Rebelión, 18-05-2013
Las marchas conmemorativas del Día del
Maestro convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) fueron muy combativas. En ellas participaron ciudadanos, trabajadores en
general, jóvenes y profesores universitarios democráticos, solidarizándose con
las justas demandas magisteriales y reivindicando las suyas propias.
Actualmente
la CNTE constituye la oposición democrática más visible y organizada del pueblo
trabajador contra las acciones neoliberales del régimen oligárquico
representado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y demás partidos políticos integrantes
del “Pacto por México”, incluidos los
poderes fácticos conservadores (empresariales, “informativos”). Las movilizaciones de la CNTE en Guerrero, Oaxaca,
Chiapas y Michoacán, principalmente, tienen como demanda central la anulación
de la llamada reforma educativa, en primer lugar, y en segundo, la reforma
laboral. La primera no tiene nada de educativa y sí mucho de política y
laboral, pues como trasfondo se encuentra todo el proceso de privatización de
la cosa pública; la segunda es una política depredadora del trabajador. Para
llevar a efecto tal propósito perverso, como en este caso la educación, o la
salud, los recursos naturales y energéticos, etcétera, se requiere de un
proceso de desmantelamiento de los derechos laborales. Más que una reforma
educativa es una reforma política-laboral, pues trata de golpear aquellas
formas gremiales que se oponen directamente a tales medidas privatizadoras.
Una
pregunta que deben responder los plumíferos oficialistas u oficiosos,
periodistas chayoteros de la prensa, radio y televisión, es: ¿Qué hace en la
Secretaría de Educación Pública (SEP) un político como Emilio Chuayffet Chemor,
quien no tiene ninguna trayectoria significativa en el campo de la práctica
educativa, de sus procesos de enseñanza-aprendizaje; ninguna experiencia
pedagógica y didáctica? ¡Nada que ver con José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet
o Agustín Yañez! Chuayffet, quien nunca ha leído, por ejemplo, a Paulo Freire,
tiene más experiencia represiva que educativa, pues estuvo inmiscuido, junto con
Ernesto Zedillo Ponce de León, en la matanza de Acteal. Está en la Secretaria
de Educación Pública para defenestrar a Elba Esther Gordillo, acto realizado,
lo cual no significa para nada un proceso democratizador del sindicalismo
educativo nacional, pues pusieron inmediatamente a otro charro sindical –Juan
Díaz de la Torre, lugarteniente de la corrupta, nefasta y criminal Gordillo–
quien firmaba cheques mensuales por 16 millones de pesos para gastos personales
de la “maestra”; por supuesto,
tampoco se pretende mejorar la educación pública básica y secundaria ¿Acaso,
entre otras cosas importantes, el Estado incrementará del 3.78% del Producto
Interno Bruto (PIB) al 12% recomendado por la UNESCO?
Los
principales ejes de la “Reforma
Educativa” son: “lograr que los
alumnos sean educados por los maestros más especializados; hacer de la
evaluación de los profesores un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de
la enseñanza; fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. La propia
comunidad educativa, directivos, maestros, alumnos, padres de familia, podrán
tomar decisiones conjuntas para mejorar la educación…” Sin embargo, tales
objetivos, aparentemente loables, en realidad atentan contra los derechos
laborales magisteriales. Tras los mecanismos de “evaluación” se esconden los mecanismos de despido inmediato y el
desconocimiento de los derechos de plaza base, escalafón, pensión, jubilación,
aguinaldo y vacaciones ¿Cuál autonomía de gestión, pues la comunidad educativa
nunca participó en tal reforma?
Los maestros
democráticos sí proponen una verdadera reforma educativa:
1. Realizar un diagnóstico serio,
profundo y objetivo que incluya la evaluación de todo el Sistema Educativo. En
este deberán participar obligatoriamente los maestros;
2. Aumentar el presupuesto
destinado a la Educación Pública al 8% del PIB, que a nivel federal
significaría pasar de 303 mil millones, a 1billón de pesos, mínimo recomendado
por la ONU;
3. Eliminar las cuotas “voluntarias” y que el gobierno cumpla
con su obligación constitucional de sostener completamente todas las
necesidades de las escuelas;
4. Construir al menos 40 mil
nuevas escuelas en todo el país, equipadas con todo lo necesario para su óptimo
funcionamiento;
5. Grupos de 25 alumnos y que la
SEP les entregue útiles y uniformes escolares;
6. Turnos escolares de 7 u 8
horas, con desayunos y comidas, estudio de idiomas, computación, educación
física y cultura. Sin tareas escolares en casa,
7. Que los maestros solo tengan
una plaza y puedan brindar una educación de calidad a sus alumnos. Salario
digno y suficiente para evitar las dobles plazas;
8. Que los Secretarios,
Subsecretarios y Directores Generales de la SEP, sean maestros normalistas con
experiencia mínima de 8 años frente a grupo, para que conozcan los problemas de
la educación en la práctica, no en la oficina;
9. Que las evaluaciones sean
integrales (a todo el sistema educativo) y periódicas para todos los directivos
de la SEP, dirigentes sindicales y maestros;
10. Que los padres de familia y
maestros participen de las evaluaciones, diagnósticos, decisiones y tareas
tendientes a mejorar la educación;
11. Recuperar las escuelas
normales públicas, hoy abandonadas, como los centros formadores de maestros
comprometidos con la educación y la comunidad.
El
Estado, que carece de una política educativa integral, embiste a través de los
medios de “comunicación” contra la
CNTE, calificando a los maestros como vándalos para criminalizar la protesta
social y descalificar sus legítimas demandas: un linchamiento mediático ¿Por
qué los feroces inquisidores nunca analizan ni cuestionan la reforma educativa?
¿Por qué nunca critican las condiciones materiales e intelectuales en las que
desarrolla la educación pública? ¿Acaso la profunda crisis educativa nacional
es solamente responsabilidad de los maestros? ¿Qué no la SEP determina la
política educacional?
La
defensa de la educación pública pasa por el rechazo de la “reforma educativa”. Un cambio educativo requiere de un cambio
democrático urgente.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia
de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
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