Por Luis Ignacio Hernández
Fotografía: Cristián Leyva
Ilustraciones: Marduk
Chimalli
Ante el solo
dicho por “imputación directa” de la parte acusadora que hace en
sí mismo, de manera omnímoda, toda “verdad”
absolutamente sin ninguna prueba más, en un expediente en cuyo “pliego de consignación” en el que,
contra toda racionalidad, revela ya el error por negligencia producto de un
ejercicio de rutina que nunca se cuestiona, o ya el dolo prejuiciado de un acto
por consigna producto de una socialmente agraviante política de Estado, se hace
necesario llamar a la razón del criterio social en función de confrontar el
juicio de la “justicia legal”, con el
juicio de la “justicia social”.
Esa acción social fundada en la profunda convicción
moral de la inocencia del “presunto
culpable”, no debe incomodar a Magistrado o Juez alguno, pues ello sólo es
la manifestación social de la indignación ante los hechos en los que,
haciéndose un largo y tortuoso proceso inquisitorial en la “justicia legal”, alguien, únicamente sujeto a dicha “imputación directa” y a quien no se le
prueba absolutamente nada más (acto por el cual no se debió convalidar, sino
más bien, en el mayor de los casos, conceder la libertad con reservas de ley),
y, antes al contrario, es el “presunto
culpable” el que tiene que solicitar todos los recursos para demostrar su
inocencia (8 videos de las cámaras públicas, 5 videos de cámaras privadas,
aceptar un examen psicofísico, uno psicológico, y solicitar la prueba del
polígrafo; a todo lo cual la parte acusadora se ha negado sistemáticamente),
permaneciendo ya 60 días sometido a la represión física, psicológica, económica
y moral que implica el encarcelamiento, a más, injusto.
Tales magistrados o jueces, no deben –estamos
conscientes de ello– han de apegarse estrictamente al expediente; sólo
solicitamos que sea leído, revisado y entendido detenidamente, pues, como lo
demuestra nuestro abogado, dicho expediente por sí solo evidencia toda falta al
debido proceso, pretendiéndose la fabricación de un delito.
Tal hecho representa
una política de Estado (la “Cero
Tolerancia”, o “Intolerancia
Absoluta”), que metódica y sistemáticamente criminaliza al sector
joven de nuestra población, el cual, al negar su inculpación a cambio de “beneficios de ley”, como en el caso de
Marduk Chimalli, por definición –ante una deliberada política
de Estado sistemáticamente aplicada a un sector de población, lo convierte en
un preso de conciencia, toda vez que este proceso ha interrumpido y
lesionado su vida cotidiana como profesional, así como su producción
intelectual.
Dadas las faltas al debido proceso por
el que se pretende fabricar un delito; dada la nula aportación de
prueba alguna que respalde el solo dicho por “imputación directa” que pone de manifiesto que la parte acusadora
miente; dadas las evidentes contradicciones de la parte acusadora manifiestas
en los interrogatorios de la segunda audiencia que revelan el falso y doloso
testimonio; dada la acusación por el sólo hecho de que, bajo un estado alterado
tras la agresión por el verdadero delincuente, inicialmente se afirmó así, no
obstante, luego que dicha parte acusadora quiso desistirse y corregir el error,
absurdamente ello se negó por el Ministerio Público, ya que la acusadora, la
señora Mariana García Vía de Monte, incurriría en “falso testimonio”, con lo cual, inducida
por la misma ley a la más absoluta abyección de lo inmoral, se vio obligada a
la evidente falsedad (que ahora justifica la acción social en los medios por la
justicia social misma), pues se hizo pasar por un hecho legal “verdadero” (en la absurda “justicia legal” que opera en este
caso).
Finalmente, dado que estos hechos responden a una
intolerante política de Estado que sistemáticamente criminaliza a inocentes,
así como que, por todo ello, Marduk Chimalli Hernández Castro queda
convertido en un preso de conciencia, exigimos el sobreseimiento
del caso y su libertad inmediata sin reservas de ley.
 |
| El abogado Sergio Soto explica, en conferencia de prensa, las irregularidades del expediente de Marduk Chimalli. |
¡Alto a la intolerancia social que
criminaliza sistemáticamente a la juventud!
¡Basta de falsas estadísticas que mediante la
fabricación de delitos e induciéndose a inocentes a inculparse, pretende “demostrar”
eficiencia en el “combate a la delincuencia”!
¡No a los presos de conciencia!
Comentarios