Aquila, Michoacán, México: La represión anticomunitaria persigue liquidar los órganos de autogobierno indígenas
Gerardo
Peláez Ramos - La Haine
Viernes, 23 de agosto de 2013
En Aquila, Michoacán, la situación tiende a complicarse.
El 20 de agosto fueron asesinados dos integrantes de la guardia comunitaria de
la localidad por agentes policíacos, mientras en Morelia, capital del estado,
era quemada una camioneta de comuneros aquilenses que participaban en una
marcha por la libertad de sus compañeros presos. Estos hechos son continuación
directa de los acontecimientos del pasado 14 de agosto, cuando con un gran
despliegue de fuerza, 700 miembros del Ejército, la Marina Armada y el Grupo de
Operaciones Especiales de la administración estatal agredieron a la población
del municipio de San Miguel Aquila, desarmaron y detuvieron a 45 policías
comunitarios, en tanto los capos de la droga hacen y deshacen en la entidad,
sin la intervención de los órganos del poder judicial. En resumen, el
narcotráfico crece, se desarrolla y controla extensas regiones michoacanas.
De conformidad con la
explicación del gobierno, las fuerzas armadas y de seguridad intervinieron a
solicitud expresa de las autoridades judiciales para ejecutar órdenes de
aprehensión contra cinco compañeros de la guardia comunitaria, con el líder
Agustín Villanueva Ramírez como principal detenido. Los delitos por los que
fueron obsequiadas las órdenes de aprehensión son: violación de domicilio,
secuestro, lesiones y robo calificado. Por cierto, la campaña contra los
comuneros la encabeza directamente Jesús Reyna García, gobernador interino del
estado de Michoacán, quien ha planteado más de una vez que en Aquila no existe
una policía comunitaria, sino un grupo armado que pelea con otros comuneros las
regalías por la concesión de tierras para la explotación de las minas de hierro
de la compañía Ternium.
La realidad es otra. La
administración federal de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Michoacán
persiguen el objetivo de liquidar los órganos de autogobierno indígenas, en
especial las guardias o policías comunitarias, que en Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Guerrero han alcanzado un desarrollo y consolidación considerables, a
la vez que han obtenido y obtienen grandes logros en la seguridad de todos los
habitantes. Empero, la represión contra los indígenas no puede ocultar el hecho
de que el narcotráfico sigue creciendo al mismo tiempo que avanza gravemente la
inseguridad en la patria chica de Lázaro Cárdenas.
Los indígenas bajo órdenes de
aprehensión fueron internados en una cárcel moreliana, en tanto que los demás
han sido enviados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada en la capital federal, acusados de los
delitos de crimen organizado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del
Ejército.
Después de la represión
gubernamental, el 15 del mismo mes fue reinstalado el alcalde de Aquila, Juan
Hernández Ramírez, cuadro del Partido Revolucionario Institucional. Desde
entonces, las fuerzas armadas ocupan la cabecera municipal, que, por las declaraciones
oficiales, parece ser que buscan establecerse de manera permanente.
La represión contra la
comunidad de Aquila significa un claro aviso contra el proceso de
reconstrucción, formación, consolidación y desenvolvimiento de las guardias y
policías comunitarias de todo el país, incluidas las del estado de Michoacán.
El trato violento contra estas expresiones de la auténtica autonomía indígena a
nivel de comunidades étnicas, se anuncia, en forma clara, como política oficial
del Estado mexicano a partir de agosto de 2013.
Como en otras partes, la
guardia comunitaria de Aquila nació como una respuesta democrática y una
decisión adecuada a los expolios, secuestros, saqueos, violaciones de mujeres y
niñas, homicidios y otras acciones de las bandas del narcotráfico y el crimen
organizado, ante la incapacidad del Estado de cumplir con la obligación de
ofrecer seguridad a la población en general.
