Por Heriberto Paredes Coronel
(Conferencia presentada en el simposio “Activism in Latin America” que tuvo lugar del 1 al 3 de abril en
la ciudad de Oklahoma, auspiciado por el College of International Studies of
The University of Oklahoma)
Porque no es dinero todo, como lo consideran el ministerio o los jueces,
no es dinero. Más bien, el dinero impulsa. Si usted le cobra dinero a una
persona que delinque por una falta, al rato va a salir a robar más, porque sabe
que tiene que pagarle a los cobradores del ministerio público o del juez y
aparte tiene que sobrevivir, entonces el que delinque nunca se corrige en esos
términos.
Juan Navarrete,
Coordinador de la Comisión de Conciliación y Justicia de Cherán K’eri,
Michoacán
No se trata de un “fenómeno” nuevo o de algo completamente descabellado como se hace
ver desde la prensa internacional, particularmente la europea, lo que sucede en
México es que el Estado ya no es necesario –si alguna vez lo fue- y ha sido
rebasado en sus funciones. Por lo menos en lo que respecta a la dotación de
seguridad y mecanismos de justicia. El periodo bélico inaugurado por el ex
presidente Felipe Calderón es tan sólo un escenario que agudiza esta situación
y la evidencia a la opinión pública.
Los sistemas judiciales que operan en cada
entidad federativa dejan mucho que desear, no resuelven, complican, acusan a
las personas afectadas por un delito, funcionan a través de la presunción de
culpabilidad y no de inocencia; los sistemas encargados de procurar justicia
son cada día más corruptos, inoperantes, sospechosos, son instancias en las que
nadie confía, desde los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) hasta el oficial de la policía municipal que pasa sus días
leyendo el roído periódico en las olvidadas agencias de provincia. Si de algo
puede quejarse un mexicano es de la injusticia que existe en este país, una
injusticia que lleva siglos sin cambiar.
Tomando lo anterior como una descripción básica,
pero no por ello menos certera, de lo que en materia de justicia existe
en territorio mexicano, habría que decir que la percepción de seguridad que
existe en las distintas entidades es también crítica, es más, me atrevo a
afirmar que si algo ocurre a nivel general en cada rincón del país es la
certeza de que no es posible estar seguros en la cotidianeidad, no se conoce
siquiera la sensación de tranquilidad que una vida puede tener; lo que hay en
cambio es miedo, desconfianza, incertidumbre, coraje, pasividad. En grandes
regiones campesinas, al norte y al sur de este gran país, las condiciones de
vida son ásperas, insuficientes para llamarles vida, son siempre el lado
negativo de lo que en la clase política se acostumbra: no hay escuelas y cuando
hay no sirven para nada, no hay comida suficiente y de buena calidad, tal y
como dice uno de los policías comunitarios organizados en la meseta
p’urhépecha, “hay una clínica del IMSS
pero no hay medicamentos, ¿dónde está el dinero destinado a esto?”.
¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué les queda por
hacer a toda esta gente que sobrevive día con día?
Tal vez no se pueda responder a todo de la misma
manera, tal vez ni siquiera se pueda responder idealmente a estas preguntas,
pero lo que sí es una realidad es que ante la falta de una respuesta honesta y
responsable de las instancias del Estado mexicano, muchas comunidades en
amplias regiones del país han decidido frenar esta situación y comenzar a
revertirla, se han organizado para lograr una seguridad y una justicia que sea
la traducción de su manera de vida, es decir, un sistema de justicia
comunitario del cuál sean los principales actores, no las víctimas.
Lo que sucede en México, respecto a estos temas,
tiene más matices y distintos contextos, pero por ahora me gustaría comenzar
con explicar puntualmente las respuestas más acabadas que a la falta de
seguridad y justica se le han dado. Dos estados son los principales escenarios
hasta ahora: Guerrero y Michoacán.
