domingo, 30 de junio de 2013

La justicia fallida: alternativas comunitarias en Huamuxtitlán (+ Video La palabra que camina)


 
Texto escrito por: Karla. H. Mares

Domingo, 30 Junio 2013



La mañana del 28 de diciembre de 2009, en un taller mecánico de la ciudad de Huamuxtitlán, perteneciente a la región montaña de Guerrero, Lucino Ramírez Joachinillo, mecánico de profesión, de 34 años de edad, fue brutalmente golpeado por policías ministeriales –antes llamados judiciales, por ser la policía encargada de “hacer justicia”, es decir, ejecutar las órdenes de aprehensión-.

¿La razón? Una “inspección de rutina” que los policías ministeriales requerían realizar en el marco de la campaña Guerrero Seguro, donde el énfasis es buscar coches robados como estrategia de “prevención” y lucha contra la inseguridad.

A pesar de que Lucino no se resistió en ningún momento a la revisión, los ministeriales fueron más allá de sus obligaciones e intentaron entrar a la casa que se encuentra al final del taller, donde vive la familia.

Es en ese momento que se les solicita la orden de cateo. ¿La respuesta? una serie de insultos y como muestra de la autoridad incuestionable que representan, un cachazo a Lucino que lo deja tirado en el suelo.

Inmediatamente el sobrino, un joven de 17 años,  intervino y también es golpeado y subido a la camioneta blanca, junto con Lucino. Ambos relatan que durante el camino recibieron fuertes golpes en las costillas, cabeza y espalda; y los mantuvieron todo el tiempo en el piso de la camioneta, con la bota de uno de los policías encima.

Además fueron permanentemente intimidados, amenazados de muerte, durante la hora que estuvieron detenidos, como una forma de que desistieran de denunciar el abuso. “Uno de los policías le dijo a Lucino: ‘¡¿Qué te pasó?! Te caíste y te golpeaste, eso vas a decir. […] Te cargó la chingada, yo te voy a remitir y te va a cargar la chingada, ¿dónde están las armas?’. Lucino respondió ‘¿cuáles armas?, yo no tengo armas’. El policía lo amenazó: ‘yo te voy a acusar de que eres parte de la banda de los Beltrán y llevas todas las de perder pendejo” (Mocipol, 2010).

Mientras ello sucedía, la esposa de Lucino busca ayuda y junta un grupo de vecinos que se solidariza y acompañan a la familia a solicitar auxilio al Ayuntamiento Municipal. Es la presión de los familiares y vecinos la que logra que las autoridades se movilicen y encuentran a Lucino y su sobrino en un paradero cercano a la ciudad.

Consejo Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán

La indignación de la comunidad se ha acumulado durante años. La constante en la región es que las policías ministeriales, aprovechando su función de persecución de las conductas delictivas, se dedican a extorsionar.

Las formas son diversas, ya sea para ejecutar o no órdenes de aprehensión -ello depende de quién de un mejor pago por ello, la víctima o el delincuente-.

Además, se destacan los permanentes retenes que los ministeriales implementan en lugares aislados y sobretodo en las carreteras, en búsqueda de personas en posesión de autos robados.

La Montaña de Guerrero es una zona en donde abundan los coches robados provenientes de Puebla, pues es aquí donde encuentran compradores -campesinos que necesitan camionetas para transportar su leña, maíz o cualquier producto de subsistencia-.

El precio de la libertad, es decir las cuotas de extorsión oscilan entre 10,000 y 30,000 mil pesos, en una región catalogada como una de las zonas más marginadas y de pobreza extrema en México (Mocipol, 2010).

En suma a ello, dentro de la región, es un secreto a voces, una sospecha constante, la estrecha relación entre los ministeriales y los grupos delincuenciales, por lo cual la impunidad es el cobijo bajo el que actúan.

Es bajo este contexto y a raíz del abuso cometido a la familia Joachinillo, que la comunidad se organiza y decide conformar lo que denominaron el Consejo Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán.

