Escrito por Francisco Guerrero
Miércoles, 10 Abril 2013
Guerrero, México. Detrás de la represión salvaje
contra los profesores de Guerrero, que exigen el cumplimiento de los acuerdos
tomados con el gobernador Ángel Aguirre para la reforma educativa, existen dos
procesos que son ensayos de lo que viene para México: las imposiciones
violentas de reformas pro empresariales y la articulación de movimientos
sociales para resistir al autoritarismo.
La historia de
Guerrero es la historia de las luchas sociales y también la historia de
represión al movimiento de los copreros en la década de los sesenta; de los
asesinatos de dirigentes sociales; de la guerra sucia entre 1964 y 1974; de la
lucha por la autonomía universitaria; de la insurgencia magisterial que sigue
desde los años setenta y hasta la actualidad; de la conquista del primer
ayuntamiento de oposición en la historia política de México, en Alcozauca; de
la movilización ciudadana electoral posterior al fraude de 1988; de los
desaparecidos; de la matanza de Aguas Blancas en 1995; de la matanza en El
Charco, Ayutla, en 1997; de los asesinatos de campesinos ecologistas; de la
lucha contra la presa hidroeléctrica La Parota y contra las empresas mineras en
los territorios indígenas. La de Guerrero es la historia de la dignidad contra
la represión gubernamental. Es la historia de insurgencias libertarias, de
hombres y mujeres sencillos y humildes que luchan por justicia y democracia,
por derechos y por dejar de ser la referencia nacional de la marginación
social.
El desalojo
hecho por la Policía Federal contra los maestros guerrerenses el 5 de abril en
la carretera México-Acapulco es el resultado de la cerrazón de las autoridades
para dar solución a las demandas del pueblo y el magisterio guerrerense. La
estrategia es agotarlos, cansarlos y negar los espacios del diálogo. Se
mantiene la mano dura en la respuesta que se da a los movimientos sociales y
las necesidades de la gente. Las reuniones entre maestros y autoridades han
sido sólo una cortina y, de parte de las autoridades, hacer como que se dialoga
mientras se prepara la represión. A las autoridades poco les importa si en el
plantón y las movilizaciones hay hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas,
familias completas y ciudadanos que se solidarizan con el movimiento.
Los maestros, en
su mayoría indígenas, provenientes de la Costa Chica, la Montaña y la zona
centro de la entidad, utilizaron como un recurso para hacerse escuchar y ante
el rompimiento del diálogo con las autoridades, el bloqueo a la carretera
México-Acapulco, justo en el punto donde hace un año fueron asesinados los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La táctica de las autoridades, como
respuesta a los movimientos sociales, es la misma para todos: la intimidación
con órdenes de aprehensión, las amenazas de despido, descuentos salariales,
levantamiento de actas administrativas a los maestros que se mantengan en paro,
el despido y renuncia obligada, la falta de diálogo, la cerrazón e
intransigencia.
Los desplegados
pagados por los empresarios convocando y justificando la represión en medios de
comunicación es una lógica beligerante por parte de los dueños del dinero, y
nuevamente confirma a la ciudadanía que la justicia sí existe para los
empresarios, amparados en el falso discurso de que se afecta al comercio y al
turismo. Este turismo y las ganancias que deja son para los ricos, mientras se
engaña a la población con simples empleos de camareros, meseros y en la
servidumbre. Los dueños del capital culpan a los manifestantes de la decadencia
del turismo, lo que en realidad es producto no de las manifestaciones sociales,
sino de la violencia que han sembrado las mismas autoridades, el abandono a la
población y la falta de políticas públicas de desarrollo social, de equidad y
justicia. El clima de inseguridad es lo que hace que el turismo haya dejado de
tener como destino Acapulco.
Ahora se da un
despliegue desmedido de fuerzas policiacas para contener a los maestros. Los
recursos son utilizados para reprimir, en vez de invertir en educación. Los
edificios públicos, como el Palacio de Gobierno de Guerrero, el Congreso del
Estado, hoteles, calles y centros policiacos se han convertido en cuarteles
donde se encuentran policías federales, estatales y municipales a la espera de
órdenes para reprimir al pueblo. Los constantes rondines del ejército y
la marina, así como la utilización de aparatos tecnológicos de punta, es un
despliegue de fuerza para contener a la sociedad organizada. Forma parte de una
lógica de contención, zozobra, temor e inhibición de la participación social.