Para intentar ordenar este rompecabezas quiero
referirme al caso concreto de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), experiencia de lucha y de vida que
surge en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero en 1995, hace ya 18 años. En
las propias palabras de la Policía Comunitaria ellos consideran que “uno de los principales factores del
surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria fue la
ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del Estado. La gran
ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña (lo que hoy
es la carretera Tlapa-Marquelia) y la
Costa Chica (San Luís Acatlán-Marquelia) de Guerrero en la década de los ochenta e inicio de los noventa movió a
los habitantes de algunas comunidades de la región a organizarse para
combatirla”.[1]
En este caso es posible hablar de todo un
proyecto que trasciende la mera organización vertical que implica un cuerpo de
policía, estamos frente a una apuesta de larga duración que pone en práctica no
sólo mecanismos de prevención y contención sino un sistema de justicia que
parte de una visión distinta de lo que implica reparar el daño y reconstruir el
tejido social. No se trata de aplicar un justica regulada por el dinero o por
las corruptelas a las que los mexicanos estamos acostumbrados, se trata de una
justicia que nace de la visión y decisión comunitarias que toma en cuenta a las
personas como sujetos y sus contextos.
La visión de justicia nacida de la CRAC-PC tiene
principios definidos: “investigar antes
que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que
castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social,
impartir una justicia pronta y expedita”. Y se trata de una justicia
aplicada por varias instancias comunales así como con la investigación hecha
por consejeros que son avalados por las comunidades. Esta justicia no sólo
rompe con la larga cadena de extorsiones y desagravios clásicos de los
ministerios públicos, además se encuentra ubicada en otro paradigma, en otra
visión del mundo.
Los años en los que la Policía Comunitaria ha
transitado de una instancia en formación a lo que es hoy, una instancia
completamente establecida y legitimada por muchas más comunidades de lo
esperado, son también los años en los que el contexto regional y nacional se ha
modificado abruptamente, es el largo periodo de total descomposición de
segmentos estatales que antes parecían intocables pero también es el momento
histórico en el que el crimen organizado (venga de donde venga) es una
constante y muchas veces es una de las únicas opciones que tienen las personas
en medio de tanta pobreza y olvido. Ahora, dentro de una guerra velada que ha
dejado a más de 88,000 muertos, más de 20,000 desparecidos y una cantidad
incierta de desplazados[2], la
experiencia de la CRAC-PC causa resquemor en las esferas gubernamentales,
despierta intentos de manipulación y de descrédito por parte del actual gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre. Lo que la clase política ha dado como respuesta no
es más que una reacción predecible de molestia, ha sido hasta ahora una serie
de declaraciones mediocres y, en los hechos, una serie de intentos por
desestabilizar el proyecto comunitario a través de hostigamientos del ejército
y cuerpos policiacos, así como con la intención de dividir y fracturar con
enfrentamientos una unidad visible a todas luces.
Si en algo destaca el gobierno guerrerense es en
la destinación excesiva de recursos económicos a las comunidades en donde la
CRAC-PC tiene presencia, no para que las personas decidan en qué utilizar estos
recursos sino para que se cumplan las prebendas previamente acordadas. La
trampa está en aceptar estos recursos, detrás siempre estará el control y la
manipulación. Algo similar ocurre en Michoacán, estado mexicano en donde además
de producir migrantes para Estados Unidos, también se están construyendo
alternativas a las formas de vida impuestas desde la clase política y desde el
crimen organizado.
El contexto político es otro, hace dos años el
escenario se modificó radicalmente y lo que se presentaba como un estado
ingobernable, inseguro en todo su territorio, lleno de disputas entre los
distintos cárteles del crimen organizado. Esa era la imagen que se tenía de
Michoacán, o por lo menos la que el gobierno federal se encargó de construir
con mucha paciencia a través de los medios de comunicación oficiales. El 15 de
abril de 2011 una cabecera municipal clausuró sus entradas, y comenzó a
construir otra historia; la madrugada de aquel día, la población estaba
enardecida y comenzaba a organizarse en una lucha sin tregua contra las
personas que habían acabado con el bosque en los últimos tres años. Sin
embargo, no sólo se expulsó a los talamontes, también fueron expulsados los
cuerpos policiacos y los funcionarios municipales acusados de complicidad con
estos grupos de delincuentes pertenecientes al cártel conocido como la Familia Michoacana.
