Para los maestros y maestras, siempre ha sido difícil tomar una decisión
colectiva para defender en todo momento el derecho a la educación laica,
pública y gratuita, que no es exclusivo del gremio magisterial, sino de todos
los mexicanos y mexicanas. No es nada sencillo asumir el compromiso de
movilizarse por una causa. Convencerse de que se tiene que luchar para
conquistar los derechos que le pertenecen al pueblo. Siempre es complicado
discernir lo que mejor conviene hacer como magisterio, ante coyunturas
políticas y sociales adversas y riesgosas. Pelear contra el Estado es pelear
contra un poder omnímodo que avasalla y destruye procesos organizativos y
proyectos de vida personales.
Cuando en la Montaña los
maestros y maestras toman el acuerdo de salir de las comunidades para ejercer
su derecho a la protesta, tienen que informar, consultar y pedir la anuencia de
la asamblea. La población no tan fácilmente acepta sus planteamientos. Los
cuestiona, les pide resultados, los obliga a asumir compromisos para no
desentenderse de sus responsabilidades como docentes. Al final, siempre les
piden que rindan cuentas de sus luchas. Lo más impresionante es que en varias
comunidades existe ese sentido de solidaridad y de generosidad, porque hacen
causa común con los maestros y maestras. Entre todos y todas eligen a varios
padres y madres de familia para que peleen al lado de los maestros y para que
con su sola presencia y su silencio expresen su indignación a las autoridades.
Tienen claro que salir del pueblo para protagonizar batallas en favor de la
educación implica mayores sufrimientos, porque es salir a un mundo desconocido
y hostil. Es luchar por la sobrevivencia en el asfalto, donde la mayoría de
citadinos son racistas y en ellos no habita la solidaridad, la tolerancia y el
respeto a la pluralidad de pensamientos y luchas. Por el contrario,
experimentan la orfandad, el desprecio, las mentadas de madre, las amenazas, la
arrogancia de las autoridades y los riesgos de ser reprimidos o encarcelados.
Cala en lo más hondo el
linchamiento mediático promovido por las autoridades y los funcionarios
públicos que no cejan de señalar a los maestros y maestras como flojos,
intransigentes, vándalos, revoltosos, radicales y como gente de bajo
nivel académico. No hay nada más lejano a esta percepción que la realidad
lacerante de maestros y maestras que están dispuestos a todo; a desplazarse
caminando a cualquier comunidad que les asignen; a vivir en situaciones
infrahumanas al igual que la gente que sufre el flagelo de la miseria. Están
decididos a trabajar no solo en el aula sino con la comunidad, para compartir
con ellos las adversidades económicas y los momentos festivos. Siempre se
piensa que los maestros y maestras tienen una vida regalada, que se la pasan
serenamente en el aula, que viven de los puentes y les encantan la pachanga y
los concursos escolares. Que tienen un salario remunerador que no se merecen y
que reciben grandes aguinaldos como si tuvieran grandes méritos. Nunca se
valora la formación académica que adquirieron; su trabajo pedagógico con los
niños y niñas; sus esfuerzos permanentes para superarse; sus cursos de
actualización; su vocación de autodidacta; su aporte económico para solventar
cotidianamente los gastos que las autoridades no cubren para material
didáctico, material de oficina, compra de equipo, reparación del mobiliario,
etc. Trabajan en condiciones inapropiadas, sin los mínimos necesarios para
promover el desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes. Los
anima el hecho de que los niños y niñas son un testimonio de la grandeza de
nuestro país, por sus deseos de aprender, por su tenacidad, su fuerza para
vencer la pobreza endémica, su alegría y sus sueños de ser una persona que tenga
la dicha de realizarse profesionalmente.
Después de tres semanas de
lucha, los maestros y maestras siguen con esa fuerza inquebrantable, con la
firme convicción de defender la educación pública y de no permitir que se
conculquen sus derechos laborales. Es admirable ver a compañeros y compañeras
resistiendo; instalando sus campamentos, trasladando sus trebejos para la
preparación de sus alimentos, cargando el tanque de gas, los garrafones de
agua, los cartones y las bolsas para dormir. En fin todo lo necesario para
acampar y vivir a la intemperie, sobre el cemento y con la fetidez del Huacapa.
