09/05/2013
x La Haine / Agencias
Para
justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla,
además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno del presidente genocida
dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico; el
presidente militar lo declaró así a medios internacionales y lo recogió, por
ejemplo [como siempre], 'El País' de España, mientras que el Ministro de
Gobernación afirmó contundentemente que había una estructura de los Zetas
[cártel narco mexicano] que aprovechaba la protesta contra la mina.
Ayer,
sin embargo, tanto el Ministro de Gobernación como la Fiscal General, dijeron
que no había evidencias de vínculo con el narcotráfico, no obstante que se
había señalado a los dirigentes del Parlamento Xinca y de la comunidad de Santa
María Xalapán, de estar vinculados con los Zetas. Ahora se dijo que el Estado
de Sitio se dispuso para recuperar los explosivos robados a la mina San Rafael
y para recuperar las armas que les fueron robadas a los policías retenidos
ilegalmente por pobladores.
El
Estado de Derecho contiene los mecanismos para sancionar a los agentes de
seguridad de la mina que agredieron a particulares. Ese mismo Estado de Derecho
tiene mecanismos, inútiles por cierto, para investigar por qué los
inversionistas se quejaron hace pocos meses de que les estaban pidiendo dinero
a cambio de otorgar la licencia y cómo fue que mágicamente la misma les fue
otorgada.
Vinculan a empleados de mina con muerte del policía
Hasta
el momento, las investigaciones establecen la participación de dos trabajadores
y del jefe de seguridad de mina San Rafael, Alberto Rotondo, en los disturbios,
golpes y altercados con pobladores de esa comunidad.
Uno
de los aprehendidos es directamente sindicado de la muerte de un agente de la
Policía Nacional Civil (PNC). El hecho fue la excusa para establecer el estado
de sitio en cuatro municipios.
A
seis días de la vigencia del estado de sitio, el Ministerio Público (MP) y la
Policía Nacional Civil (PNC) realizaron una conferencia en conjunto para dar a
conocer los resultados de los operativos represivos en defensa de la minera
canadiense. Hasta el momento se han efectuado 95 allanamientos en cuatro municipios
de Santa Rosa y Jalapa, y han detenido a 19 activistas.
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