Fue este hecho de hartazgo el que desencadenó
una pronta unidad entre los habitantes de Cherán y lo que permitió que en pocos
meses se pudiera hablar del rescate de las formas tradicionales de organización
social y política. Haberle cerrado las puertas a los delincuentes y los
representantes del Estado fue, tal vez, la mejor decisión que se pudo tomar en
aquellos días; poco a poco comenzaron a resurgir las asambleas en cada barrio,
las discusiones en las calles y en boca de todas las personas, se rescató la
figura de la Ronda Comunitaria para protección de la población y para resguardo
de lo poco que quedaba aún del bosque. Mientras que en Cherán la política
regresó a ser un asunto del orden público y en el cuál se participaba
realmente, en el resto de Michoacán las cosas empeoraban, cada vez había más
comunidades afectadas por las disputas de territorios controlados, la
militarización de las ciudades y carreteras era ya una situación insoportable y
el entonces gobernador, Leonel Godoy, no atinaba sino a seguir las recetas del
gobierno federal.
En voz de los propios habitantes de Cherán se
especifica que “ahora como una de las
estrategias que han funcionado para recomponer las relaciones sociales dentro
de la comunidad, se ha conformado la Ronda Comunitaria, misma que se deslinda de la palabra ‘policías’,
pues ella trae consigo una carga simbólica que se ha deslegitimado y que es
signo de corrupción, por el otro lado nuestros mecanismos de autodefensa se
apegan más a nuestras formas de vivir”, señaló el Consejo Mayor de Cherán
en un evento realizado recientemente en la Universidad de Guadalajara.[3] A
diferencia de lo que el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna
asegura, la recuperación de esta figura de origen indígena, ha sido más
efectiva que todos los operativos encabezados por la policía federal y el
ejército.
Cherán es hoy, a dos años de su levantamiento y
de la recuperación de usos y costumbres para su organización social y política,
un pueblo seguro, lugar donde la gente camina a cualquier hora y lo hace con
confianza, sus calles y bosques están ahora protegidos por la Ronda Comunitaria
y por la reconstrucción del tejido social que antes se había visto fracturado
por el despojo y por la corrupción de las autoridades de todos los partidos
políticos. Ahora hay niños jugando en las calles, hay festivales de cultura y
de gastronomía, hay fiestas en los barrios, hay muchas iniciativas de
desarrollo económico y se cuenta con una radio propia, Radio Fogata; actualmente
es posible contar con la palabra de quienes componen la Ronda Comunitaria y se
puede confiar en ellos. Pese a las constantes agresiones que el propio gobierno
estatal ha lanzado en contra de Cherán, el camino de la autonomía ya se ha
cimentado profundamente y hoy es una realidad palpable, algo que es fácil de
constatar y que resulta un proceso en construcción constante. Por su parte, la
experiencia de autodefensa que se ha vivido en esta comunidad ha inspirado a
otras comunidades de la región, sobre todo en lo que se conoce como la Meseta
P’urhépecha y en algunas otras zonas de Michoacán y de otros estados del país.
Hay por lo menos cuatro cuerpos de leyes que legalizan y legitiman la
existencia de rondas o policías comunitarias en el país y que desmienten a los
funcionarios de gobierno que aseguran la ilegalidad de estos “grupos de autodefensa que buscan
desestabilizar al país”, tal y como los ha llamado el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: los artículos 2 y 39 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional sobre los Derechos
Civiles y Políticos.[4] Resultan ridículos los intentos que tienen los distintos
niveles de gobierno para criminalizar a las comunidades que se han organizado
para resolver las tareas de seguridad y justicia que el Estado ya no puede –ni
pretende- otorgar como parte de nuestros derechos constitucionales.
