por Centro Prodh
Domingo, 28 de julio de 2013
Tras una serie de reuniones entre autoridades y representantes
del Refugio para Personas Migrantes “La
72” en el estado de Tabasco, las medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de dicha institución
siguen sin cumplirse, en un contexto en donde la violencia contra migrantes y
amenazas a sus defensores se agudiza.
Mediante un comunicado,
diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalaron que un ejemplo
paradigmático de lo vivido diariamente por las personas defensoras de migrantes
en “La 72”, ocurrió el pasado 15 de
julio en Tenosique. Ese día, pasó el tren por la tarde y las y los voluntarios
del refugio acompañaron las personas migrantes las cuales fueron víctimas de
extorsión por parte de delincuentes que les decían: “… para
subirse a la bestia se tiene que pagar, al que no pague… lo aventamos. Yo sé lo
que les digo, tengo tiempo en esto…”.
Ante esta situación, Fray
Tomás González informó a la policía municipal y federal, cuyo acompañamiento se
prevé dentro de las medidas cautelares. La policía municipal detuvo a una
persona que fue señalada por las y los defensores.
Las personas migrantes
agraviadas intentaron denunciar lo ocurrido en la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) de Tabasco, sin embargo, un asesor jurídico del
Ministerio Público les dijo que no valía la pena que pusieran la denuncia, ya
que el detenido después de una multa quedaría libre.
Ante esta situación, las
organizaciones de la sociedad civil señalaron que la persona detenida habrá
quedado en libertad, representando un riesgo para las personas migrantes y para
el personal de “La 72” que
identificaron al agresor. “La violencia
vivida por personas migrantes y el enriquecimiento que obtiene el crimen
organizado y autoridades coludidas de ésta, no son temas ajenos al resto de la
población tabasqueña, sino que aumentan el clima de inseguridad para todas y
todos”, apuntaron las OSC.
Las medidas de seguridad se siguen postergando
A pesar de este contexto de riesgo extremo que se suma a
una serie de amenazas por parte del crimen organizado, las medidas cautelares
ordenadas por la CIDH desde abril, así como las medidas de protección dictadas
por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
desde marzo, siguen pendientes de cumplirse cabalmente.
En la reunión de seguimiento
celebrada el pasado 8 de julio en Villahermosa, las autoridades postergaron
nuevamente la implementación de medidas de seguridad y seguimiento a denuncias
penales hasta la presente semana (22 y 23 de julio), cuando se trataba de
medidas cuya implementación en muchos casos se comprometió para mayo del
presente año.
En la nueva reunión sostenida
el 22 de julio, las autoridades federales y estatales de procuración de
justicia presentaron información sobre las denuncias penales relacionadas con
delitos cometidos contra migrantes. La Procuraduría General de la
República (PGR) presentó nueve casos, en los cuales, principalmente o no tienen
elementos o requieren alguna actuación de parte de migrantes o de defensores,
situación que se dificulta debido a que las personas migrantes agraviadas
suelen continuar su camino hacia el norte.
Por su parte, la PGJE presentó
49 casos, en los que sólo uno cuenta con sentencia, e informó que se encuentra
realizando un mapeo de actores del crimen.
Por otra parte, en la reunión
sostenida el 23 de julio, a la que estaban citadas autoridades policiacas de
los tres niveles de gobierno, no llegó el representante de la policía estatal
de Tabasco. En dicha reunión la Secretaría de Gobernación (Segob), pretendió
señalar el cumplimiento de todos los acuerdos, cuando esto no es verdad.
“Las organizaciones que acompañamos al albergue La 72
reiteramos que para cumplir con lo ordenado por mecanismos tanto
internacionales como nacionales, es necesario priorizar el avance en las
investigaciones penales y una verdadera procuración de justicia con capacidades
de desarticular las bandas del crimen que operan en la zona con permisividad de
autoridades, además de la garantía irrestricta de la integridad de migrantes y
defensores bajo la presencia policiaca permanente en un esquema de
coordinación”, finalizaron las OSC.
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