Cansados de los latrocinios de
los Caballeros Templarios, los
campesinos aquilenses constituyeron el 23 de julio pasado su propia guardia
comunitaria, celebraron un mitin en la localidad, se posesionaron de las
instalaciones de la alcaldía, privaron de sus armas a la policía municipal y,
de hecho, destituyeron al presidente municipal y demás miembros del cabildo. En
pocas palabras, se avanzó en el terreno de la autonomía indígena.
No hay que pecar de
ingenuidad. En la represión contra los nahuas de Aquila no se descarta que la
empresa Ternium tenga metidas las manos, pues sus intereses se ven afectados
por el proceso de construcción de las policías comunitarias. Tanto para el
capital extranjero como para el gran capital mexicano, es mucho más fácil y
conveniente tratar con representaciones priistas y panistas que con
representantes democráticamente elegidos por los mismos indígenas.
Paralelamente a las medidas de
fuerza contra los comuneros nahuas de Aquila, el gobierno prosigue la
militarización del estado de Michoacán, sin que ello implique el debilitamiento
y eliminación del control de extensas zonas por el narcotráfico y el crimen
organizado. La militarización no significa otorgar seguridad a los habitantes
de la entidad. No, de ninguna manera. Significa, sí, la destrucción del
movimiento social ascendente, una de cuyas expresiones es la reconstrucción,
formación y desarrollo de las policías comunitarias.
Con la implantación del
programa neoliberal, se ha desenvuelto y se desenvuelve un rosario de abusos
regulares contra los derechos étnicos, económicos y sociales de las comunidades
originarias. Los monopolios mineros, las empresas eléctricas y las madereras,
entre otras, despojan a los pueblos indios de sus tierras y sus recursos
naturales, devastan sus territorios y bienes culturales y religiosos. A ello se
aúnan las acciones de las bandas delincuenciales, los talamontes, las guardias
blancas y cuerpos francos al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores
y jefes de la derecha y la ultraderecha, ante quienes las autoridades
permanecen pasivas y permisivas, al mismo tiempo que golpean al movimiento
indígena, campesino y sindical.
En extensas regiones de
nuestra patria la violencia forma parte del panorama social actual. La
Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan son parcial
o totalmente violadas por los grupos de la delincuencia organizada, que pelean
por el dominio de la fabricación de narcóticos, las rutas para el envío de
estupefacientes al gigantesco mercado de Estados Unidos y los centros de
consumo a nivel nacional.
Es de sobra conocido que en
Michoacán prevalece una situación ideada por los gringos y concretada por
Calderón y sus sucesores, que se caracteriza por los siguientes fenómenos: los
gobiernos federal, estatal y municipales han perdido el manejo del territorio
ante el narcotráfico y la delincuencia organizada; el incremento de la
violencia ejecutada por el cártel de los Caballeros Templarios, y la evidente
fragilidad política del gobierno michoacano, agudizada por la separación
prolongada del Ejecutivo local, Fausto Vallejo Figueroa. Justamente por ello
existe una grave irritación popular frente a las acometidas del crimen
organizado y una pérdida de confianza en los gobernantes y las instituciones
del Estado.
Sin embargo, no estamos ante
un callejón sin salida. La solución al conflicto está al alcance de la mano:
respetar las formas de autogobierno que decidan democráticamente las
comunidades indígenas, liberar a todos los presos políticos de Aquila y otras
comunidades de Michoacán, mantener al Ejército en sus cuarteles, y, junto a lo
anterior, enfilar la represión no contra los indios, campesinos, maestros,
estudiantes y obreros, sino contra los expositores principales de la
delincuencia organizada y el narcotráfico. Así y sólo así sería actuar de
manera democrática. Emplear la represión violenta contra el movimiento social sólo
puede generar más violencia.
Este artículo está basado en
Cambio de Michoacán, La Jornada Michoacán, El Sur (Acapulco), La Jornada
Guerrero y La Jornada. Para entender el fenómeno de las policías comunitarias y
los grupos de autodefensa, se recomienda la lectura de La Jornada del campo,
número 68, del 18 de mayo de 2013.
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