Hasta este punto se han expuesto dos experiencias claras y sustentadas en
un proyecto político de largo alcance, mucho se puede hablar respecto de cada
una, sin embargo en lo que ahora concentraré mi atención es en dar cuenta de
otras experiencias que se han llamado de autodefensa, de seguridad comunitaria
o de policía comunitaria y que se han multiplicado en estos últimos meses,
sobre todo en estados del centro y sur del país pero también en algunos puntos
del norte. Existen muchas variantes al respecto, muchas posibilidades y resulta
importante tratar de poner los elementos necesarios sobre la mesa de discusión,
al contrario de lo que han hecho algunos medios de comunicación, como el
periódico Reporte Índigo, o como lo
ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos al emitir declaraciones
confusas sobre este tema.
En diciembre pasado surge la Policía Ciudadana y Popular en el municipio de
Olinalá, Guerrero, argumentaron que su existencia se debe al alto índice de
complicidad existente entre los cuerpos policiacos estatales y los distintos
grupos del crimen organizado. Este ejemplo de autodefensas armadas se
multiplica en los meses siguientes hacia las zonas de Huamuxtitlán y Cualac, al
igual que en el municipio de Ayutla de los Libres y se desencadena una
efervescencia por lo evidente: se demuestra en la práctica que la delincuencia
organizada en México no es invencible, y que son los pueblos organizados los
que logran poner control y orden, acabar con la situación de inseguridad y
además impartir justicia con base en sus usos y costumbres.
Más allá de las diferencias existentes entre las organizaciones que
impulsan procesos de seguridad comunitaria, las comunidades y pueblos en estas
zonas de Guerrero han decidido mantener las acciones de autodefensa armada, han
comenzado a desarticular las redes de venta de droga, las redes de sicarios y
lograron comenzar con la implementación de mecanismos de justicia más apegados
a la realidad comunitaria. Según el periódico local El Sur en su nota del 17 de enero de este año, a diez días del
inicio de acciones de autodefensa se lograron eliminar al cien por ciento los
delitos en los municipios de Ayutla y Tecoanapa. Los testimonios de los
pobladores respecto a esta situación son determinantes, por ejemplo, uno de los
delincuentes detenidos por la Policía Comunitaria de Ayutla y presentado en el
Tribunal Popular que se llevó a cabo el 31 de enero, es un niño de 12 años que
declaró lo siguiente:
“Yo soy un niño de 12 años
que ha visto cómo torturan a la gente. Me sacan por la carretera, hasta una
casetita. Ahí tiene a un compa amarrado de pies a cabeza. Después lo sacan y le
empiezan a cortar sus dedos, luego sus manos, sus pies. Luego empezaron a
quitarle la cabeza. Como le dije a uno de esos compas que no iba a estar con
él, me anda buscando. Ahora soy uno de los más buscados en mi pueblo. Lo que yo
no quiero es meterme en más broncas. Yo sólo he visto cómo ha matado gente. Me
ha llevado a todas partes. Por aquí, por Las Mesas, hace poquito que descabezó
a un compa, no sé qué le debería. Como quien dice, me están entrenando para ser
un pinche sicario”.
Son estas y otras historias similares las que se han ido revelando conforme
la tarea de los policías comunitarios se profundiza y se amplía en su radio de
acción. En distintos puntos del país están ocurriendo procesos similares a los
que se viven en Guerrero y Michoacán, procesos que desnudan al Estado mexicano
y muestran abiertamente la condición fallida en la que está ahora, pese al
reacomodo de la clase política y el resurgimiento de los aires imperiales que
el PRI pretende implantar. El gobierno mexicano está rebasado en muchos
estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chihuahua,
Jalisco y Estado de México son los puntos en donde se desarrollan ahora mismo
procesos de seguridad comunitaria. En distintos niveles, de maneras precarias
muchas veces, incluso no vinculados a un proyecto político sino con la humana
urgencia de protegerse de la inseguridad y velar por los suyos, es así como las
personas deciden reemplazar al Estado y verifican que son capaces de resolver
las problemáticas por sí mismas. Hay tanta humillación y desprecio por parte de
los funcionarios de gobierno hacia las formas que moldean la seguridad
comunitaria que lo único que se obtiene es descrédito, se minimizan los
esfuerzos populares y se persiguen a quienes dan rostro y voz a estas policías
o rondas comunitarias, como si se tratase de delincuentes.
