México: Maíz sustentable ¿para quién? (intereses de funcionarios federales, locales, proveedoras y comercializadoras)
ALAI, América Latina en Movimiento
México, 2013-07-25
México, 2013-07-25
Apenas hace dos días (22 de julio de 2013) que la
foto de uno de los periódicos estatales muestra una fila bien formadita de
campesinos con su bolsa de fertilizantes químicos en los pies, esperan el saludo
de mano del gobernador de Chiapas Manuel Velasco. La dotación responde al
anuncio de ampliación de 30 mil beneficiarios dentro programa Maíz Sustentable. Ninguno de los
campesinos le mira el rostro, el campesino más próximo a recibir el saludo del
gobernador, un viejo indígena con sombrero vaquero y un saco azul opaco, no
tiene la mano extendida en búsqueda de contacto con el mandatario, sino que
mira al suelo con una especie de resignación. (1)
El objetivo del programa de Maíz Sustentable, según el discurso
oficial, es “aumentar la productividad
mediante la aportación de insumos y así garantizar la seguridad alimentaria en
la entidad”. Se destacó un convenio de colaboración con Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para que los productores
puedan tener acceso a más créditos para seguir cosechando.
Estas ideas, en línea con la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
habían sido denunciadas por investigadores del Colegio Macalester de Saint Paul
en Minnesota, EUA (2), por ser acordes
a los intereses económicos y políticos de organizaciones internacionales de
desarrollo como la Fundación Gates,
la Alianza para la Revolución Verde
en África (AGRA), la Iniciativa para
Alimentar el Futuro de la Agencia para el Desarrollo Internacional de
Estados Unidos (USAID) y la Nueva Alianza
para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8, que promueven entre
sus estrategias para el combate al hambre, “una
mayor monetarización de los campesinos minifundistas para que puedan ingresar a
las cadenas de valor y vincularse con los proveedores de fertilizantes y
pesticidas químicos, y actores del mercado a fin de aliviar el hambre mundial”,
según señalaron WilliemMoseley y James Lindaren para la cadena Al Jazeera.
El paradigma técnico-económico de
“aliviar el hambre” a través de este
tipo de intervenciones “altruistas”,
ha sido también desmentido por Tina Rosemberg, premio Pulitzer, en una reciente
editorial del NYT(http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/04/24/when-food-isnt-the-answer-to-hunger/),
en donde habla de la nueva Ley para la Desarrollo Comercial y Asistencia
Agrícola de EUA, que propone aumentar los presupuestos de la USAID de 15 a 45% (cerca
de 1.8 billones de dólares) para ampliar la asistencia de alimentos a los
países del mundo que lo necesiten. (3)
Las trasnacionales con el apoyo de la USAID inundarán con sus productos
alimentarios a los mercados globales. Estas políticas han sido analizadas por
prestigiados agro-economistas como Marcel Mazoyer, o Marc Dufumier, quienes
desde su perspectiva, señalan que el dumping de productos de la agricultura
industrializada y la innovación biotecnológica sólo ha aportado más hambre en
el mundo, especialmente para los pequeños campesinos.
En el caso de Chiapas, se sabe
que la necesidad de aumentar la producción del as milpas en tierras templadas
de altitud efectivamente tendría una repercusión en la alimentación de las
familias, pero también se sabe que las experiencias de introducción de
agroquímicos en las comunidades indígenas, lejos de resolver el problema de la
fertilidad, lo agravan. El gobierno estatal, ha tenido a su disposición claros
diagnósticos sobre los efectos de los agroquímicos en estas regiones y sobre
los efectos de las intervenciones que no son consensuadas con las comunidades
indígenas. Lejos de apoyar una intensificación sustentable y agroecológica de
la milpa a través del reconocimiento y el fortalecimiento de las capacidades organizativas
y productivas de los sistemas alimentarios locales, se insiste en colocar a los
campesinos como actores pasivos y beneficiarios de insumos para continuar un
ciclo a todas luces perverso. La política no es nueva, se propuso y diseño con
la SAGARPA a finales del gobierno de Pablo Salazar (2000-2006) con la dotación
de semillas de maíz mejorado, se ejecutó en el Gobierno de Juan Sabines
(2006-2012) con el nombre de Programa de Maíz Solidario, agregando agroquímicos
a la fórmula, y ahora la continúa Manuel Velasco (2012-2018) ampliando créditos
dentro del Programa de Maíz Sustentable
para que el campesino pueda adquirir agroquímicos.
Los propios científicos,
técnicos, académicos, proveedores, consumidores, funcionarios estatales y
agricultores han reconocido que todavía no se alcanzan acuerdos respecto de lo
que significa, maíz, erosión, mejoramiento, conservación y valorización, y sobre
todo “sustentabilidad”. También
coinciden en que se carece de una estrategia de desarrollo diferenciada para la
amplitud de productores y de las agriculturas que existen en Chiapas. Hasta el
momento, nadie, ni los funcionarios del INIFAP, saben todavía cómo se conformó
el Plan de Desarrollo Rural de la
entidad (actualmente en imprenta), dónde estuvo su componente participativo, ni
cómo es que está operando la Sedesol con sus promotores en la entidad para el Combate contra el Hambre.
El problema no es que se
fortalezca la capacidad crediticia de los campesinos, sino el tipo de lógica
endeudadora que se está promoviendo con un sistema fármaco-agroquímico como
solución para aumentar la producción. Detrás de esta intervención tecnológica
se encuentran grupos de servidores públicos federales, locales, proveedoras y
comercializadoras, quienes promueven sus intereses económicos junto con los
programas acordes a los lineamientos de las organizaciones internacionales
citadas con una fórmula “regional” en
la Cruzada, y “local” en el recién ampliado programa de Maíz Sustentable.
Los paradigmas detrás de estos
programas no reconocen a los campesinos como actores que puedan proponer
soluciones a su propia problemática, sino que imponen una forma de innovación
tecnológica ajena al control campesino a base de eufemismos como “sustentable”.
La prueba más reciente fue la
venta de cuatro toneladas de maíz mejorado (QPM V537C) que realizó una sociedad
privada ligada al Colegio de Agrónomos de Chiapas, para que fueran etiquetados
y entregados como paquetes tecnológicos dentro de la Cruzada contra el Hambre.
No discutimos de la validez de
esta compra-venta, sino la insistencia a nivel global y local, de seguir
implementando “soluciones” sin
consultarlas previamente con los beneficiarios.
¿Hasta dónde con estas
modalidades bioquímicas y endeudadotas pueden transformar la realidad
productiva y alimentaria de los campesinos beneficiarios?, ¿Quién o quienes
dirigen el conocimiento para designar las soluciones técnicas a los problemas
de los campesinos chiapanecos?, ¿Por qué considerar como válidas y útiles las
soluciones que proponen, cuando no han sido ni siquiera consensuadas?, ¿No
sería acaso necesario antes de lanzar estos paquetes al terreno, una consulta
con los campesinos?
Después de la foto, el gobernador
salió apresurado hacia el podio cercano a su automóvil. El campesino indígena
que miraba al suelo resignado, se ha quedado con la mano extendida, la misma
que será utilizada para aplicar en la parcela, los químicos que le han dado.
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