jueves, 27 de junio de 2013

Tabasco: los presos Loxicha en el Cefereso N° 6 denuncian tortura psicológica y piden apoyo en su lucha por la libertad


Fotografía: Familiares de los presos Loxicha

Por Eugènie Laclasse en colaboración
con Veredas Autónomas,
el Centro de Medios Libres
26 Jun 2013

 

Desde hace 17 años, los 7 presos políticos y de conciencia conocidos como los presos Loxicha están encarcelados injustamente e ilegalmente por supuestos delitos federales. Después de haber sido trasladados de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, Oaxaca –donde estaban encarcelados desde hacía más de 16 años– hacia el Cefereso N° 13 de Miahuatlán, los presos han sido llevados hasta el Cefereso N° 6, en el Estado de Tabasco, el ultimo 21 de junio. Ante estas medidas arbitrarias, los familiares de los presos no se quedan callados y siguen luchando por sus presos. El día 26 de junio, se organizaron en brigada con el propósito de llegar a Tabasco y poder saber en qué situación se encontraban los 7 presos Loxicha.

LOS PRESOS LOXICHA, JUZGADOS Y ENCARCELADOS ILEGALMENTE

La región loxicha, integrada principalmente por pueblos indígenas zapotecos, ha tenido una historia de mucha violencia. Así, en los años 90 y desde décadas anteriores, la región sufría la presencia de caciques, quienes con su dominio y mal gobierno, dejaban su población en condiciones de sometimiento y de gran pobreza. Como lo denuncia Tony, hijo del preso Agustín Luna Valencia, “en Loxicha, no se encontraba ni un médico”. Comprometidos con sus comunidades, varios actores luchaban para el mejoramiento de sus condiciones de vida y el respeto de sus usos y costumbres.

No obstante, el 28 de agosto de 1996, en la Crucecita Huatulco, se dio un enfrentamiento entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y diferentes cuerpos de seguridad, dejando un saldo de 16 muertos. Este evento cambió el destino de la región loxicha, ya que sirvió como pretexto para justificar la represión de los indígenas de la Sierra Sur. Así, luego de la irrupción del EPR, las comunidades de esta región fueron el escenario de la militarización y permanentes incursiones policíacas. Se multiplicaron las amenazas, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones extrajudiciales. A partir de los hechos ocurridos, fueron detenidas más de 150 personas.

Hasta la actualidad se ha logrado la liberación de 145 personas y la cancelación de 113 órdenes de aprehensión, aún queda por resolver la situación jurídica de 7 indígenas zapotecos que han sido sentenciados en procesos penales del fuero federal : el ex alcalde de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia (sentenciado a 31 años de cárcel), el ex síndico Fortino Enríquez Hernández (con una sentencia de 30 años), Eleuterio Hernández García (31 años, 7 meses y 3 días), Abraham García Ramírez (30 años), Álvaro Sebastián Ramírez (29 años), Zacarías Pascual García López (24 años) y Justino Hernández José (23 años con 6 meses).

La mayoría de los indígenas presos fueron acusados de delitos como conspiración, privación ilegal de libertad, acopio de armas,  homicidio calificado y terrorismo. Desde hace más de 16 años, han estado llevando una lucha jurídica para su defensa, a pesar de la situación de desventaja en la cual se encuentran de falta de dinero para poder pagar los gastos de los abogados. De los 11 delitos que les estaban atribuidos, ya han sido absueltos de 9. No obstante, siguen acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, por lo tanto, de ser responsables de la muerte de policías federales así como de personal de la Marina caídos en el enfrentamiento del 1996, situación contradictoria que no tiene ningún validez jurídica. En efecto, el último dictamen que recibieron y que les condenó por homicidio calificado es contrario a lo que determina el artículo 137 del Código Penal Federal: “Cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se les aplicara las reglas del concurso. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate”. Así, el delito de homicidio calificado no existe jurídicamente en un contexto de rebelión. Sin embargo, los presos recibieron las penas máximas por esta acusación. Como lo explica Erika Sebastián Ruiz, hija del preso Álvaro Sebastián Ramírez, “nuestros padres están recluidos por un delito que no tiene fundamento, pues el mismo Estado manejó que son guerrilleros y luego los condenó como a delincuentes comunes’’.

