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martes, 7 de mayo de 2013

Se desata el exterminio de los últimos pueblos no contactados de la Amazonia ecuatoriana

 
 
 
 
© Redacción Sol de Pando
 
Un guerrero huaorani reconoce haber encabezado matanza de cinco nómadas taromenanes, en una guerra inter-étnica alentada por empresas madereras y petroleras que intentan invadir el Territorio Indígena Intangible del Parque Nacional Yasuní...
Tribus de la Amazonia ecuatoriana entraron en guerra dentro el Parque Nacional de Yasuní, donde empresas madereras y petroleras intentan ocupar el territorio indígena protegido. La matanza mutua en que están enfrascadas parcialidades de la nación Huaorani, la más numerosa del Parque Yasuní, contra el grupo nómada y no contactado de los Taromenane, está poniendo en apuros a la justicia ordinaria del Estado ecuatoriano ya que la “confesión” reciente del indígena huaorani Orengo Tocari de haber encabezado el último ataque mortal contra los taromenane en represalia por una emboscada acaecida en marzo, pone al Gobierno ecuatoriano en la disyuntiva de penalizar las muertes enjuiciando a sus autores confesos o admitirlas como actos legítimos de una guerra declarada en el territorio indígena amazónico, tal como sucedía en siglos pasados…
 
 
Los últimos indígenas no contactados de la Amazonia ecuatoriana son objeto de una cruel estrategia etnocida.

Orengo Tocari, indígena huaorani, aseguró en un programa de televisión que organizó y ejecutó la mantanza de cinco miembros del pueblo no contactado Taromenane, etnia conocida también como Tagaeris, el 29 de marzo pasado, según informó el domingo el El Comercio de Quito.

El periódico ecuatoriano da cuenta que Tocari reveló supuestos detalles de cómo tomó, junto a sus primos, 17 lanzas, se internó en la selva en dos expediciones hasta dar con el paradero de un grupo taromenane, para, finalmente, lancearlos.

El propósito del crimen habría sido -explicó Tocari- vengar la muerte de su tío, el guerrero huaorani Ompore Omeway, de 70 años, y Buganey Caiga, de 64, ocurrida el pasado 5 de marzo. “Porque murió mi tío, nosotros quedamos un rato con la pena. En nuestra cultura nosotros tenemos que hacer enfrentamiento con los taromenane”, dijo Tocari.

“Yo ordenaba a mis primos: ¡Nosotros no somos mujeres, somos hombres, nuestra nacionalidad es huaorani, todavía tenemos la cultura! Entonces cogimos como 17 lanzas de mis tíos finados, hicimos llevando a la selva (y las llevamos a la selva).

El indígena aseguró que con sus parientes estuvieron nueve días buscando las huellas del clan rival hasta que “llegamos a la casa, escuchamos la voz de ellos… entonces nos alcanzamos en enfrentamiento con las lanzas”.

Este hecho –dijo Tocari- habría sucedido cerca del río Tiguacuno, en la zona protegida del Yasuní, en Orellana.

Tocari reveló que en el enfrentamiento cinco personas murieron, uno era un joven y que además fue él y sus parientes los que raptaron a las dos niñas taromenane de su entorno. Además, narró que otros 20 miembros del grupo contrario no intentaron defenderse, sino que corrieron.


 

No hay investigación oficial

 

Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador, desmintió que hayan sido cinco las víctimas mortales. Dijo, en el mismo programa de televisión, que al menos se asesinó a 30 indígenas. En entrevista con El Comercio de Quito, el 5 de abril pasado, Cawetipe confirmó que entre las víctimas se encontrarían niños, adolescentes, adultos y ancianos.

Según Yeti, hay fotografías y videos de la matanza en la que no solo se habría empleado lanzas, sino también armas de fuego. Señaló que a los miembros de Yarentaro, cantón Aguarico, una comunidad huaorani, le pertenecería la autoría del ataque. Tocari, por otro lado, dijo en televisión que también tiene fotografías que confirman su versión.
Mientras, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía han señalado que hasta el momento no han logrado encontrar los cadáveres ni probar la veracidad del derrame de sangre entre pueblos amazónicos. La investigación oficial es lenta y muy poco esclarecedora.
 
Marzo sangriento en la amazonia indígena
El 5 de marzo pasado, cerca del caserío de Yarentaro (en la provincia amazónica de Orellana, este), un jefe de la etnia Huaorani y su mujer murieron atacados presuntamente por los Taromenane llamados también Tagaeri o “patas coloradas”, uno de los dos pueblos no contactados que habitan en la Amazonía y cuyas poblaciones sumarían apenas unas 200 personas.
El ataque del 5 de marzo  ocurrió en una zona conocida como Awemodo ubicada a más de una hora y media del poblado de Yademtado en Orellana.  En el lugar vivían los esposos Onehuay de 55 años de edad. El esposo habría recibido cerca de ocho lanzas.  Su esposa habría recibido  tres lanzas y fue encontrada aún con vida pero falleció durante el traslado al poblado de Yademtado.
En represalia, los Huaorani (con 2.300 habitantes) sostienen haber atacado a los Taromenane o Tagaeris el 29 de marzo pasado, en un episodio que se adjudicó hace pocas horas el jefe guerrero huaorani Orengo Tokari, quien habla de cinco muertos mientras otras versiones insisten en 30 víctimas.
La matanza del 29 de marzo por parte de los huaoranis, en represalia al ataque sufrido por parte de los taromanenes el 5 de marzo de este mismo año, incluyó el secuestro de dos niñas  taromenane, según la Fiscalía, de 5 y 8 años, que permanecen al cuidado de una familia huaorani en la comunidad Yarentaro, en Aguarico, Orellana.
 

