Escrito por Juan José Díaz Morales
Lunes, 20 Mayo 2013
La primera etapa de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, fue el “Operativo Conjunto Michoacán”, implementado por el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa, este operativo fue y sigue siendo duramente cuestionado por
las faltas graves a la Constitución mexicana y por las violaciones
a los derechos humanos que podría haber incurrido la presencia militar en el
Estado de Michoacán y paulatinamente en México.
Para diferentes analistas
políticos y jurídicos resaltan que la intervención de las Fuerzas militares va
en contra de lo dispuesto en el artículo 129 Constitucional, que
establece lo siguiente:
Artículo
129. En tiempo de paz,
ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta
conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares
fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan
inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o
depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las
tropas.
Bajo
este fundamento Constitucional se realiza la pregunta: ¿La disposición que
realizó Felipe Calderón Hinojosa y que fue acatada por los Secretarios de
Defensa y Marina, viola la Constitución?
En
términos del artículo 129 Constitucional, no puede realizar las funciones que
de manera diaria viene realizando desde aproximadamente siete años el ejército,
armada y marina, se podría decir bajo este fundamento que es anticonstitucional
la intervención del ejército en las calles.
Sin
embargo cuando se hable de “amenazas a la
seguridad interior” podría cambiar la opinión al respecto, según la
resolución que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una
acción de inconstitucionalidad en el año de 1996, presentada por el diputado
federal en ese entonces Leonel Godoy Rangel que planteaba que el acto de
autoridad era anticonstitucional, la causa de esta acción de
inconstitucionalidad era la presencia del Ejército en Michoacán enviados por el
Presidente en ese entonces Ernesto Zedillo.
Registro N°. 192080
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Página: 549
Tesis: P./J. 38/2000
Jurisprudencia
Materia: (Constitucional)
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Página: 549
Tesis: P./J. 38/2000
Jurisprudencia
Materia: (Constitucional)
“Ejército, armada y fuerza aérea. Su participación
en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (Interpretación del Artículo
129 de la Constitución).
La interpretación histórica, armónica y
lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas
armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas
soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el
instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades
competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las
Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por
disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el
numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89
constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas
fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la
declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones
extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la
realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado
de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario
disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las
disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel
Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada
celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo
Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis,
relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho
votos en las controversias constitucionales y en las acciones de
inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año,
como aislada, con el número XXIX/96), se publique como jurisprudencial, con el
número 38/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.”
Esta resolución fue un precedente para que
el Ex Presidente Felipe Calderón dispusiera del ejército en las calles, y de
esta manera realizar su guerra absurda contra el crimen organizado, haciendo
valer su facultad como Presidente que viene establecida en la fracción VI del
artículo 89, siendo este su fundamento para su acción “bélica”:
“Preservar
la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la
totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
“
Bajo estos argumentos se podría decir que la
presencia del Ejército en las calles no trasgrede lo dispuesto en la
Constitución en el artículo 129 y de igual manera lo planteado por el artículo
21, que dispone que las fuerzas de seguridad pública sean de carácter civil.
Tomar una decisión de trascendencia como la
realizada por Calderón, fundamentándose en una tesis de jurisprudencia,
teniendo en cuanta que la resolución de la Corte puede cambiar en cualquier
momento, y sabiendo que de los ministros que tomaron aquella resolución
solamente se encuentran en la Corte en este momento, Juan Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero.
¿Los actuales ministros resolverían de manera
diferente la controversia sobre la presencia del ejército en las calles sin la
declaratoria de Estado de emergencia?, la tendencia que ha tomado la SCJN en
acotar el fuero militar, al momento que se presente algún conflicto con
civiles, podría ser precedente para que la SCJN fallara en contra de la
presencia del ejército en las calles.
Como ejemplo encontramos la declaración que realizó
el ministro José Ramón Cossío, en el debate realizado por la SCJN en relación
del fuero militar señaló:
“Creo
que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos
de la propia Constitución; entiendo que todo el sistema de seguridad
pública está construido a partir de servicios de policía, no a partir de
servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas”
Si se discutiera en este momento la presencia del
Ejército en las calles, la SCJN dictaminaría la inconstitucionalidad de este
acto de autoridad realizado por Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa y
Marina, de igual manera él y sus secretarios tendrían que responder por su
responsabilidad penal, primero sus secretarios por refrendar un acto
completamente en contra de la ley fundamental, y en segundo el ex presidente por
realizar un decreto completamente contrario a la Constitución que juró guardar
y hacer guardar.
El artículo 129 constitucional prohíbe la
presencia del Ejército en labores con alguna conexión con la disciplina militar
y que se han realizadas en tiempos de paz, en relación el artículo 21 establece
que las instituciones de seguridad del país solo pueden ser de carácter civil.