LA IMPOSICIÓN DEL SILENCIO

Cabe destacar que además de ser encarcelados injustamente, los presos han sido aislados. Con el uso de la represión y del estigma de “terroristas” que les está atribuido, las autoridades lograron imponer el miedo, dividir y frenar así la construcción de movimientos de solidaridad. Según Don Leonardo, padre de Justino, hasta la fecha “la comunidad ha hecho oído sordo” porque “tiene miedo a la represión, a la desaparición”. A pesar de esto, los presos han seguido siendo activos políticamente, aun dentro de la cárcel. El caso de Álvaro Sebastián Ramírez es particularmente llamativo en este sentido. Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, es también miembro activo del colectivo «la Voz de los Xiches en Prisión».

Sin embargo, desde principios de este mes de junio, nuevas medidas de represión se están llevando a cabo hacia los presos, sumándose a las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, políticos y jurídicos que han padecido durante sus 16 años de encierro. Así, el 7 de Junio de 2013, los 7 indígenas loxicha fueron trasladados por policías federales y estatales al nuevo Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N° 13, en Mengolí de Morelos, cerca de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca. Si este traslado se dio dentro del marco del traslado de todos los presos del fuero federal en el estado, dejó a sus familiares sin ningún contacto con ellos por casi dos semanas, lo cual representa una clara violación a sus derechos mínimos. Decididos a no quedarse callados, los familiares y amigos salieron al zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde armaron una mesa de información y denuncia. Ante el silencio del gobierno y la ausencia de noticias respeto a sus presos, el 20 de Junio, organizaron una “Brigada de Acompañamiento a Familiares de los Presos Loxicha” para intentar ingresar al CEFERESO, lo cual pudieron lograr.

Además de permitirles ver a sus presos, aunque sólo por video conferencias de 30 minutos, en esta ocasión, pudieron recoger testimonios que chocan con las mentiras difundidas por las autoridades y la administración de la cárcel. Mientras promueven los centros de readaptación como lugares donde se respetan los Derechos Humanos de los presos, donde ellos tendrán trabajo, aprenderán nuevas cosas (y hasta tendrán la oportunidad de estudiar una carrera), comerán sanamente y disfrutaran de un servicio médico de calidad, los familiares denunciaron las múltiples violaciones a sus derechos humanos que sufrieron. Primero, el traslado en sí fue muy violento: les robaron varias pertenencias de valor y dinero, estuvieron varias horas con las manos atadas, todo esto acompañado de tortura psicológica constante. Esta situación de violencia siguió hasta su llegada al Cefereso, donde los presos fueron recibidos por guardias y perros. Luego, fueron colocados dentro de la cárcel, todos separados en células distintas, bajo condiciones terribles. Como lo declaran los familiares y amigos de los presos “a nuestros presos, los encontramos físicamente disminuidos, después de 13 días de no poder ver la luz del sol, de no salir de las celdas, de comer racionadamente solo frijoles y una telera, de padecer enfermedades crónicas y no tener acceso a medicamento ni atención medica”. Si esta Brigada fue un “éxito” para los familiares, fue directamente seguido por un nuevo traslado de los 7 presos el pasado 21 de junio, sin ninguna declaración o explicación por parte del Estado, hacia el Cefereso N° 6 de Huimanguillo, Tabasco, otro de estos “centros de exterminio”.

