[Guatemala] Desde 2005, indígenas han realizado 74 consultas comunitarias rechazando proyectos extractivos
Escrito por CEPPDI
Lunes, 01 Abril 2013
En total 74 consultas se han efectuado desde el
2005 tuvieron como resultado el rechazo a la explotación de recursos naturales
en sus territorios.
CIUDAD DE GUATEMALA.- El
informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Oacnudh) informa de estas 74 consultas y detalla que a pesar
de ese rechazo, han sido entregadas 276 licencias de explotación y 111 de
exploración, a las que se suman 734 solicitudes pendientes en el Ministerio de
Energía y Minas, el cual otorgó siete licencias de exploración sin consultar a
los pueblos indígenas.
Debido a que los territorios para los cuales fueron entregadas éstas
últimas siete licencias son indígenas, la Oacnudh “llama al Estado a respetar todos los derechos individuales y
colectivos de los pueblos indígenas en la elaboración de tales políticas,
incluyendo el derecho a la consulta para otorgar licencias individuales”.
Agrega: “El Gobierno informó haber
iniciado un proceso de elaboración de una propuesta de ley y reglamento para
las consultas, aprovechando las buenas prácticas regionales”.
El informe detalla que el análisis del Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas en el 2012 “brinda criterios importantes que deben tomarse en consideración antes
de otorgar licencias de explotación de recursos naturales”.
Deben considerar factores sociales
También explica el documento
que esos criterios incluyen la necesidad de considerar factores sociales y
políticos relacionados con los proyectos, “más
allá del respeto del deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas y de
realizar estudios e impacto ambiental. Esta –licencia social- es esencial para
fomentar la confianza en un diálogo constructivo y de buena fe entre todos los
actores involucrados y para evitar posibles situaciones problemáticas”.
La Oacnudh insiste en su informe que se requiere una “respuesta decisiva” en los
conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales en territorios
indígenas ancestrales o cerca de ellos, “para
evitar el riesgo de posibles situaciones de ingobernabilidad y violencia”.
También hace énfasis en la necesidad de aprobar una legislación que
reconozca formas tradicionales de tenencia, posesión y uso colectivo de la
tierra por parte de comunidades indígenas.
Agrega: “El Estado no ha
garantizado el derecho de los pueblos indígenas a participar en procesos de
toma de decisión en la explotación de recursos naturales, incorporado al
derecho nacional con la ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes”.
Afirma además “Persisten vacíos
legales y deficiencias procedimentales en el otorgamiento de licencias. El
proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental carece de la consulta
requerida por los estándares internacionales y, aunque el Decreto Gubernativo
431-2007 contempla la realización de estudios de impacto ambiental social,
estos no son requeridos por las autoridades”.
Comentarios