jueves, 25 de julio de 2013

México: Maíz sustentable ¿para quién? (intereses de funcionarios federales, locales, proveedoras y comercializadoras)

ALAI, América Latina en Movimiento
México, 2013-07-25

Apenas hace dos días (22 de julio de 2013) que la foto de uno de los periódicos estatales muestra una fila bien formadita de campesinos con su bolsa de fertilizantes químicos en los pies, esperan el saludo de mano del gobernador de Chiapas Manuel Velasco. La dotación responde al anuncio de ampliación de 30 mil beneficiarios dentro programa Maíz Sustentable. Ninguno de los campesinos le mira el rostro, el campesino más próximo a recibir el saludo del gobernador, un viejo indígena con sombrero vaquero y un saco azul opaco, no tiene la mano extendida en búsqueda de contacto con el mandatario, sino que mira al suelo con una especie de resignación. (1)

El objetivo del programa de Maíz Sustentable, según el discurso oficial, es “aumentar la productividad mediante la aportación de insumos y así garantizar la seguridad alimentaria en la entidad”. Se destacó un convenio de colaboración con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para que los productores puedan tener acceso a más créditos para seguir cosechando.

Estas ideas, en línea con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, habían sido denunciadas por investigadores del Colegio Macalester de Saint Paul en Minnesota, EUA (2), por ser acordes a los intereses económicos y políticos de organizaciones internacionales de desarrollo como la Fundación Gates, la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA), la Iniciativa para Alimentar el Futuro de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8, que promueven entre sus estrategias para el combate al hambre, “una mayor monetarización de los campesinos minifundistas para que puedan ingresar a las cadenas de valor y vincularse con los proveedores de fertilizantes y pesticidas químicos, y actores del mercado a fin de aliviar el hambre mundial”, según señalaron WilliemMoseley y James Lindaren para la cadena Al Jazeera.

El paradigma técnico-económico de “aliviar el hambre” a través de este tipo de intervenciones “altruistas”, ha sido también desmentido por Tina Rosemberg, premio Pulitzer, en una reciente editorial del NYT(http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/04/24/when-food-isnt-the-answer-to-hunger/), en donde habla de la nueva Ley para la Desarrollo Comercial y Asistencia Agrícola de EUA, que propone aumentar los presupuestos de la USAID de 15 a 45% (cerca de 1.8 billones de dólares) para ampliar la asistencia de alimentos a los países del mundo que lo necesiten. (3) Las trasnacionales con el apoyo de la USAID inundarán con sus productos alimentarios a los mercados globales. Estas políticas han sido analizadas por prestigiados agro-economistas como Marcel Mazoyer, o Marc Dufumier, quienes desde su perspectiva, señalan que el dumping de productos de la agricultura industrializada y la innovación biotecnológica sólo ha aportado más hambre en el mundo, especialmente para los pequeños campesinos.

En el caso de Chiapas, se sabe que la necesidad de aumentar la producción del as milpas en tierras templadas de altitud efectivamente tendría una repercusión en la alimentación de las familias, pero también se sabe que las experiencias de introducción de agroquímicos en las comunidades indígenas, lejos de resolver el problema de la fertilidad, lo agravan. El gobierno estatal, ha tenido a su disposición claros diagnósticos sobre los efectos de los agroquímicos en estas regiones y sobre los efectos de las intervenciones que no son consensuadas con las comunidades indígenas. Lejos de apoyar una intensificación sustentable y agroecológica de la milpa a través del reconocimiento y el fortalecimiento de las capacidades organizativas y productivas de los sistemas alimentarios locales, se insiste en colocar a los campesinos como actores pasivos y beneficiarios de insumos para continuar un ciclo a todas luces perverso. La política no es nueva, se propuso y diseño con la SAGARPA a finales del gobierno de Pablo Salazar (2000-2006) con la dotación de semillas de maíz mejorado, se ejecutó en el Gobierno de Juan Sabines (2006-2012) con el nombre de Programa de Maíz Solidario, agregando agroquímicos a la fórmula, y ahora la continúa Manuel Velasco (2012-2018) ampliando créditos dentro del Programa de Maíz Sustentable para que el campesino pueda adquirir agroquímicos.

Los propios científicos, técnicos, académicos, proveedores, consumidores, funcionarios estatales y agricultores han reconocido que todavía no se alcanzan acuerdos respecto de lo que significa, maíz, erosión, mejoramiento, conservación y valorización, y sobre todo “sustentabilidad”. También coinciden en que se carece de una estrategia de desarrollo diferenciada para la amplitud de productores y de las agriculturas que existen en Chiapas. Hasta el momento, nadie, ni los funcionarios del INIFAP, saben todavía cómo se conformó el Plan de Desarrollo Rural de la entidad (actualmente en imprenta), dónde estuvo su componente participativo, ni cómo es que está operando la Sedesol con sus promotores en la entidad para el Combate contra el Hambre.

El problema no es que se fortalezca la capacidad crediticia de los campesinos, sino el tipo de lógica endeudadora que se está promoviendo con un sistema fármaco-agroquímico como solución para aumentar la producción. Detrás de esta intervención tecnológica se encuentran grupos de servidores públicos federales, locales, proveedoras y comercializadoras, quienes promueven sus intereses económicos junto con los programas acordes a los lineamientos de las organizaciones internacionales citadas con una fórmula “regional” en la Cruzada, y “local” en el recién ampliado programa de Maíz Sustentable.

Los paradigmas detrás de estos programas no reconocen a los campesinos como actores que puedan proponer soluciones a su propia problemática, sino que imponen una forma de innovación tecnológica ajena al control campesino a base de eufemismos como “sustentable”.

La prueba más reciente fue la venta de cuatro toneladas de maíz mejorado (QPM V537C) que realizó una sociedad privada ligada al Colegio de Agrónomos de Chiapas, para que fueran etiquetados y entregados como paquetes tecnológicos dentro de la Cruzada contra el Hambre.

No discutimos de la validez de esta compra-venta, sino la insistencia a nivel global y local, de seguir implementando “soluciones” sin consultarlas previamente con los beneficiarios.

¿Hasta dónde con estas modalidades bioquímicas y endeudadotas pueden transformar la realidad productiva y alimentaria de los campesinos beneficiarios?, ¿Quién o quienes dirigen el conocimiento para designar las soluciones técnicas a los problemas de los campesinos chiapanecos?, ¿Por qué considerar como válidas y útiles las soluciones que proponen, cuando no han sido ni siquiera consensuadas?, ¿No sería acaso necesario antes de lanzar estos paquetes al terreno, una consulta con los campesinos?

Después de la foto, el gobernador salió apresurado hacia el podio cercano a su automóvil. El campesino indígena que miraba al suelo resignado, se ha quedado con la mano extendida, la misma que será utilizada para aplicar en la parcela, los químicos que le han dado.
 



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