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A
casi nueve meses del comienzo del gobierno de Peña Nieto y en vísperas del
Informe Presidencial, los resultados económicos, sociales y políticos
configuran un verdadero desastre. Y no se trata de una opinión al desgaire o
frívola, sino de un juicio sustentado incluso en cifras, declaraciones y
reconocimientos oficiales.
En lo económico, las máximas autoridades del país (la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México) reconocen y
confiesan que la producción no crecerá en 2013 lo suficiente para proveer de
empleo, ingreso y seguridad social a millones de personas.
Y sabiendo, como se sabe, que las cifras oficiales siempre
aparecen maquilladas, es de presumir y de temer que la situación real de la
economía nacional sea bastante más deplorable de lo que reconocen esas cifras.
Y de la presunción y el temor se pasa a la constatación al saber que cada día
cierran más empresas, que las grandes corporaciones echan a la calle a miles de
empleados, que el vecino, el amigo, el ex compañero, el colega o el simple
conocido perdieron el empleo y que tras meses de búsqueda de una nueva
ocupación no la encuentran.
Por lo que toca a lo social, el panorama no es mejor. De
mantenerse la tendencia de asesinatos de los casi nueve meses de este sexenio,
la cifra será semejante a la cuota de sangre y muerte del desgraciado gobierno
del panista Felipe Calderón.
Hasta el viernes 2 de agosto de 2013, es decir, ocho meses
(diciembre de 2012 a agosto de 2013), la cifra de ejecuciones en el sexenio
peñanietista había llegado a 7 mil 498, es decir, más de 937 por mes.
Multiplicando este guarismo por los 72 meses del sexenio, se alcanza la cifra
de 67 mil 464, superior a las 60 mil ejecuciones acaecidas en el régimen
calderonista.
Y tanto la situación económica como la social son fuente
constante y creciente de desasosiego, inquietud, miedo, desesperanza y angustia
en vastísimos sectores de la población.
El balance provisional del sexenio tampoco arroja nada
positivo en la esfera de lo político. Extensas regiones del país se encuentran
bajo el dominio de grupos delictivos. Y esta situación ha generado el
nacimiento de grupos ciudadanos que, armados, han tomado la seguridad en sus
manos, haciendo a un lado a las autoridades municipales, estatales y federales,
incluidos el Ejército y la Marina, lo que sin duda son palabras mayores.
Y mientras el gobierno se muestra absolutamente incapaz de
frenar, ya no se diga revertir el innegable deterioro del país, la cúpula
oficial decide embarcarse en reformas legales y constitucionales antipopulares,
carentes de consenso social que prefiguran mayor estancamiento económico, más
desempleo, más delincuencia, nuevas y numerosas quiebras de empresas y, desde
luego, más y mayor enriquecimiento ilegal e inmoral de esa misma cúpula tan dada
al reformismo grato a Washington y a la oligarquía criolla.
¿No estarán Peña y su equipo de conspicuos neoconservadores
observando las evidentes señales de descomposición social que provocan
desempleo, quiebras de empresas e inseguridad y violencia? ¿No estarán viendo
los brotes de inconformidad social, algunos incluso armados, que sin
exageración alguna pueden ser calificados de preinsurreccionales?
Puede ser que estén ciegos y sordos. O puede ser también que
se encuentren obnubilados por la ambición de dinero que significaría la
comisión (soborno sería mejor vocablo) esperada por la venta de Petróleos
Mexicanos (Pemex). Es cierto que ya tienen mucho dinero, como es el caso
emblemático del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Pero también es verdad, como bien lo saben don Pedro y sus
compañeros del gabinete presidencial, que la plata nunca es suficiente, que la
plata nunca sobra.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia
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