Estado Español: En defensa de la enseñanza pública: 9 de mayo: huelga general por la retirada de la ‘ley Wert’
Cuarto Poder, 08-05-2013
Hay una campaña contra la educación pública que
comprende recortes, una contrarreforma legal, una serie de medidas
complementarias y la nueva reforma universitaria. Las razones de fondo obedecen
a motivos ideológicos y a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Sobre casi
todo ello ya hemos hablado, pero los problemas siguen ahí y ante la continuidad
de las agresiones se han convocado movilizaciones para los primeros días de
mayo.
1. La lógica de la que parte el Gobierno es que
hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, que para un mercado de
trabajo precario no hay por qué invertir demasiado, que basta con formar a una
élite en la “excelencia”. De ahí que
el objetivo del gobierno del PP es reducir la inversión educativa del 4.6% al
3,7% del PIB, muy lejos del deseable 7% que dedican los países de nuestro
entorno con mejores resultados. Ello producirá el consiguiente impacto en la
calidad del sistema educativo (despido de profesorado, aumento de la ratio,
recorte de la atención a la diversidad, de becas y de comedores, endurecimiento
de las condiciones de trabajo, etc.); impacto solo aminorado por el esfuerzo
del profesorado y las familias comprometidas con la escuela pública.
2. El anteproyecto
de ley de educación (LOMCE) es clasista, privatizador, confesional,
antidemocrático y desahucia a una parte importante del alumnado al segregarlo
de forma temprana hacía vías muertas. Lo más reciente ha sido el varapalo
que ha recibido del Consejo de Estado. Esta institución es un
cementerio de elefantes de la clase política y no el soviet de Petrogrado. Que
una institución tan conservadora haya dictaminado contra la LOMCE indica que
solo el ministro Wert está a la derecha del sentido común.
El Consejo dice que no entiende que la ley no vaya acompañada de una
memoria económica que asegure su financiación; critica la pérdida de
participación de la comunidad educativa; pide que Educación para la Ciudadanía
sea obligatoria, como en otros países europeos; que no se debe discriminar al
alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a las clases alternativas
que imparten valores éticos y sociales; no ve las subvenciones a centros que
segreguen por sexo sin justificación y pide medidas académicas a favor de la
igualdad; las comunidades bilingües son las que deben garantizar una proporción
razonable de su lengua y el castellano; los exámenes externos, en su caso,
tienen que realizarlos funcionarios públicos y no empresas privadas o
profesores contratados.
Por último, reclama un gran pacto social que dé estabilidad al sistema
educativo. Este punto es el más importante, porque un anteproyecto que no tiene
ningún tipo de consenso de la comunidad educativa y sólo es defendido por el
ministro de Educación más desprestigiado de la democracia, nace inevitablemente
muerto
3. En tercer lugar están las normativas
complementarias a la LOMCE, que se viene aplicando en algunas CCAA como Madrid
y ahondan en la privatización de la educación y minan la igualdad de oportunidades.
Apelando a la “libertad de enseñanza”,
a la “transparencia informativa de los
centros” o a la “calidad educativa”,
permiten la libre oferta y demanda de las plazas escolares como si fueran
establecimientos comerciales. Veamos en el caso de Madrid, por lo que tiene de
avanzadilla, algunas de estas medidas:
a) La nueva normativa sobre jornada continuada en los
colegios de primaria. Surge con la intención de enfrentar a la comunidad
educativa entre sí, de generar diferentes situaciones para beneficiar a la red
concertada, de perjudicar a las familias con menos recursos y de suprimir los
comedores escolares.
b) El decreto de libertad de elección de centro. Se
crea una zona única de escolarización por municipio, se desregula la
organización que facilitaba la proximidad al centro y la socialización con el
entorno más cercano, y se facilitará el trasvase, la masificación de unos
centros públicos y la desaparición de otros, aumentando los conciertos
privados.
c) La publicación en forma de ranking de las pruebas
de conocimientos y destrezas indispensables. Que no tienen en
cuenta el contexto de los centros, la composición del alumnado y los recursos
disponibles; solo sirven para elaborar un ranking que daña la imagen de
los centros, profundiza en la competitividad entre centros y
pervierte el fin de la educación, ya que provoca, en la práctica, que se
oriente hacia la prueba. En vísperas del inicio de la campaña de matriculación
la CAM ha publicado el ranking de centros [vídeo al final del artículo].
d) Los nuevos sistemas de acceso y de regulación de
las listas de interinos, porque plantea la oposición como si fuera el Trivial,
viene a reducir a la mínima expresión el valor de la experiencia o suprime los
méritos por formación; ello conduciría a miles de despidos y a abrir la
posibilidad de contratar a nativos sin ninguna oposición.
4. La Universidad Pública también está llamada a la
movilización por la difícil situación que tiene derivada del Plan Bolonia y la
Estrategia Universidad 2015. Acosada por el recorte en su financiación y las
deudas con las Comunidades autónomas, por la tremenda subida de tasas y recorte
de becas y en investigación y por el despido de profesores y personal. Otra
amenaza es la nueva reforma universitaria que supone la entrada de las empresas
en la universidad para supeditarla al mercado, lo que se ha dado en llamar el “capitalismo académico”. Ello haría
perder las funciones que debe de tener una universidad pública: el carácter
universal, humanístico, autónomo y crítico.
Ante este panorama de agresiones y la posible aprobación por el consejo
de ministros del anteproyecto de la LOMCE, se está levantando una ola de
rechazo. Se han empezado a convocar movilizaciones como los encierros y noches
en verde del día 25 y del último fin de semana de abril. Las movilizaciones de
profesorado interino en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y todo el
malestar que provoca la ley Wert se manifestará en la huelga general de
la Enseñanza Pública del 9 de mayo y afectará a toda España y a todos los
niveles educativos. Está convocada por todo el mundo: sindicatos, estudiantes y
AMPAS.
Lo único razonable, a estas alturas, es la retirada del anteproyecto de
ley y la apertura de una negociación seria entre todos los sectores afectados.
Lo contrario, hacer caso omiso de la crítica de todos los sectores y del propio
Consejo de Estado, y aprobar el 10 de mayo la ley en el Consejo de Ministros,
es ir descaradamente a por la educación pública. Y eso tendrá respuesta y
consecuencias. El Gobierno debería aprender que las mareas suben y bajan, que
cuando se retiran no retroceden: es su manera natural de recordarle que
volverán. La marea verde seguirá haciendo arena de la roca.
Agustín
Moreno es profesor de Enseñanza
Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.
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