Sábado, 04 Mayo 2013
El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Buenos Aires consideró que se
violó la Ley de Seguridad Pública en la represión ordenada en el Hospital Borda
y por lo tanto presentó un duro pedido de informes dirigido al secretario de
Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
El legislador porteño Alejando Bodart (MST)
denunció penalmente a Mauricio Macri por lesiones en el marco de la represión
de la que fue víctima el viernes, junto a internos, médicos, periodistas y
otros legisladores en el Hospital Borda, a manos de la Policía Metropolitana.
En declaraciones a la prensa en la puerta de la
Cámara Criminal y Correccional (Viamonte 1147), el legislador precisó que la
denuncia penal también alcanza al ministro de Justicia y Seguridad Guillermo
Montenegro; el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y el jefe y subjefe
de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Enrique Pedace.
Según dijo, la denuncia penal es "por abuso de la autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público, daños y lesiones".
Pero, además, Bodart impulsa un pedido de juicio
político contra Macri, que será presentado esta tarde por diputados de la
oposición, según adelantó.
"Macri creó una fuerza represiva no para cuidar a los vecinos, sino
para actuar como fuerza de choque contra un gobierno, para proteger, en este
caso un negocio inmobiliario", señaló el legislador porteño.
"Fui víctima de lesiones en el mismo lugar donde se producía la
rehabilitación de pacientes. Tuve que ser hospitalizado, tengo todo el cuerpo
marcado, y tengo la filmación donde se ve que me apuntan y me disparan, y una
bala, no sé de qué, me pasa cerca de la cabeza", dijo Bodart a la prensa.
Agregó que lo que le sucedió a él, "también le pasó a distintas personas
que estaban en el lugar, como gente de prensa, pacientes y médicos, e incluso
gente que sólo pasaba por allí".
"Esta represión brutal se dio dentro de un hospital y podría haber
habido un muerto", aseveró el legislador, que relató que fue al hospital "al ver las escenas" en la
televisión y en respuesta a los llamados que recibió de trabajadores del Borda.
Bodart recordó que cuando llegó al Borda, "ya se había destruido el edificio y,
sin embargo, la policía siguió reprimiendo dos horas más", e
interpretó esta actitud como la voluntad de "dar
la señal de que iban a hacer cualquier cosa, que eran impunes, que podían
golpear a cualquiera".
"Estábamos con los carnets de diputados y nos golpearon a todos. Yo
pude ver por el suelo a la defensora del pueblo. No tenían recaudo en nada, ni
en periodistas, ni en gente que pasaba por ahí. Cuando le pedimos explicaciones
no había ningún funcionario ahí. Tampoco se apersonó nadie, era hagan lo que
quieran", explicó.
Según el legislador, Montenegro tendría que "haber presentado la renuncia" y
"hacerle un favor a Macri".
Sin embargo, dijo, el gobierno porteño "salió a defenderlo apelando a la
mentira", a "justificar lo
injustificable", diciendo que tenían "una orden de la Justicia que los había autorizado", y al
afirmar que "en el lugar que
destruyeron no había nadie trabajando, cuando había muchos empleados allí
trabajando que brindaban servicio de rehabilitación a los pacientes".
"Dicen que la policía actuó porque se estaba produciendo un delito,
cuando el delito lo estaban produciendo ellos", consignó.
Bodart interpretó esta actitud del gobierno porteño como un mensaje en el que advierten que "van a aplicar mano dura, aun violentando la ley".
Bodart interpretó esta actitud del gobierno porteño como un mensaje en el que advierten que "van a aplicar mano dura, aun violentando la ley".
Dijo que el centro cívico que el gobierno
porteño quiere construir en tierras del Borda es "completamente innecesario", sobre todo en el marco de "una ciudad que hace poco se inundó y
que requiere obras".
"Dicen que no tienen plata e intentan hacer obras faraónicas en un
hospital para que el Jefe de Gobierno tenga una oficina más grande", ironizó.
Finalmente, el legislador convocó a la
ciudadanía reflexionar ahora "para
no esperar a mañana, cuando tengamos un muerto", porque "si fueron capaces de hacer esto en un
hospital, son capaces de hacer cualquier cosa, en cualquier lugar".
Piden informes al gobierno de la
Ciudad por la represión en el Borda
El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Buenos
Aires consideró que se violó la Ley de Seguridad Pública en la represión
ordenada en el Hospital Borda y por lo tanto presentó un duro pedido de
informes dirigido al secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
"Si los efectivos de la
fuerza (Policía Metropolitana) fueron provistos con armas de fuego", es uno de los puntos sobre los que pregunta el
ODH, que también interroga sobre quién fue el jefe del operativo y "si
conocía la existencia de una medida cautelar vigente, dispuesta por la Sala II
del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad".
De acuerdo a lo analizado por
el observatorio, en la represión del Borda se violaron los principios de
gradualidad y de razonabilidad, según se establece en la Ley de Seguridad
Pública, de la Constitución porteña.
En ese contexto, se recordó lo
ocurrido en el Parque Indoamericano y se remarcó que "la policía
Metropolitana ya tiene 5 casos confirmados de ‘gatillo fácil’".
"Desde el macrismo se
intenta erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden,
cuando todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado
de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su
Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales", afirmó el Observatorio, en un comunicado.
"Desde el macrismo se intenta erigir a este operativo en uno de los
hitos de la ley y el orden, cuando todas las evidencias advierten que se trató
de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos"
En ese sentido, el ODH
informó: "En nuestros informes anuales ya hemos advertido que la
Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la
Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela
de las Américas en el Salvador".
En ese marco, definió que se
trata de "una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios,
es un ferviente admirador de la última dictadura militar".
El observatorio también
recordó el intento del Gobierno de la Ciudad de comprar "neopicanas"
Taser, prohibidas por la Justicia.
"Su ‘bautismo de fuego’ fue en el Parque Indoamericano contra los
sectores vulnerables de la ciudad, causando 2 muertos", manifestó el
Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, que remarcó: "La policía
Metropolitana ya tiene cinco casos confirmados de ‘gatillo fácil’…".
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