Martes, 16 Abril 2013
La avasalladora campaña
propagandística que envuelve al accidentado proceso de la reforma educativa
urge a recordar la modesta, aunque crucial, demanda del M-132: el derecho a la
información. En otra oportunidad, allá por el amanecer de la insurrección ciudadana,
barajeamos una definición del movimiento, que conviene recuperar: conglomerado
sin límites precisados; mosaico de posicionamientos políticos e ideológicos que
convergen en la defensa de un principio universal: el derecho a la información.
Nótese que el movimiento no se enfrasca en la reivindicación de la libertad de
expresión, que en esta era de intensiva solicitud de subjetividades resulta una
redundancia. El M-132reclama, más bien, la facultad ciudadana de acceder a la
información necesaria para formar una opinión o postular un posicionamiento
público-político, reconociendo la categórica influencia de la mainstream, la desnaturalización de la
información que con voluntarioso frenesí cultiva la prensa tradicional,
acertadamente bautizada como el cuarto poder. La reforma educativa en curso,
atrapada en una discusión que no es discusión, en un diálogo que no es diálogo,
invita a traducir este reclamo en praxis. ¡Peña el que se raje!
Pero,
como bien sugiriera Jack “el destripador”: vamos por partes.
Antecedentes
La reforma constitucional en
materia educativa era uno de los puntos programáticos urgentes de aquel
caricaturesco pacto por México, suscrito por las distintas fuerzas partidarias,
sin el aval de ninguna fuerza social, salvo la fuerza que les prescribe su no
tan santa progenitora. Presentada por el exegeta de ciertos pasajes de la
biblia, Enrique Peña Nieto (también asiduo lector de Enrique Fuentes o Carlos
Krauze o Krauze Águila o Fuentes de la Silla), la reforma por la
calidad de la educación (¡sic!) alcanzó rango constitucional el pasado 7 de
febrero de 2013, tras la ratificación en los congresos locales, y la aprobación
en la cámara de diputados y el senado de la república. Fue promulgada por el
presidente el 25 de febrero, en compañía de sus cuates pactistas. Al día
siguiente se consumaría el levantón de su otrora cuataza, compañera histórica en las cruzadas priistas de
alfabetización nacional, Elba Esther Gordillo.
Contenido
manifiesto
En síntesis, la reforma
adiciona al artículo 3º constitucional el retórico presupuesto de la
calidad. También agrega una nueva
fracción al antedicho artículo, para la creación del Sistema de Evaluación
Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, órgano al que se otorgará el
carácter de organismo público autónomo, y cuya personalidad jurídica será
análoga a la del IFE, y cuya operatividad institucional será tan confiable como
la del IFE, o sea, incorruptible. La función de este órgano consistirá,
naturalmente, en evaluar el desempeño del sistema educativo nacional,
priorizando la evaluación magisterial, a partir de mediciones diseñadas por el
propio instituto, basadas a su vez en ciertos programas internacionales. La
dirección del instituto estará a cargo de una docta junta de gobierno, elegida
por el senado, a propuesta del infinitamente docto Enrique Peña Nieto, o el
docto ejecutivo en turno. También se contempla la promoción de la autonomía de
gestión de las escuelas, con el fin de mejorar la infraestructura, aunque no
especifica la potencial procedencia de los recursos.
Contenido
latente
La reforma educativa busca
retirar a los maestros la prerrogativa de elaborar programas o planes de
estudio e imponer un ethos consustancial con las demandas del mercado, donde el
sentido ético de la educación someta a ésta a condición de medio para perseguir
un fin, aquel de facilitar la ganancia de un individuo o sostenedor. Las
pruebas estandarizadas de evaluación usurpan la libertad de cátedra, reduciendo
al profesorado a una mera “correa de
transmisión”: su labor se limita a proveer respuestas para los exámenes, ya
no preguntas referentes a la vida o realidad del alumno: fórmula integral para
la formación de ciudadanos complacientes e imbéciles consumidores. En la
llamada “autonomía de gestión” se
incuba la privatización, por un lado, y la guetificación,
por otro, de la educación. Esta “autonomía”
frente a ciertos órganos gubernamentales aspira a incrementar la participación
de “organizaciones sociales y privadas”.
Para el caso de México, donde “organizaciones
sociales y privadas” equivale a “empresarios”,
la autonomía presupone la progresiva privatización de las instituciones
educativas. Además, el desplazo de un órgano central que regule universalmente
el comportamiento infraestructural de las escuelas (en esto consiste la “autonomía de gestión”), conducirá al
agudizamiento de las desproporciones materiales, presupuestarias e
instructivas, ya de por sí profundas, entre los centros educativos a los que
asisten los hijos de pudientes y los guettos-escuelas
a los que asisten los hijos de las familias más pobres. Como en Estados Unidos,
la segregación socioespacial en los recintos académicos alcanzará niveles
inéditos.
Objetivo
declarado
Recuperar la rectoría del
Estado mexicano en el sistema educativo nacional.
Objetivo
no declarado
Habilitar la rectoría de las
elites corporativas nacionales y foráneas en el sistema educativo nacional.
Desnaturalizar y desdibujar las prioridades de las instituciones educativas
para beneplácito de un grupo empresarial.
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