Escrito por Ricardo
A. Lagunes Gasca*
Domingo, 05 Mayo 2013
La noche del 24 de abril, en el poblado Bachajón, municipio de Chilón, en
la zona norte de Chiapas, ejecutaron en su domicilio a Juan Vázquez Guzmán,
indígena tzeltal, de 32 años, defensor de derechos humanos, adherente a la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) del ejido San Sebastián Bachajón. Entre sus hermanos y
hermanas, él era el Bankil (hermano mayor, en lengua tzeltal). Padre de dos
pequeños niños, trabajaba en la milpa y en el cafetal en compañía de su papá. Su
palabra tenía fuerza, su mirada y corazón estaban limpios de cualquier miedo a
la adversidad por la defensa de su pueblo y territorio. Su sonrisa y sentido
del humor contagiaba. Su entrega a la lucha por una vida digna y autónoma para
su pueblo la sostuvo hasta su muerte.
Durante y después de concluido su cargo como
secretario general de los Adherentes a la Sexta de los tres centros de
población que conforman el ejido –Alan Sajcun, Chi´ch y Bachajón–, Juan siempre
se destacó por su participación en la defensa del territorio y en la lucha por
la liberación de los presos políticos. En diferentes foros y comunicados
denunció la violencia social y política en el ejido, generada por el gobierno
para debilitar a su organización y consumar el despojo de las tierras para la
implementación de un proyecto ecoturístico de clase mundial.
El 2 de febrero de 2011, la represión se recrudeció
en San Sebastián Bachajón. De acuerdo con las denuncias públicas de Juan, los
adherentes a la Sexta fueron desalojados de la caseta de cobro por un grupo de
civiles armados encabezados por Carmen Aguilar Gómez Primero y financiados por
el entonces presidente estatal de la Fundación Chiapas Verde, Leonardo Guirao
Aguilar, hoy presidente municipal de Chilón. El 3 de febrero, 117 ejidatarios
de la Sexta fueron privados arbitrariamente de la libertad, como medida de
presión para que entregaran las tierras ejidales de uso común que ya habían
sido comprometidas por el comisariado ejidal oficialista en ese entonces,
Francisco Guzmán Jiménez (alias Goyito). Los compañeros no se doblegaron y
decidieron emprender la defensa legal de su territorio a través de la
interposición del juicio de amparo 274/2011 ante el juez séptimo de distrito en
Tuxtla Gutiérrez en marzo de 2011. Vázquez Guzmán dio puntual seguimiento a
este juicio y denunció la falta de imparcialidad e independencia de ese órgano
jurisdiccional, desde la admisión hasta la sentencia definitiva que declaró
improcedente la demanda después de dos años de trámite. Actualmente, se
encuentra en curso el Amparo en Revisión 118/2013 ante el Tercer Tribunal
Colegiado en Tuxtla Gutiérrez.
Gracias a la solidaridad nacional e internacional,
en julio de 2011 todos los presos políticos de Bachajón recluidos en Playas de
Catazajá recuperaron su libertad. A finales de ese año, de manera selectiva
detuvieron y torturaron a dos miembros activos de la organización, Antonio
Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, recluidos hasta la fecha en Playas de
Catazajá y Ocosingo, respectivamente, imputándoles delitos fabricados de robo
con violencia y delincuencia organizada. Juan también fue detenido sin orden de
aprehensión la noche del 24 de diciembre de 2011, y pudo percatarse que
Francisco Guzmán Jiménez estaba en la cárcel dando seguimiento a su detención.
Fue liberado horas después sin documento legal alguno.
El 19 de junio de 2012, los ejidatarios de la Sexta
intentaron recuperar el control de la superficie ejidal despojada, pero fueron
desalojados por más de 800 policías; de acuerdo con las constancias del juicio
de amparo 274/2011, ello se justificó con las medidas precautorias
CEDH/VGOCO/MP/19/2012 emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a petición de
Francisco Guzmán Jiménez. Ante esto, Juan denunció en diversos momentos la
complicidad del CEDH con el gobernador Juan Sabines Guerrero para garantizar el
despojo simulando un establecimiento del orden, en cumplimiento de una medida
precautoria y presionando a su organización a suscribir los acuerdos de la Mesa
de Diálogo y Concertación para la Paz, lo que implicaba consentir la entrega
definitiva de las tierras al gobierno a cambio de la liberación de los presos.
En este contexto luchó. La inoperancia del Poder
Judicial de la Federación y la intervención de los tres niveles de gobierno
para apropiarse de tierras y recursos naturales de este pueblo originario por
medio de la violencia y la corrupción, en total inobservancia de los derechos
de los pueblos indígenas, generaron las condiciones para su ejecución impune,
un verdadero crimen de Estado.
Su ejemplo de vida es fuente de inspiración para
sus compañeros y para quienes lo conocimos y caminamos junto a él. Bayel
Jokolawal, compañero Juan.
*Abogado litigante y defensor de derechos humanos
Twitter: @defensalegalsur
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