Rebelión, 06-05-2013
Próximamente se cumplirán 65
años desde que el líder de una comunidad étnica minoritaria –gran parte de
ella, recién llegada- proclamara con el apoyo de las principales potencias
mundiales, la creación de un Estado étnico-religioso en las tierras habitadas
mayormente por otro pueblo, un pueblo pobre, desprotegido y abandonado a su
suerte por la comunidad internacional.
La
implantación de Israel en tierra palestina en 1948, previa conquista por las
armas y expulsión de sus habitantes, es uno de los actos más atroces del siglo
XX y sin embargo quienes lo hicieron han logrado convencer a gran parte de la
comunidad internacional de que ese hecho fue producto de una resolución de las
Naciones Unidas, la famosa Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 que aprobara
el Plan de Partición. Incluso muchos de los activos defensores de la causa
palestina repiten a coro esa afirmación, otorgando al Estado terrorista de
Israel un aura de legitimidad de la que carece totalmente.
La
Resolución 181 efectivamente consideró un Plan de Partición con Unión Económica
para el territorio de Palestina bajo mandato de Gran Bretaña, desde la época de
la Sociedad de las Naciones, ente creado por las potencias coloniales después
de la Primera Guerra Mundial. Pero de la simple lectura del texto surge que la
Asamblea de las Naciones Unidas recomienda al Reino Unido y a los
demás miembros la aprobación y aplicación de dicho plan e invita
a los habitantes de Palestina a hacer lo propio.
Es
lógico que así haya sido ya que las Naciones Unidas no tienen, de acuerdo a su
carta orgánica, ninguna facultad para disponer del territorio de ningún Estado
miembro o no miembro, ni siquiera de los llamados territorios fideicomitidos,
los que formaban parte del sistema de mandatos ya mencionado. Los artículos 73
y siguientes de la Carta de las Naciones Unidas regulaban estas situaciones
previendo que debía ayudarse a los pueblos que habitaban esos territorios a
alcanzar el gobierno propio, para lo cual se debía tener en cuenta “los
deseos libremente expresados de los pueblos interesados”. Es sabido que los
palestinos nunca fueron consultados pero, enterados de la resolución, sus
principales referentes comunitarios dijeron terminantemente que no, ya que el
Plan de Partición preveía entregar el 56% del territorio al 33% de la población,
en gran número llegados muy poco tiempo antes, lo que constituía una injusticia
notoria.
La
comunidad judía, liderada por David Ben Gurión, aceptó la partición pero no sus
límites –ni las condiciones jurídicas y económicas que se proponían- desatando
en consecuencia una guerra de conquista para apoderarse de la mayor cantidad de
territorio posible y a la vez llevó adelante un proceso de limpieza étnica
contra la mayoría palestina para que el futuro Estado de Israel contara con un
predominio de población judía indiscutible. Es decir, para construir un Estado
étnico en el que la mayoría profesara la religión judía o se identificara con
esa tradición.
Como
resultado de esa guerra, el Estado proclamado el 14 de mayo de 1948 pasó a
ocupar el 78% del territorio palestino y la población originaria fue recluida
en el 22% restante o expulsada a los países vecinos, salvo una pequeña cantidad
que permaneció en el territorio del nuevo Estado ya que no amenazaba el “carácter judío” de éste. El siguiente
mapa es ilustrativo al respecto:
Resulta
evidente que si el territorio finalmente controlado por Israel e incorporado a
su Estado no se condice con el propuesto por el Plan de Partición, éste no fue
aceptado ni aplicado. No es posible aceptar una propuesta de solución por la
mitad, rechazando lo que no conviene. Ergo, lo que Israel obtuvo fue producto
de una guerra. Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado y constituido
en franca violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas,
aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado”. Israel es un Estado implantado en tierra ajena.
Tampoco aceptó la comunidad judía –liderada por
el sionismo- la internacionalización de Jerusalén que proponía el Plan de
Partición, como ciudad dependiente de las Naciones Unidas, con gobierno
municipal propio, para proteger lo que se consideraba la ciudad santa de las
tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ciudad que se
abriría así a los peregrinos de todas las religiones sin pertenecer a ninguna
en particular. Los sionistas desataron un plan de atentados terroristas y una
guerra feroz para apoderarse de Jerusalén y lograron hacerlo sólo en la mitad
occidental dada la feroz resistencia árabe y en particular del Rey de Jordania
que impidió se apropiaran de los lugares sagrados. Finalmente lo consiguieron
en 1967 al tomar Jerusalén Oriental. En 1980 la proclamaron capital indivisible
del Estado de Israel en otra abierta contradicción con la Resolución 181, hecho
que fue condenando por Naciones Unidas mediante la Resolución 478 de ese año.
El Plan de Partición establecía la igualdad de
derechos civiles y políticos de todos los residentes, árabes o judíos,
cualquiera fuera el Estado en el que finalmente quedaren habitando y preveía
también la Unión Económica entre ambos Estados a crearse, el árabe y el judío,
que se expresaría en una unión aduanera, una moneda común, la administración
conjunta de los transportes, el riego y en general toda la infraestructura de
servicios públicos. Es obvio que nada de esto se cumplió pero además el Plan
prohibía la expropiación de inmuebles salvo por razones de orden público. Es
sabido que no se expropió a los palestinos, lisa y llanamente se les
confiscaron sus propiedades y pertenencias que fueron repartidas entre los
judíos a caballo de la Ley de Ausentes que declaraba tales a los expulsados por
la fuerza. Perdieron sus derechos civiles y durante mucho tiempo se les privó
de sus derechos políticos, situación que hoy persiste en gran medida ya que les
está prohibido proponer que Israel no sea un estado judío sino uno laico, de
todo la población.
Resumiendo, las Naciones Unidas no crearon el
Estado de Israel porque:
1) carecen de facultades
para ello;
2) sólo aprobaron una
recomendación, es decir, una propuesta de mediación para resolver un conflicto
entre partes;
3) las partes no aceptaron
la propuesta;
4) la comunidad judía en
Palestina desató una guerra, expulsó a la mayoría de la población originaria y
proclamó un Estado étnico-religioso excluyente en un territorio muy superior al
previsto en la propuesta de partición;
5) no se internacionalizó
Jerusalén;
6) no se conformó la Unión
Económica ni la administración en común del agua o el sistema de transportes;
7) se confiscaron las
propiedades de los residentes palestinos expulsados para ser entregadas a los
conquistadores, privándoselos de sus derechos civiles;
8) se limitaron sus
derechos políticos.
De allí que seguir sosteniendo, como lo ha hecho
el sionismo muy hábilmente, que Israel es producto del Plan de Partición de
Naciones Unidas, no sólo es una falacia sino que además otorga a un Estado
surgido de un hecho de conquista por la fuerza de las armas, un status de
legitimidad que indudablemente no posee. Esta creencia trae como corolario un
error de diagnóstico sobre el origen del drama del pueblo palestino, que no fue
en 1967 con la ocupación de nuevos territorios en la Guerra de los Seis Días,
–como afirman los sostenedores del Estado sionista- sino en 1948 con la
conquista y limpieza étnica de la Palestina histórica.
Miguel Ibarlucía es
abogado, autor de Israel, Estado de Conquista, Editorial Canaán, Buenos Aires,
2012.- Normal 0 21
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia
de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
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