Hombres y mujeres, jóvenes y adultos de todas edades, se organizan en grupos de  vigilancia, reciben asesoría en seguridad ciudadana y prevención del delito por parte de organizaciones de la sociedad civil, y mantienen reuniones vecinales quincenales. Asimismo realizan reuniones con el Ayuntamiento municipal, para solicitar dos puntos: la salida de la cabecera municipal del agrupamiento de la policía ministerial y ampliar el número de elementos de policía municipales (La Jornada Guerrero, 2010).

La madrugada del 2 de junio del año pasado, las campanas de Huamuxtitlán volvieron a replicar en alerta de auxilio. Inmediatamente, cientos de vecinos-armados con machetes, palos y rifles- se congregaron en la plaza central donde se les informó que un adolescente, hijo de un comerciante, había sido secuestrado. 

Para sorpresa de todos, no era el único secuestrado, pues al reunirse en la plaza central se notificó que eran 17 personas secuestradas.

Manuel Vitrago Reyes, encargado de conformar el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán (FCSH) –nombre al que cambia el Consejo, después de ver que las autoridades los ignoran y que busca impulsar el proyecto que pase de la interlocución con autoridades a la prevención comunitaria, impulsando la conformación de una policía-, relata:

“Durante la ola de secuestros del sábado nos avisaron que había problemas en la comandancia de la Policía Preventiva Municipal, cuando fuimos al lugar los elementos huyeron y encontramos en el interior a una niña de diez años, tenía la boca sellada con cinta canela y además esposada, después supimos que la habían llevado de una comunidad de Cualac”.

Más tarde, “regresamos a Huamuxtitlán y escuchamos balazos que provenían de la comandancia de la Ministerial, entonces sobre la carretera vimos acercarse a varios carros, adelante venía el presidente interino tirando de balazos, era evidente que custodiaba a los ministeriales para sacarlos del lugar y por eso lo interceptamos” (Vanguardia, 2012).

El edil suplente, previamente se desempeñó como Director de Seguridad Pública Municipal de Huamuxtitlán y se sospechaba que desde su cargo protegió a las bandas de secuestradores que operan en la zona. (Proceso, 2012).

Por todas estas razones, los pobladores acusaron a los policías municipales y ministeriales de “ser cómplices” de los secuestros.

En México el 95% de los casos quedan impunes (ONU, 2012). Huamuxtitlán es el claro ejemplo de la impunidad bajo la cual vive la sociedad mexicana en una de las mayores crisis de seguridad que se agudiza con  la declaración de guerra al narcotráfico por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

La palabra que camina (Totlajtol Nejnemi)


Video por Rafael Prime.



A manera de conclusión quisiera resaltar uno de los conceptos que se usaron a lo largo de toda la jornada y sobre el cual se hizo hincapié por su papel fundamental: soberanía popular. No pretendo dar una definición exacta y precisa de esta idea política, pero si puedo apuntar que lo que se incluye dentro de este gran saco es la capacidad que tienen los pueblos de organizarse de manera autónoma y decidir el curso de su caminar político, social, económico y cultural, es decir, la capacidad de ejercer el poder de manera popular. A esta idea central se le vincula, dentro de las discusiones dadas aquí, con una democracia participativa y con la inutilidad de partidos políticos que desvirtúen el quehacer político lo llenen de corrupción y violencia. Para la PCP la construcción de la soberanía popular es el objetivo de su lucha y concentraran sus fuerzas –tal y como lo han hecho desde hace trece años, previos a su aparición pública este 2 de diciembre de 2012- en lograrla. Para la PCP no se trata sólo de un ejercicio de seguridad comunitaria sino de justicia social, así lo expresaron en aquel patio de escuela en la comunidad de Nuevo Paraíso, mujeres, hombres y niños.
(agenciasubversiones.org/?p=7783)