¿Cómo pudo justificar Felipe Calderón, la
presencia del Ejército en las calles, en la lucha contra el crimen organizado?,
en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución otorga la facultad al
Presidente de disponer de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad
interior y la defensa exterior, sin embargo, ¿Qué es la “seguridad interior” que menciona la Carta Magna?
La ley vigente de Seguridad Nacional, no
contempla el concepto de “seguridad
interior”, que es manejado por la Constitución, en la iniciativa que
realizó Felipe Calderón presenta una definición: “Es la condición en la que la estabilidad interna y permanencia del
Estado mexicano se encuentran garantizadas a través de la aplicación coordinada
de sus recursos y medios”
Sin embargo el Senado de la república al
momento que le fue turnada para revisar la iniciativa de reforma, creó su
propia definición de “seguridad interior”:
“La condición de estabilidad interna, paz y
orden público, que permite a la población su constante mejoramiento y
desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que
está a cargo de los tres poderes de gobierno”.
Por último la Cámara de Diputados realizó algunos
cambios a la definición planteada en la minuta del Senado, dejándola de la
siguiente manera:
“La condición de estabilidad interna y
permanencia del Estado mexicano, que permite a la población su constante
mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía
es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno, con la
concurrencia de los sectores social y privado”.
Se realizaron dos decretos uno el 9 de mayo
de 2007 y otro el 17 de septiembre de 2007, ambos planteaban la creación de un
Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Área.
Sin embargo el único fundamento legal que
presentan esos decretos es una jurisprudencia mencionada anteriormente, no
existía un marco jurídico fuerte que apoyara las acciones de “guerra” del presidente, su proyecto no
tuvo mayor trascendencia que solo quedarse en iniciativa, ya que no hubo el
impulso suficiente por parte del Ejecutivo, puede ser que Calderón se dio
cuenta de ilegalidad que estaba por cometer.
El 23 de abril de 2009 el Ejecutivo realizó
una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Esta Reforma estuvo de paseo en la Cámara
de diputados y la Cámara de Senadores durante más de tres años, sin embargo
durante ese lapso de tiempo el Ejército se encontraba en “guerra” contra el crimen organizado, sin mandato conforme a la
ley.
Esto demuestra la incompetencia de un Congreso en
donde solo se manejan intereses de los miembros que conforman las cámaras, el
Congreso tuvo la oportunidad de parar de manera legal, una guerra ilegal que
termino al final del 2012 con más de 100 mil muertos, y un centenar de
desaparecidos, el Congreso es cómplice de la muerte al mostrar su burocracia y
no ver por los intereses de los mexicanos.
Felipe Calderón Hinojosa, actuó fuera de la
ley, realizando sus funciones como un dictador, y disponiendo de las Fuerzas
Armadas sin tener en cuenta ningún procedimiento, realizando un decreto con
fundamento en una jurisprudencia que interpreta el artículo 129 Constitucional
y ampliando facultades a un servidor público, cuando claramente solamente la
ley puede otorgar estas facultades.
Felipe Calderón utilizo las Fuerzas
Armadas, sin una declaración previa de guerra, un decreto de disposición del
Ejército, Armada y Marina que se base legalmente en un precepto jurídico con
más jerarquía que una jurisprudencia realizada en un tiempo social e histórico,
que nada tiene que ver con el México bélico que se vive en estos momentos, de
igual manera no hubo un decreto ley de suspensión de garantías, las Fuerzas
Armadas están actuando fuera de los límites legales, realizando disposiciones y
funciones que no le corresponden.
Felipe Calderón Hinojosa traicionó a la
patria, al no respetar las disposiciones que plantea la Constitución, es un
criminal de guerra, que dejó al país en una de sus mayores crisis de seguridad
en su historia, la psicosis que se vive en la mayoría de las entidades de la
federación, es más evidente en los Estados norteños pero eso deja fuera al sur
del país, que día con día se viven secuestros y extorsiones, la gente ha
perdido la confianza de las autoridades y de cualquier persona que se encuentre
ahí.
Un Congreso inepto es lo que le tocó a
Felipe Calderón que fungió como un cómplice de sus crímenes de lesa humanidad.
Sin fundamento legal, o con un fundamento
sin fortaleza jurídica, la “guerra contra
el crimen organizado” sigue azotando a México, mientras que el “criminal de guerra” (Felipe Calderón),
así acusado ante La Corte Penal Internacional de La Haya, disfruta de unas
vacaciones todo pagadas por el Estado mexicano, en virtud de la pensión
vitalicia presidencial (250 mil pesos mensuales)
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