Como lo denunciaron los familiares de los presos, con esta decisión, el Estado mexicano está violentando la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, cuyo artículo 43 dispone la reclusión de los presos en penales cercanos a sus domicilios para favorecer el proceso de reinserción. Así, al haber trasladado los 7 presos del estado de Oaxaca hacia el de Tabasco sin ninguna razón válida, el gobierno mexicano tomó una decisión sumamente arbitraria, que tiene mucho que ver con una represalia política puesto que ocurrió menos de 24 horas después de las denuncias la Brigada de familiares ante los medios de comunicación. Así, queda claro que el traslado representa una consecuencia directa de la presión política que lograron ejercer los familiares y amigos mediante su movilización.

En este mismo sentido, después de haber recibido la noticia del nuevo traslado, los compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad cuestionaban, respeto al caso de Álvaro, “¿por qué los loxichas llevan dieciséis años encarcelados injustamente, llevando una lucha en total desventaja, para desvirtuar acusaciones que carecen de fundamento?”, “¿por qué se le da este trato?, ¿es por ser indígena?, ¿o por ser un disidente político?, ¿o por ser un luchador social por la autonomía de los pueblos indios?, ¿o por ser acusado de formar parte de un grupo armado rebelde? ¿o por el conjunto de todas estas características?”

 
 

Fotografía: Familiares de los presos Loxicha

 
Para muchos, la intención del gobierno es explícita: contener cualquier tipo de inconformidad y disidencia con el régimen dominante. Así, estos actos corresponden a una estrategia claramente planeada, en la cual la llamada “Iniciativa Mérida”, elaborada desde agencias estadounidenses, resulta fundamental. Utilizando e interpretando la legislación penal para sancionar y criminalizar cualquier tipo de protesta social, es un instrumento para la legitimación política y social de las acciones represivas del Estado en contra de luchadores sociales, dirigentes comunitarios, periodistas y comunicadores alternativos; activistas, estudiantes y opositores en general. Cabe precisar que la actual reestructuración del sistema penitenciario mexicano también es parte del dicha iniciativa regional. Así, al igual que el Cefereso N° 13 de Miahutlán, el Cefereso N° 6 de Tabasco es uno de los penales reconvertidos según el modelo de cárcel estadounidense.

¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS LOXICHA!

A pesar de todo esto, los familiares, amigos y solidarios de los presos Loxicha siguen decididos a luchar junto con sus presos. Así, frente al nuevo traslado que sufrieron los 7 indígenas, organizaron una Segunda Brigada de Acompañamiento que salió en la noche del 25 de junio desde Oaxaca, con rumbo a Tabasco. Después de un largo viaje, las 14 personas que conformaban la brigada llegaron al Cefereso N° 6. Recibidos por policías federales, se les negó primero la entrada. Sin embargo, un poco más tarde, el director jurídico de la cárcel anunció que se iba a dar acceso a los familiares, para una visita de 3 horas. A su salida, los familiares declararon haber encontrado a sus presos «un poco desgastados», pero todavía «con ánimo» y agradecidos por la solidaridad que se está construyendo con ellos desde fuera. Además, pudieron contar cómo, después de la primera brigada que tuvo lugar en Miahuatlán, el día 20 de junio, los trabajadores del Cefereso N° 13 les habían empezado a «tratar mejor». En la noche del mismo día, fueron transferidos al penal estatal de Miahuatlán, donde se quedaron a dormir, esperando un nuevo traslado a la mañana del 21. Ante este hecho, los presos pensaron que les regresaría al penal de Ixcotel, en donde se encontraban antes, en la ciudad de Oaxaca. Así, su llegada a Tabasco fue para ellos un verdadero choque, por lo que denuncian la tortura psicológica que ocasionó esta actitud, entre muchas otras.

Para terminar, también mandaron un llamado, pidiendo que se siga organizando el apoyo a su lucha para la libertad. Así, lo que es cierto, es que los familiares y sus presos no se van a quedar callados. Como lo declararon los compañeros zapatistas en uno de sus últimos comunicados, “Acá sabemos que sí, que el sistema judicial en México es una mierda, y que quienes luchan por la libertad de l@s pres@s polític@s no se van a cansar… nunca”.