Afuera del Palacio de Gobierno
(que fue construido expresamente para repeler manifestaciones y protestas y
para negarle la entrada a quienes increpan al poder), se encuentran las
diferentes delegaciones sindicales de la CETEG, del SNTE y del SUSPEG, que
trabajan en la región de la Montaña. En este plantón comparten un mismo espacio
maestros me’phaa, na savi, nahuas y mestizos. Desde lo más recóndito del
municipio de Acatepec, colindando con Ayutla hasta los límites con Oaxaca y
Puebla. De Temalacatzingo, municipio de Olinalá, donde varios maestros apoyan a
la policía ciudadana y popular, hasta Dos Ríos, una comunidad olvidada que
siempre ha exigido maestros y los gobiernos nunca se han
comprometido a atender dignamente a las autoridades y a los padres de familia
que en su mayoría son monolingües. En esta región no hay escuelas, mucho menos
clínicas. Esta violencia institucional a nadie de las élites le preocupa ni le
afecta, porque son realidades invisibles que secularmente han padecido los
hijos e hijas de la lluvia, los dueños primigenios de estas tierras, donde se
encuentran los nichos ecológicos más codiciados por las empresas extractivas.
Maestros y maestras de la zona
19 de Tlahuapa cargan hasta Chilpancingo con sus problemas que enfrentan con
algunas escuelas del municipio de Alcozauca. No solo hay conflictos educativos,
también enfrentan situaciones difíciles por las disputas agrarias y las
divisiones políticas y religiosas. Con orgullo vemos a maestros y maestras de
la zona 042 de Zapotitlán que comentan que de los 141 docentes se encuentran
allí la mayoría de ellos. Tienen el reto de hablar con los pocos compañeros que
no están presentes, porque los compromisos asumidos son de cara a la comunidad
a la que sirven y por una causa que es de toda la sociedad.
Los maestros me’phaa de la
zona 046 de Malinaltepec, la 059 de El Tejocote, la 048 de Ojo de Agua y la 062
de Paraje Montero, siempre buscan estar bien informados, discuten y analizan
las posturas de las autoridades y sobre todo revisan las reformas educativa y
laboral. Están prestos para cualquier acción y siempre dispuestos para
compartir la información con las comunidades.
De la zona 060 de Santa Cruz,
municipio de Copanatoyac sobresalen las maestras que luchan al lado de sus
pequeños hijos. Viven convencidas de que su causa es justa y que no esperan más
de este gobierno que respete a las maestras y maestros que han hecho de la
educación su proyecto de vida. Se han integrado en las comunidades y son
ciudadanos y ciudadanas reconocidas y respetadas porque han optado por vivir
como vive la gente sencilla del campo.
La Montaña de tantas luchas
emblemáticas se encuentra ahora representada por sus maestros y maestras que
varios de ellos han ocupado cargos comunitarios, como comisarios, comisariados,
mayordomos, consejeros, principales, comandantes, coordinadores del sistema de
justicia comunitaria, defensores de los territorios comunitarios y opositores a
la entrada de las empresas mineras. Maestros y maestras que no sólo se
circunscriben al aula; están en el surco, en los linderos, en las asambleas, en
las luchas por la tierra, en las cimas de los cerros al lado de los sabios y
sabias, en las luchas emblemáticas para hacer realidad los derechos del pueblo
pobre.
La presencia del magisterio en
la capital del estado ha causado molestias y enojos en sectores que siempre se
han opuesto a las transformaciones sociales. Para las autoridades son una
amenaza para sus planes privatizadores y representan un obstáculo para lograr
los cambios que la OCDE y el Banco Mundial están demandando, para cubrir con
las metas planteadas por los países desarrollados en cuanto a los ajustes
estructurales que requiere este modelo económico.
La movilización creciente del
magisterio que se dejó sentir en Acapulco y que representó un riesgo para los
grupos empresariales y la clase política abyecta es una demostración del
malestar social que existe en varios sectores de la población depauperada. Las
protestas en lugar de bajar de intensidad adquirieron más fuerza e impacto,
ante la cerrazón de las autoridades y la nula solidaridad y sensibilidad de los
que viven de la política y los votos. Son tan grandes los intereses económicos
que esconden todas estas reformas legislativas, que todas las cúpulas
partidistas se han alineado a las directrices de las nuevas corporaciones
multilaterales que son las que ahora dictan las políticas de los Estados
nacionales. Hay la consigna de no permitir que el magisterio revierta estas
reformas porque son como los dictados divinos que si no se respetan, el capital
trasnacional los castigará con severidad y los sacará de sus órbitas
financieras. Por eso está latente una acción represiva por parte de las
autoridades estatales, porque pesan más las órdenes de la nueva presidencia
imperial, que las justas razones de los maestros y maestras que han dado todo
en estas jornadas de protesta, para defender la educación de un pueblo pobre
que lucha por la justicia, la igualdad, la seguridad y una vida digna, como la
que lograron forjar antes de la llegada de los gobiernos colonizadores. Los
maestros y maestras esperan ver señales de diálogo desde el Palacio de Cobián.
Confían en que las autoridades federales tengan la capacidad para encauzar el
diálogo y restablecer una relación respetuosa con las y los guerreros del
magisterio.
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