familias en Ebulá se repitan, más aún en una zona que no ha reconocido el
derecho al territorio del pueblo maya, en una región en la que la tierra se
encuentra sujeta a la especulación y a la presión generada por inversionistas y
proyectos de “desarrollo”, en una entidad en la que el gobierno se muestra tan
sometido al poder económico.
Resulta elocuente que un hijo
del agresor mantenga un importante cargo en el gobierno del estado de Campeche
y que una de sus hijas haya sido diputada estatal y actualmente sea Presidenta
Municipal de la ciudad de Campeche.
Esta es la primera demanda que
se presenta ante el Sistema Interamericano contra el Estado mexicano por hechos
ocurridos en Campeche.
Campeche, 22 de agosto de 2013
Equipo Indignación A.C.
Equipo Indignación A.C.
Esta dirección de correo electrónico está protegida
contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla
Encuéntranos también en Twitter
@indignacion_dh
y en Facebook
Más información:
México: 4 años después, la impunidad persiste
en San Antonio Ebulá, Campeche
México: Renato Sales procuró impunidad en caso San
Antonio Ebulá, en Campeche
Comentarios