Hace tan sólo unas semanas realicé una serie de entrevistas a los
integrantes de una naciente ronda comunitaria, originarios de una comunidad
llamada Turicuaro, ubicada a poca distancia de Cherán y con prácticamente
mayoría indígena, quienes hablaban conmigo comentaron molestos que “el poder económico viene, establece
proyectos, destruye comunidades, se roba los recursos naturales y en lugar de
consultarnos nos quiere poner a trabajar como empleados de mantenimiento.
Nosotros no vamos a permitir que eso suceda, nos vamos a defender del crimen
organizado o del gobierno, vamos defender nuestras tierras y nuestros bosques,
y no nos vamos a detener, si nos matan una legión completa se levantará para
continuar con nuestra tarea. Ha llegado el momento”.
Y las comunidades continúan organizándose como grupos o cuerpos de
autodefensa armada. Recientemente, el pasado 10 de marzo, cuatro comunidades de
la Meseta P’urhépecha se levantaron en armas. No se trata de un proceso de
desestabilización como se afirma desde las propias esferas gubernamentales,
estamos frente y dentro de un proceso de reconstitución de las fuerzas
políticas y las formas de militancia social que responden al contexto en el
cuál vivimos todos los días. Poco antes de esta entrevista en Turícuaro,
asistimos a la celebración del Fuego Nuevo en Michoacán, es decir a la
ceremonia que inaugura un nuevo ciclo de siembra y vida según la tradición y
costumbre p’urhépechas; antes de encender el fuego, los encargados de la
ceremonia lanzaron un mensaje a todas las comunidades de esta nación indígena: “El momento ha llegado hermanos y hermanas,
es hora de encender el fuego nuevo y de que el día llegue, es el momento de salir
de la noche en la que hemos vivido hasta ahora. El momento de tomar las riendas
de nuestra vida como pueblos ha llegado, serán las rondas comunitarias las que
nos abran el paso y las que permitan que siga encendida la llama de este fuego
nuevo. No nos rendiremos, venceremos”.
Lo mismo sucede en Guerrero, los pueblos m’ephaa y nu’saavi, los pueblos
amuzgos y afro descendientes al igual que los mestizos siguen avanzando en el
camino de la autonomía, es en este sentido fundamental la existencia de las policías
comunitarias, son ellas quienes reconstruyen desde ahora el tejido social y
permiten una reconciliación, de otra forma, en medio de una guerra, sería
imposible pensar en la organización social comunitaria, sin frenar la
delincuencia y sin seguridad y justicia no se puede pensar en llevar una vida
un poco mejor. Y de esta misma manera en muchas otras zonas del país, el
surgimiento de un entramado de experiencias de seguridad comunitaria, es la
prueba irrefutable de que otro camino es posible, es la muestra de que las
propuestas políticas del zapatismo que permearon los estratos sociales más
bajos han tenido frutos, han construido caminos distintos, reales.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Se
trata del breve esbozo de un proceso que se desarrolla en México, pero a través
del cual es posible delinear algunas conclusiones básicas que, por supuesto, no
pretenden ser definitivas.
En primer lugar quiero apuntar que es evidente el surgimiento de formas de
organización comunitaria que tiene que ver con el resguardo y la protección de
los recursos naturales desde otro paradigma de justicia, estamos frente a
intentos –unos más acabados que otros- de recuperar el control del territorio
en medio de un contexto hostil en el cuál el crimen organizado y el Estado se
disputan las ganancias de un gran negocio como lo es el narcotráfico.
Estas formas van desde proyectos con amplia base social y con un proyecto
político de largo aliento, hasta formas incipientes de autodefensa armada que
aún no construyen un discurso claro sino que se mantienen en la lógica de
defensa. Estas experiencias tan variadas, en sujetos y contextos, se
desarrollan en zonas de amplia presencia indígena, pero también se han dado en
zonas habitadas por pueblos mestizos que recuperan el sentir comunitario más
que el étnico. Es esta característica la que posiblemente descontrole mucho a
los gobiernos locales y al federal, parten de la premisa que ubica a los
indígenas como los “revoltosos”,
mientras que al ver a poblaciones mestizas, no sabe cómo responder. “Ya no son sólo los indios los que se alzan
en armas, ahora también los mestizos jodidos”.
