Centro Prodh
El
día de hoy, 10 de mayo, se realizó la “2da
Marcha de la dignidad nacional” –del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia-,
la cual estuvo integrada por madres mexicanas y centroamericanas que buscan a
sus hijas e hijos desaparecidos en México. La caravana estuvo acompañada por
organizaciones de la sociedad civil que exigen verdad y justicia sobre los
miles de casos de desapariciones sin resolver, incluso desapariciones forzadas
–es decir, desapariciones ocurridas con la participación de agentes del
estado-.
En este sentido, Daniel Zapico, representante de Amnistía
Internacional en México, afirmó mediante un comunicado que “aunque no todos los casos de desapariciones sean casos de
desapariciones forzadas, eso de ninguna forma aminora la tragedia que sus
familias viven y tampoco disminuye la obligación de investigar estos casos para
así garantizar la verdad y la justicia”.
“Hoy 10 de mayo es un
día muy especial para muchas mujeres que son madres en México. Sin embargo,
para estas mujeres es un triste un recordatorio de la ausencia de sus hijas e
hijos”,
enfatizó Zapico.
Las madres y familiares de las víctimas se han tenido que
enfrentar a enormes dificultades para documentar sus casos y sumar sus voces a
las de otras familias para presionar a las autoridades federales y estatales.
Es hora de que estas autoridades reconozcan la dignidad de la lucha de las
familias y actúen para cumplir con sus justos reclamos qué exigen el
esclarecimiento de las desapariciones y llevar ante la justicia a los
responsables, puntualizó el comunicado de Amnistía Internacional.
Cabe señalar que recientemente las autoridades mexicanas
reconocieron al menos 26 mil casos de desapariciones ocurridas en los últimos
años, la mayoría de los cuales permanecen sin ser investigados. Tampoco existe
información sobre cuántos de estos casos podrían constituir desaparición
forzada.
Asimismo, durante su visita a México, el Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló una serie de
acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de
los derechos humanos y el acceso a la justicia en garantía del derecho a la vida,
entre las cuales se incluyen investigar efectivamente los casos de
desapariciones y construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica,
una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.
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