Fuente: La Jornada
Desde febrero de este año, en el estado de
Morelos se ha desarrollado un movimiento ciudadano y de los pueblos en contra
de la minería tóxica, con comités de lucha en las comunidades de Alpuyeca,
Miacatlán, El Rodeo, Mazatepec, Cuentepec, Xochicalco, Coatetelco, La Toma y
Cuernavaca, cuyo objetivo es impedir que la empresa canadiense Esperanza Silver
establezca una mina a tajo abierto en el cerro del Jumil, localizado en el
municipio de Temixco y en las proximidades de la zona arqueológica de
Xochicalco, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Recientemente,
el movimiento ha dirigido sendas cartas a diversos actores políticos y
funcionarios de gobierno e instituciones universitarias, en las que advierte
sobre las nocivas consecuencias objetivamente previsibles en distintos rubros,
que ocasionaría la autorización de la actividad minera, a escasos 12 kilómetros
en línea recta del centro de la capital del estado. Destaco sintéticamente
algunas.
1. La severa contaminación
del manto freático resultante de los procesos industriales asociados a la
minería de metales preciosos con uso de químicos altamente tóxicos.
2. El consumo desmesurado
de agua y energía en una zona donde las comunidades originarias y mestizas,
rurales y urbanas asentadas en la región, no tienen acceso suficiente a estos
recursos, ya de por sí limitados y en proceso de disminución.
3. El vertido al aire de
polvos con particulado tóxico muy diverso, inclusive con metales desconocidos
por la propia compañía, que se dispersará inevitablemente según las corrientes
de los vientos más allá de la zona específica donde se pretende establecer la
mina.
4. La destrucción radical
del hábitat con el daño a la biodiversidad de la zona, intensificando un
proceso de deforestación en esa región. La selva baja caducifolia no se repone
en un par de años, como ha anunciado La Esperanza Silver públicamente en la
serie de mentiras que ha propalado.
5. El proceso de
destrucción de suelo fértil que ha tenido hasta ahora una vocación agrícola en
su espacio de asentamiento. Este proceso es definitivo.
6. La acumulación de
material tóxico de desecho por los futuros años, lo cual agrava el deterioro
ambiental que generará, perjudicando la calidad de vida de los habitantes y las
condiciones requeridas para la existencia de seres vivos a corto, mediano y
largo plazos.
7. Los tajos abiertos de
la mina cambiarán el paisaje en forma negativa, lo cual, aunado a las otras
devastaciones, dañará el rubro del turismo y a quienes dependen de esa
actividad.
8. El perjuicio de manera
directa e indirecta a la salud de las poblaciones originarias y mestizas
colindantes, en un radio que abarca y rebasa a las comunidades ubicadas en las
concesiones o directamente colindantes. La manifestación de impacto ambiental
no contiene un apartado específico respecto a los daños a la salud, los cuales,
siendo previsibles, no han sido descartados por la empresa ni por entidad
sanitaria estatal o federal alguna.
9. Las estrategias ya
aplicadas por la compañía minera para ganarse la adhesión de la comunidad de
Tetlama y de otras comunidades, han generado discordias y conflictos, antes
inexistentes, intra e intercomunitarios, mediando además en ello, el soborno de
autoridades locales para favorecer sus intereses. Los operadores de la
corporación están aplicando, como sucede en otras regiones del país y de
América Latina, procedimientos de ingeniería de conflictos para confundir y
confrontar a la población.
10. La Esperanza Silver ha
generado ya y aplica una estrategia deliberada de desinformación sistemática y
de ocultamiento y falseamiento de información sobre los efectos nocivos de la
minería a cielo abierto. Esta desinformación sistemática tiene una contraparte
y es la ausencia absoluta de información objetiva hacia las comunidades por
parte de las instancias gubernamentales tanto a nivel federal como estatal y
municipal. Se trata de un silencio cómplice, funcional al interés foráneo, sea
deliberado o sea producto de la franca negligencia: ni las universidades en
Morelos ni las instancias sanitarias ni las ambientales ni las educativas ni
las de cultura ni las de desarrollo social han advertido a la población
respecto de los efectos nocivos objetivamente previsibles de las explotaciones
mineras de este tipo, aun conociéndolos y estando al tanto de la iniciativa. La
omisión que comparten diversas dependencias oficiales, tanto estatales como
federales, es preocupante e indicativa de una grave irresponsabilidad y de una
pérdida de identidad institucional y nacional, del sentido de patria, así como
del desdeño hacia la población. Esta
omisiónopera a favor de las iniciativas de megaminería tóxica
11. La empresa, y quienes
la apoyan abierta o solapadamente, han producido un clima abierto de
confrontación y descalificación en contra de los ciudadanos y movimientos
sociales que se oponen a la iniciativa minera. No se han tomado medidas legales
o penales ante las violaciones en que ya ha incurrido la empresa canadiense al
respecto en nuestro país.
12. La poligonal asignada a
la zona arqueológica de Xochicalco está incluida expresamente en las
concesiones otorgadas a la empresa minera, lo que abre la posibilidad de que
tanto el subsuelo como la misma zona arqueológica sean intervenidas. La
explotación minera generará afectaciones en sí a estructuras y vestigios prehispánicos
que forman parte del sistema histórico de Xochicalco y que existen en la zona
misma de explotación requerida por la minera. Siendo el área concesionada una
extensión mayor de 15 mil hectáreas, el paisaje natural que le da sentido
visual y geográfico al asentamiento prehispánico va a desaparecer.
Así, ¿necesitamos más argumentos o más qué? No a la mina, sí a la vida.
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