En segundo lugar hay que dejar muy claro que, de igual forma que se dan
procesos de seguridad comunitaria, también se presentan casos en los que grupos
de caciques arman sus propios grupos de autodefensa para impedir que la alta
concentración de tierras y sus excesivos lujos se pierdan o se vean afectados
por alguna organización indígena o campesina. Partiendo de este punto, hay que
señalar que en muchas ocasiones son estas autodefensas las que atacan
comunidades con alta politización o bien se convierten en grupos de
paramilitares que en ocasiones ya cuentan con entrenamiento del ejército. Es en
Chiapas donde se han visto muchos casos de este tipo, sobre todo desde el
surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); se
han visto masacres como la de Acteal o enfrentamientos con grupos paramilitares
que están a cargo de los propios funcionarios, sin importar el partido político
que gobierne la entidad.
No se debe perder de vista lo anterior y englobar en un mismo saco de
Policías Comunitarios a todo grupo que se levante en armas y diga que busca la
seguridad de su gente, hay que ser más cuidadosos en la investigación y
desenredar este tipo de lugares comunes actuales. No todo grupo de encapuchados
resulta una policía comunitaria legítima y con base social que la resguarde, en
una preocupante cantidad de ocasiones se trata de defensas de caciques o de
paramilitares; de igual forma es pertinente no criminalizar de inmediato,
considero que siempre es mejor analizar los procesos con mayor detenimiento.
Finalmente, tan sólo me resta precisar que es un contexto nuevo el que se
está construyendo, debido a que las militancias políticas en las zonas rurales
están atravesando por el resurgimiento de las rondas o policías comunitarias y
éstas realizan mucho más que sólo labores preventivas y de protección. Es
posible que frente a la interminable disputa entre cárteles y grupos del crimen
organizado y la ineficacia e inutilidad de la estrategia estatal las
experiencias de seguridad comunitaria se multipliquen hasta cubrir
prácticamente todo el territorio nacional. En tal caso es el Estado y los
distintos niveles de gobierno quienes se verán rebasados y denunciados por la
omisión de sus obligaciones y responsabilidades, mientras que el crimen
organizado se enfrentará a un contexto sumamente complejo en donde verán
mermada su operatividad y las ganancias que hasta ahora lo mantienen.
Es tan sólo el comienzo de lo que puede significar una vuelta en el rumbo
del país y que significaría una alternativa, tanto a la lucha armada de los
grupos político-militares así como a la vía electoral que ahora se muestra
cancelada. Significaría la consolidación de un proceso de cambio profundo que
plantearía nuevos horizontes de análisis de la realidad y que dejaría abiertas
las puertas a una transformación seria y constante del tejido social existente
hasta nuestros días. Tal vez signifique que las personas recuperemos las
riendas de este país y comencemos a tomar las decisiones con base a otra ética
y otra lógica fundamentada en el bien común o comunitario para dejar atrás,
como un pasado doloroso, las corruptelas y los robos de la clase política
actual.
NOTAS:
[1] Página web de la CRAC-PC: http://www.policiacomunitaria.org/content/quienes-somos
[2] Estas cifras fueron dadas justo en el cambio
de administración por parte de altos funcionarios de la Procuraduría General de
la República (PGR); argumentan que son las cifras reales pero que no pueden
admitirlas en público.
[3]http://www.tukari.udg.mx/noticia/concejo-mayor-de-cheran-distinguio-al-9-congreso-nacional-amer-2013
[4] http://www.purhepecha.com.mx/threads/5551-La-Ronda-Comunitaria-%28Polic%C3%ADa-Comunitaria%29-es-hist%C3%B3rica-legitima-legal-y-cultural#.UVDZLgvCQq8.twitter
Comentarios