La educación pública en la Argentina y sus conflictos (escuelas "voucher", "charter" y de "gestión social")
x Eduardo Lucita
La Haine, 17/05/2013
Mientras persista la política de subsidiar a la escuela privada no habrá
mejoras duraderas para la escuela pública. Y los conflictos se
reiterarán una y otra vez
Cada
año el conflicto en, y por, la educación pública tiende a repetirse. El
enfrentamiento de los educadores con los funcionarios del área, nacionales o
provinciales, puede tener distintas formas de expresión y de resolución
momentánea, pero reconoce una misma matriz, cuyos principales componentes no
son otros que privatización, financiamiento y condiciones laborales.
Siempre
lo mismo
Con
el inicio de cada ciclo escolar los problemas salariales del sector, el déficit
de la infraestructura edilicia, y las desigualdades interprovinciales vuelven a
ocupar el centro de la escena. No es igual en todas las provincias, pero el
hilo conductor que recorre los conflictos es el mismo.
Más allá de que muchos de los
problemas de la educación remiten a varias décadas atrás, no es menos cierto
que se acrecentaron en los años 90 cuando desde el gobierno de turno buscaron
sepultar los contenidos más progresistas de la Ley 1420, sancionada en 1884 y
reconocida como fundamental en la construcción de nuestro Estado y en la
integración social. Dicha ley establecía que las escuelas públicas eran
responsabilidad del Estado y que podían acceder todos. El concepto era una
matrícula abierta y gratuita, por eso la ley se denominaba de Educación Común.
El
tiempo neoliberal
Los
años 90 fueron los del reino del mercado, de las desregulaciones, de la
reconversión productiva y de la reforma del Estado. Es este nuevo modelo de
acumulación y reproducción de los negocios bajo la hegemonía del capital
financiero el que abrió el espacio para una reforma estructural de la educación
en el país, compatible con las tendencias mundiales del neoliberalismo. El eje
fue la Ley Federal de Educación (24195/93) que reemplazó a la 1420, precedida
por la de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias
(24049/92), finalmente complementada por la de Educación Superior (24591/95).
En
poco más de tres años, por medio de este corpus legal, se descentralizó y
transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la prestación
educativa y se impusieron los lineamientos básicos para la transformación del
sistema en todos sus niveles (primario, secundario y terciario). El gobierno
nacional se desentendió así de la prestación del servicio educativo. La reforma
puso en un mismo nivel a la educación estatal y a la privada, ambas fueron consideradas
públicas pero se diferenciaron en la gestión. Sin embargo, subsidió a esta
última en tanto la descentralización cargó sobre las arcas de las provincias el
sostenimiento financiero, aumentando la fragmentación del sistema y generando
enormes desigualdades entre las jurisdicciones.
Una
educación más clasista
El
neoliberalismo no es más que una etapa del capitalismo, como antes hubo otras,
que mercantilizó todos los espacios que pudo e hizo a las sociedades más
clasistas de lo que ya eran. Esto se reprodujo en la educación. La reforma del
sistema tuvo como objetivo no explícito imponer una política educativa acorde
con esa mayor polarización social. Por un lado, porque convalidó la existencia
de escuelas públicas pobres de baja calidad y con escasos fondos, y escuelas
privadas pagas con mayores recursos. Por el otro, porque cristalizó las
desigualdades sociales, ya que en general son distintas las clases que se
matriculan en uno u otro sector educativo. Debe distinguirse aquí que, por
insuficiencias del sector público, una parte del pueblo pobre envía a sus hijos
a escuelas confesionales cuya cuota suele ser de bajo monto. Por último, porque
agudiza las desigualdades regionales ya que no todas las provincias tienen la
misma capacidad financiera, ni el mismo desarrollo cultural.
En los años de hegemonía
neoliberal proliferaron también las ideas de "la educación de mercado", las llamadas escuelas "voucher", las "charter" y las de "gestión social". Modelos, que
inspirados en la experiencia de los EEUU, resultaban financiados por el erario
público pero administrados como instituciones privadas. El individualismo y la
autonomía en las que se afirmaban les permitirían moverse al margen de la
mayoría de las reglamentaciones vigentes en el sistema público. En realidad
estos modelos constituyen una etapa superior de la privatización, que crece
sobre la degradación de la escuela pública, incluida la flexibilización de los
docentes, y tienden a romper los contenidos socializantes de esta.
