Escrito por Proyecto Ambulante
Jueves, 25 Abril 2013
Consolida impunidad en Guerrero liberación de policías ministeriales acusados
en caso Ayotzinapa
Decisión
de jueces evidencia deficiencias en investigación conducida por
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
Familiares de Jorge Alexis y Gabriel deberán acudir a
instancias internacionales ante la falta de efectividad de la justicia en
Guerrero.
Recibirá
Relator de la ONU información sobre impunidad en ejecuciones extrajudiciales
de Normalistas de Ayotzinapa.
COMUNICADO DE PRENSA
Chilpancingo, Guerrero a 23 de abril de 2013.- El día de hoy fueron
liberados los dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) en contra de quienes se
ejercitó acción penal por el homicidio de los estudiantes Jorge Alexis Herrera
Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados
extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011 en medio de un violento operativo policial con el que se respondió a una protesta estudiantil, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011 en medio de un violento operativo policial con el que se respondió a una protesta estudiantil, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
La liberación de dichos
servidores públicos se materializó después de que la Justicia Federal ordenara
al Juez local a cargo del proceso que dictara un nuevo auto de formal prisión
contra los elementos de la Policía Ministerial, por ser insuficientes las pruebas
que en su momento presentó la Procuraduría guerrerense. Tras esta decisión,
ningún servidor público estatal o federal enfrenta hoy un proceso penal por las
graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de
la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 12 de
diciembre de 2011.
Es preciso recordar, que por
estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejercitó por
primera vez su facultad para investigar mediante un procedimiento especial
violaciones graves a derechos humanos. Precisamente, en la Recomendación 1
VG/2012 derivada de dicho procedimiento, el Ombudsman Nacional concluyó con
base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que
habían privado de su vida a los estudiantes habían sido disparados por elementos
de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero ubicados donde se encontraban
quienes hoy fueron liberados; no obstante, la CNDH fue omisa en coadyuvar para
que esas conclusiones fueran confirmadas en el ámbito penal.
La exoneración de los policías
acusados del asesinato de Jorge Alexis y Gabriel comprueba que en Guerrero no
hay justicia posible para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos
y que los órganos de procuración e impartición de justicia aseguran impunidad a
quienes delinquen desde el poder.
La liberación de los policías
imputados confirma los temores externados desde el inicio de las
investigaciones por los organismos de derechos humanos y los familiares de las
víctimas, en el sentido de que al haberse realizado las primeras diligencias
por mandos involucrados en los hechos y por peritos carentes de independencia,
a la postre los responsables se beneficiarían de la parcialidad de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, encabezada
sucesivamente por Alberto López Rosas, Juan Manuel Herrera Campos y actualmente
por la Procuradora Martha Elba Garzón.
Es preciso recordar que la
desconfianza ante la actuación de las autoridades estatales en los hechos, se
vio agravada, dado que fue público y notorio que la propia Procuraduría
deliberadamente obstaculizó el esclarecimiento de los hechos al intentar
construir una versión falsa de los mismos mediante la fabricación de
imputaciones contra los estudiantes, lo que incluyó la siembra de evidencia.
Pese a que los familiares de Jorge Alexis y Gabriel, junto con los estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron ante la justicia a aportar
elementos para la sanción de los responsables, poniendo en riesgo su vida y la
de sus representantes legales, hoy esos temores se ven confirmados y permiten
constatar la quiebra absoluta del sistema de justicia guerrerense.
En ese sentido, como ocurre a
menudo en Guerrero, sólo queda a los familiares de las víctimas acudir a las
instancias internacionales para buscar la justicia que en nuestro país se niega
a quienes son agraviados por agentes estatales. En ese sentido, la impunidad
por la muerte de Jorge Alexis y Gabriel será denunciada los próximos días ante
el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la ONU,
que visitará oficialmente el estado de Guerrero, y posteriormente ante el
Sistema Interamericano.
En virtud de las recientes
decisiones judiciales, las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de
diciembre de 2011 en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se suman a la larga lista de violaciones de
derechos humanos cometidas contra las y los guerrerenses que han sido
encubiertas desde el poder, como ocurrió con los crímenes cometidos durante la
Guerra Sucia o con las masacres de El Charco y Aguas Blancas. Hoy, ni la
tortura, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni los tratos crueles, ni las detenciones arbitrarias de los estudiantes son motivo suficiente para que existan procesos penales contra los responsables. Por ello, la impune represión del 12 de diciembre de 2011 marcará a perpetuidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero exhibiéndolo como continuador de los esquemas de ejercicio autoritario de poder que durante décadas han agraviado a la población guerrerense.
tortura, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni los tratos crueles, ni las detenciones arbitrarias de los estudiantes son motivo suficiente para que existan procesos penales contra los responsables. Por ello, la impune represión del 12 de diciembre de 2011 marcará a perpetuidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero exhibiéndolo como continuador de los esquemas de ejercicio autoritario de poder que durante décadas han agraviado a la población guerrerense.
En un contexto estatal
convulso, marcado por la desesperación ciudadana ante la inseguridad y por un
conflicto magisterial que trasciende hacia un movimiento popular de
indignación, la consolidación de la impunidad en el caso Ayotzinapa confirma y
muestra el grave deterioro de las instituciones públicas guerrerenses y la
complicidad del sistema de justicia con quienes abusan y delinquen desde el
poder.
Considerando
este degradado contexto y sabiendo que los familiares de Jorge Alexis y Gabriel
no cejarán en su búsqueda de justicia, acompañados por Tlachinollan, la Red
Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro José María
Morelos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresamos
nuestra preocupación ante las represalias que pueden desencadenarse con la
liberación de los policías ministeriales imputados y responsabilizamos al
gobierno de Ángel Aguirre Rivero de cualquier agresión cometida en contra de
los familiares de Jorge Alexis y Gabriel o en contra de sus representantes.
Comentarios