Esta semana, Chiapas fue, nuevamente, escenario de violencia contra
indígenas y campesinos que defienden la tierra y practican la autonomía, hechos
que se desdibujaron en los medios de comunicación electrónicos, tan afanados en
difundir imágenes de violencia intolerable –como la nombran– del magisterio
guerrerense, que protesta por la imposición de la reforma educativa, y de los
estudiantes que mantienen tomadas la rectoría de la UNAM.
Ambas
agresiones fueron directamente contra zapatistas y prozapatistas. Los primeros
son bases de apoyo del EZLN de la comunidad San Marcos Avilés, municipio de
Chilón, pertenecientes al Caracol de Oventik. Los segundos protagonizan
la lucha por la defensa de sus tierras en San Sebastián Bachajón, de donde era
originario el dirigente de los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona, Juan Vázquez Gómez, asesinado de cinco balazos.
Activo en la defensa de su comunidad desde 2007, Juan Vázquez había
denunciado el pasado 17 de abril, junto con otros ejidatarios adherentes a la
iniciativa zapatista, nuevas amenazas a su territorio por un proyecto turístico
en la región.
El clima de violencia en Chiapas, estado al que se trasladó la semana
pasada el presidente Enrique Peña Nieto para echar a andar su Cruzada Nacional
contra el Hambre, se recrudece con amenazas y hostigamiento directo contra
quienes defienden su territorio. Las agresiones nunca han desaparecido, es
cierto, pero los hechos violentos de esta semana son alertas que no deben
pasarse por alto, pues hacía mucho tiempo que no ocurría un asesinato político
en la entidad.
Las agresiones a San Marcos Avilés tampoco son nuevas, pero justamente
ahora vuelven las hostilidades contra las familias de ese poblado que desde
agosto de 2010 –cuando establecieron la escuela autónoma Emiliano Zapata– han
sido amenazadas por miembros de los que ellas denominan los partidistas. La intención de despojarlos de sus tierras es el
meollo del conflicto.
En un reciente comunicado, la Junta de Buen Gobierno con sede en
Oventik, detalló las violaciones cotidianas que han padecido los tres años
pasados, y sentenció que los tres niveles de gobiernos oficiales no han hecho
nada para detener las injusticias y la violación de los derechos humanos que se
están cometiendo en contra de nuestros compañeros bases de apoyo del ejido San
Marcos Avilés. La respuesta ha sido de groserías, burlas y más amenazas a
nuestros compañeros.
En Chiapas hay una amenaza latente de desplazamiento forzado contra
zapatistas y un nuevo asesinato político.
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