Las declaraciones a la prensa del presidente de la República, el gobernador y
el secretario de gobierno es para jactarse de la tener el derecho de la “violencia legítima” y de “hacer cumplir la ley”. Y es que la
represión ha sido constante en Guerrero como forma de dar respuesta a las
demandas sociales. En un ensayo de lo que se puede aplicar a toda muestra de
inconformidad social en distintos puntos del país.
Un nuevo frente social
La articulación del movimiento de los maestros y
otras fuerzas ciudadanas organizadas nos da otra lectura. Las organizaciones
que se sumaron al movimiento magisterial fueron los fundadores del Consejo
Guerrerense 500 Años de Resistencia, el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), un sector de la Policía Comunitaria, el colectivo #YoSoy132
Chilpancingo, el Frente Unido de Escuelas Normales Públicas del Estado de
Guerrero (FUNPEG), la Policía Ciudadana y Popular, entre otros, lo que indica
un ascenso en la lucha magisterial y la incorporación de nuevos actores en la
lucha contra la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, asumida y
acatada por las autoridades estatales.
El tejido de
alianzas se convierte poco a poco en un movimiento popular ciudadano en rechazo
a las políticas públicas educativas y a la forma de gobernar de Ángel Aguirre
Rivero, basada en la intolerancia y el autoritarismo. También desenmascara su
actitud, ligada a las prácticas priístas, de alianza con los poderes
empresariales. El cansancio de la sociedad guerrerense no sólo es por la
reforma educativa, sino también por las alzas a los impuestos, a la gasolina, a
los servicios, a la canasta básica, por las desatenciones y el incumplimiento
de brindar seguridad a la sociedad.
Los ciudadanos
organizados de Guerrero empiezan a tejer una alianza en defensa de sus derechos
y libertades con demandas históricas.
La clase política del PRD, las autoridades y los empresarios unidos
El nuevo gobierno emanado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) es obtuso en la construcción de proyectos
sociales. El Congreso se encuentra supeditado a lo que marca el gobernador en
turno. La mayoría de quienes se encuentran ocupando las curules llegaron a
hacerlo envueltos en situaciones de imposición política y métodos
antidemocráticos de elección, basados en la cooptación y uso indiscriminado de
recursos económicos para elegirse. Hoy muestran su rostro de intolerancia y
falta de oficio político; responden a las iniciativas gubernamentales y
aprueban reformas en contra del pueblo. El PRD en Guerrero, como partido, ha
derivado en grupos familiares, cúpulas y en el buscar perpetuarse en el poder
sin importar la ética y los principios de servicio social. Una crisis de
identidad y amnesia histórica es la que se observa en los integrantes de la
cúpula de dicho partido, que establece alianzas con el PRI para realizar y
aprobar reformas antidemocráticas.
El sector
político de la entidad, con una mayoría en el congreso compuesta de miembros
del Partido de la revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde
Ecologista Mexicano, votaron a favor de una ley estatal de educación que no
beneficia a la población.
Unos días antes,
existía un compromiso entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG) y el gobernador de la entidad consistente en la
promoción de una ley que garantizara los derechos sociales y colectivos y la
gratuidad de la educación, que el gasto de las escuelas estuviera en manos de
las autoridades y no en los padres de familia, que se creara un Instituto
Autónomo de Evaluación Educativa en el Estado de Guerrero, que se otorgaran
plazas automáticas a los egresados de las escuelas normales públicas, entre
otros compromisos. Sin embargo, el 2 de abril los legisladores aprobaron una
ley estatal que contravenía todos los acuerdos establecidos entre el gobernador
y los maestros. Este hecho enardeció a los docentes porque no se cumplieron los
protocolos administrativos y de legislación, dado que sólo fue una comisión
quien dio lectura al documento, que muchos diputados desconocían.
Ese hecho detonó
el rompimiento de las negociaciones y el diálogo. En los días posteriores, los
maestros iniciaron una escalada en sus manifestaciones hasta llegar al 5 de
abril con el bloqueo a la carretera México-Acapulco. Los maestros resistieron
los embates salvajes de la Policía Federal. El saldo es de varios docentes
detenidos y algunos desaparecidos, algunos heridos y muchos profesores con
crisis nerviosa. Después del suceso, los docentes entraron a un repliegue y
articulación con organizaciones sociales y sus comunidades de origen.
Lo que sucede en Guerrero es el ensayo de lo que viene, de la represión
y de la imposición de leyes en contra de la población. No es raro en una
coyuntura en que se ha golpeado a otros movimientos sociales del país en la
última década. Es una escalada y son ensayos que se pueden aplicar en otros
lugares. Empezar en Guerrero es una pequeña muestra, pero la resistencia y la
indignación también crecen, la dignidad se mantiene y emerge.
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