El
pos-neoliberalismo
Con
el estallido de la convertibilidad el proceso de acumulación y reproducción de
capitales pasó a ser comandado por el capital productivo. Se inició así un
período que denominamos neo-desarrollismo y que tiene también su correlato en
la educación. Esto se expresa en la Ley de Educación Nacional (26206/06) y en
la de Financiamiento Educativo (26075/05), ambas contienen elementos de ruptura
y también continuidades con el pasado inmediato. Por la primera se implementó
una sola estructura educativa en reemplazo de las 54 existentes en el país. Se
elevó a 13 años la escolaridad obligatoria y se obligó al Estado a ofrecer
salas de 4 años. Se estableció la jornada extendida o completa en la escuela
primaria y se impusieron contenidos obligatorios. Sin embargo, se sigue
considerando como educación pública tanto a la estatal como a la privada, se
mantiene la política de subsidios y la descentralización provincial de los
servicios educativos y no se ha revertido el deterioro del trabajo docente.
Por lo demás, la doble
escolaridad es muy limitada y en el sector estatal no hay apertura de nuevas
salas de 4 años, aunque sí en el sector privado. Se elevan los años de
escolaridad pero la ley da la posibilidad de que las provincias opten por una
primaria de seis y secundaria de seis o de siete y cinco años, con lo cual hoy
tenemos once provincias con la última opción y trece con la primera. La segunda
fija el objetivo, ya enunciado en los 90, de llevar la inversión educativa al 6
por ciento del PBI. De ese total, el Estado Nacional debe aportar el 40 por
ciento y las provincias el 60 por ciento restante.
La
matrícula privada
Lo
que dejó la reforma de los 90 es un Ministerio de Educación nacional sin
escuelas, que solo destina fondos para las universidades, para el incentivo
docente y para las políticas educativas centralizadas. Esto fue acompañado de
un fuerte ascenso de la privatización y el deterioro de las condiciones
laborales de los docentes. En el período 2004-2010 la matrícula escolar se
incrementó en 452.000 alumnos, de estos el 83 por ciento se inscribió en
escuelas de gestión privada.
En
la actualidad el 29 por ciento de los alumnos del país asiste a escuelas
privadas, el 65 por ciento de estas recibe subsidios del Estado nacional, lo
que representa algo así como el 13 por ciento del gasto educativo total. En la
provincia de Buenos Aires, escenario de grandes conflictos docentes, el 35 por
ciento de los alumnos está matriculado en el sector privado, el 73 por ciento
de esas escuelas recibe subsidios por un monto cercano al 20 por ciento del
presupuesto provincial.
Presupuesto
Según
el ejecutado del presupuesto nacional de 2012 la inversión educativa
consolidada (Nación más las provincias) alcanzó al 6,47 por ciento del PBI,
superando lo previsto en la ley. Sin embargo, lo aportado por Nación solo fue
del 2,2 por ciento (1,45 por ciento al sistema educativo formal más 0,75 por
ciento en programas focalizados). Así el Estado nacional no alcanzó a aportar
el 40 por ciento como fija la ley. Pero lo sustantivo es que el 30 por ciento
de esa inversión fue derivado al sostenimiento de la escuela privada en
detrimento de la pública.
Para la docente e
investigadora Laura Marrone "es
necesario reabrir el debate sobre la cuestión del presupuesto de la educación.
Se necesita derogar el actual sistema de financiación. El Estado nacional debe
volver a hacerse cargo de la educación en todos sus niveles y llevar al 10 por
ciento del PBI la inversión educativa, que debe ser aportada en partes iguales
por Nación y provincias". Enfrentar el problema presupuestario es un
primer paso para abordar el conflicto educativo en su integralidad. Mientras
persista esta política de subsidiar a la escuela privada no habrá mejoras
duraderas para la escuela pública. Y los conflictos se reiteraran una y otra
vez.
*
Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
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