Guerreros en acción

Estas rivalidades inter-étnicas son ancestrales, así como la violencia natural de algunas parcialidades en aislamiento voluntario dentro el bosque amazónico, como parte de su resistencia contra la invasión de extraños en su territorio que data desde los tiempos del auge del caucho a fines del siglo XIX y mitades del siglo XX.
Son comunes historias en todo el territorio amazónico que atraviesa siete países sudamericanos, de colonos madereros o exploradores mineros o petroleros heridos con lanzas y flechas disparados furtivamente por las tribus invadidas.
Como sucedía entre los siglos XVII, XVIII y XIX con misioneros que perdieron la vida intentando evangelizar y vestir con ropa occidental a los pueblos no contactados, en 1987 el sacerdote Alejandro Labaca y la hermana Inés Arango fueron “lanceados” por taromananes que se resistían a la evangelización de su tribu dentro el actual Parque Nacional Yasuní (ver el video). El grupo taromanane que sacrificó la vida del sacerdote era una parcialidad originalmente Huaorani que se negó a tomar contacto con el mundo moderno. Para diferenciarse de los huaroanis contactados, aquella parcialidad rebelde adoptó el nombre de su jefe guerrero Tagá (asesinado por sicarios que organizó el ejército ecuatoriano en favor de las empresas madereras y petroleras), siendo conocidos desde entonces como los Tagaeri.
En esa misma época, en la Amazonia en Cochabamba, Bolivia, un sacerdote salesiano fue flechado por los últimos indígenas en aislamiento voluntario del Chapare, los Yukis, quienes actualmente están totalmente integrados a la “civilización” (visten poleras y pantaloncillos, sus flechas son ahora souvenires para la venta a turistas) por acción de misioneros norteamericanos de “Nuevas Tribus” que forzaron el contacto del mismo modo en que lo hicieron con los Huaorani en Ecuador.
 

Dos justicias encontradas

La matanza mutua en que están enfrascados parcialidades de la nación Huaorani, la más numerosa del Parque Yasuní, contra el grupo nómada y no contactado de los Taromenane, está poniendo en apuros a la justicia ordinaria del Estado ecuatoriano ya que la “confesión” reciente del indígena huaorani Orengo Tocari de haber encabezado el último ataque mortal contra los taromenane en represalia por una emboscada acaecida en marzo, pone al Gobierno ecuatoriano en la disyuntiva de penalizar las muertes enjuiciando a sus autores confesos o admitirlas como actos legítimos de una guerra declarada en el territorio indígena amazónico, tal como sucedía en siglos pasados.
La polémica se centra en que, según los entendidos, no se puede aplicar la “visión occidental” al caso. Esto, porque tienen su propia cosmovisión, respetada en la Constitución.
El artículo 57 señala: “El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos” y, si se llegaran a violar los derechos, eso constituiría un delito de etnocidio.
Sin embargo, para el asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), César Duque, el problema radica en que el Estado no ha creado una normativa que permita la aplicación de las garantías en ese marco de autonomía indígena.
 

La mano negra del capital depredador

Lo preocupante de los enfrentamientos entre los indígenas del Parque Yasuní del Ecuador es que los mismos se estarían originando en intereses creados por empresas mineras y petroleras que intentan establecerse en esos territorios. En los hechos estos episodios se arrastran desde los años sesenta y setenta.
La guerra interétnica del siglo XXI entre huaoranis y taromenanes estalló literalmente en el año 2003, cuando una incursión presuntamente realizada por huaoranis contra un asentamiento taromenane provocó la muerte de 23 mujeres y varios niños.
El 10 de marzo del 2009, supuestos taromenane asesinaron a lanzazos a una campesina y sus dos hijos en un paraje de Orellana. La violencia volvió en este año 2013, también en marzo.
La Iglesia Católica ecuatoriana denunció que, “los nuevos proyectos de producción minera y petrolera” en la Amazonía ecuatoriana son los causantes de las “recientes y trágicas muertes en las comunidades huaorani y taromenane” y agregó que “no estamos siendo capaces de defender la vida de los pueblos no contactados”.
Los huaorani estarían siendo armados con rifles y escopetas, además premiados con utensilios y herramientas, por parte de empresarios madereros, para exterminar a los taromanene no contactados que defienden aguerridamente sus bosques codiciados por el capital privado.
Actualmente existen varias empresas petroleras que realizan operaciones de prospección y exploración introduciendo maquinaria pesada en el bosque habitado por estas comunidades originarias:
La empresa Petrobel opera en el campo Tiwino y ha provocado derrames de petróleo.
La compañía Perenco construyó una nueva carretera, esta perforando nuevos pozos y explotando petróleo en la comunidades sin informar a las organizaciones indígenas sobre sus actividades.
Repsol YPF utiliza la carretera que construyó la empresa Maxus dentro del Parque Nacional Yasuní y está explotando petróleo desde hace diez años.
La empresa brasileña Petrobras quiere reiniciar los trabajos de explotación de petróleo en este territorio.

Reportaje Día a Día: Omatoke, la mujer Taromenane

1 comentario:

Anónimo dijo...

acaso los ecuatorianos no son capaces de controlar a estas empresas sanganas que acaba con vidas inocentes de estos indigenas?? que verguenza social