Gara, 18-05-2013
El dictador argentino Rafael Videla, de 87 años,
murió en prisión purgando varias cadenas perpetuas por crímenes de lesa
humanidad, incluido el plan sistemático de robo de menores, cometidos durante
la dictadura. Videla se enfrentaba en estos momentos al juicio por el Plan Cóndor.
En una breve declaración leída por él mismo en la audiencia del martes, asumió «en plenitud» las acciones llevadas a
cabo por los militares en lo que llamó «guerra
antiterrorista».
Rafael Videla reivindicó hasta su muerte la maquinaria
represiva que dirigió tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con
varias cadenas perpetuas sobre sus espaldas, afrontaba hasta ayer un nuevo
juicio por el denominado Plan Cóndor, que se tradujo en una
estrecha colaboración entre las dictaduras sudamericanas de la época -Chile,
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- para hacer desaparecer y torturar a todo
aquel tildado de «subversivo».
En la audiencia del martes, Videla, de 87 años, se negó a declarar
escudándose en una repentina «crisis de
memoria» y en que se trataba de una «cosa
juzgada», en alusión al histórico juicio a las Juntas Militares de 1985, en
el que fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Pese a que se negó a responder a las preguntas de la
Fiscalía, leyó una breve declaración de diez minutos en la que asumió «íntegramente» todas y cada una de las
acciones llevadas a cabo por sus subordinados en el marco de lo que seguía
llamando «guerra antiterrorista». No
era, sin embargo, la primera vez que justificaba sus crímenes.
Un día antes de conocerse la sentencia que en diciembre de
2010 le condenó a cadena perpetua por la muerte de 31 presos en Córdoba, Videla
defendió en su alegato final «la guerra
contra los subversivos» y arremetió contra los gobiernos de Néstor Kirchner
y Cristina Fernández, a quienes tildó de «enemigos».
En marzo, no titubeó a la hora de lanzar un llamamiento a los militares a «combatir» contra el actual Gobierno.
En
su último año de vida, se prodigó en conceder entrevistas, entre ellas a la
revista española «Cambio 16», en la
que habló sin tapujos de la comprensión y colaboración que le brindó parte de
la sociedad, en especial las clases altas, y la jerarquía de la Iglesia
Católica argentina, con la que «nunca se rompió esta relación de amistad».
Documentos oficiales demuestran incluso que ofreció asesoría a la Junta Militar
en el tratamiento que se debía dar a las peticiones de los familiares de los
desaparecidos.
En mayo pasado, el periodista argentino Ceferino Reato
publicó el polémico libro «Disposición
Final», que recoge veinte horas de entrevista con el octogenario militar,
realizadas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en Campo de Mayo.
Frases como «había que
eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la
justicia ni tampoco fusiladas», «pongamos
que eran 7.000 o 8.000 las personas que debían morir para ganar la guerra
contra la subversión» o «nuestro
objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada» causaron un fuerte
rechazo.
Pero también sirvieron para retratar a un personaje tan
siniestro como Videla, que en julio del pasado año escuchó sin inmutarse el
veredicto del Tribunal Oral Federal Número 6 de Buenos Aires, que le condenó a
50 años por el plan sistemático de robo de menores durante la dictadura. Las
Abuelas de Plaza de Mayo cifran en cerca de 500 los niños, muchos recién
nacidos, arrebatados a sus madres detenidas y desaparecidas.
Si en 1990, el expresidente Carlos Menem indultó a todos los
represores, el 24 de marzo de 2004, Kirchner ordenó retirar del Colegio Militar
los cuadros de Reynaldo Bignone y Videla, inaugurando una nueva era que en 2008
le llevó a una cárcel militar y, después, a una prisión común y corriente.
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