La
desaparición
de Teodulfo Torres Soriano, activista y adherente de la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona, ocurrida hace casi dos meses, ha propiciado en días
recientes numerosas muestras de preocupación y solidaridad por parte de
organizaciones sociales, políticas, defensores de derechos humanos e individuos
aislados. El pasado lunes, más de un millar de firmas respaldaron la petición,
formulada ante el gobierno, de presentar con vida a El Tío, como es conocido Torres Soriano entre sus compañeros y
amistades. Organismos de derechos humanos como Fray Bartolomé de las
Casas, Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez han manifestado su
preocupación ante lo que califican como una «presunta
desaparición forzada».
Cabe recordar que Torres Soriano es testigo fundamental de
los excesos represivos cometidos por las policías durante las movilizaciones
del pasado primero de diciembre, y que presenció y videograbó la agresión en
contra de Juan Francisco Kuykendall, herido por el disparo de un proyectil
lanzado por elementos de la Policía Federal. La condición de testigo presencial
obligaba a El Tío a comparecer en el contexto de las pesquisas realizadas por
tales hechos; no obstante, Torres Soriano nunca llegó a la cita ministerial,
programada para el pasado 27 de marzo, y dicha ausencia movió a la preocupación
y a la búsqueda por parte de sus compañeros y conocidos.
La desaparición de Teodulfo Torres no es, por desgracia, un
hecho aislado. Ocurre en un contexto caracterizado por una oleada de casos de
desaparecidos como los que motivaron la recién concluida huelga de hambre de
familiares afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la
República. Asimismo, tiene como telón de fondo la represión y abusos policiales
cometidos el pasado primero de diciembre –como lo documenta en un informe de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal–, y el historial de
detenciones arbitrarias en que suelen incurrir las corporaciones de seguridad
pública de los distintos niveles de gobierno con impunidad alarmante. Otro caso
relevante a este respecto es el del ilustrador Marduk Chimalli Hernández
Castro, detenido el pasado 15 de marzo con el pretexto de que vestía igual que
un asaltante que había cometido un robo «minutos
antes».
Todos esos elementos, aunados a la inveterada cadena de
criminalización y persecución contra las luchas sociales y las disidencias
políticas, hacen que tenga sustancia la hipótesis sobre una posible
desaparición forzada de Teodulfo Torres.
Especulaciones aparte, sobre las autoridades federales y
locales recae una responsabilidad política ineludible por el clima de violencia
y represión que se vivió durante la jornada del primero de diciembre, un
expediente que permanece abierto y cuyos responsables no han sido sancionados.
El gobierno capitalino, por añadidura, está legalmente obligado a atender la
denuncia que fue presentada por la desaparición de Teodulfo ante el Centro de
Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, dependiente de la procuraduría local.
Es procedente que desde el gobierno se agoten los recursos a su alcance para
esclarecer la situación actual de El Tío y dar con su paradero.
Por lo que hace a la sociedad, la lucha por la presentación
con vida del activista es, por ahora, una forma concreta de resistir y detener
los barruntos de represión y violencia de Estado que, sin haber desaparecido
nunca del panorama nacional, se han vuelto particularmente visibles en los
últimos meses y años.
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