Alainet, 08-03-2013
El
mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que la mayoría
festeja todos los días. Los que tienen madre, compañera, hijas o amigas se
preguntan a diario como sería la vida sin ellas. Sin embargo, desde que las
sociedades escriben su historia, hemos visto como a la mujer se le niega sus
derechos humanos, a veces con violencia.
En el siglo XX se realizaron importantes avances
relativos como el reconocimiento de la igualdad de la mujer con relación al
hombre en materia política electoral, educación y empleo. Hemos avanzado muy
poco en temas como igualdad de pago en el empleo, donde existe el “techo de vidrio” que frena el ascenso
femenino. Igualmente, en educación. Aunque actualmente en las universidades la
mayoría de los estudiantes y graduados son mujeres, esto no se refleja en la
dirección de las empresas públicas y privadas.
El principal obstáculo al reconocimiento de la
igualdad de la mujer en la sociedad moderna aún es el monopolio que se arroga
la sociedad sobre el cuerpo femenino. Hay países donde la mujer no tiene
derechos humanos (no es persona) y todos sus actos son supervisados por su “amo” hombre, sea padre, esposo o hijo.
En la mayoría de los países llamados modernos o capitalistas (incluyendo los
dependientes), a la mujer se le reconocen muchos derechos, pero se le niega la
propiedad de su propio cuerpo.
Por ejemplo, no puede tomar una decisión autónoma
si desea interrumpir un embarazo, tampoco si desea alterar su capacidad
reproductiva. En la actualidad, en Panamá se desató un debate en torno a una
ley que reforma una norma legal de 1941 que le permitía a la mujer buscar
asistencia médica gratuita para esterilizarse si tenía 33 años de edad o más y,
además, tres hijos. El nuevo ordenamiento legal reduce la edad a 23 años. El
resto de la norma queda intacta.
Para sorpresa de muchos, de una vez saltaron al
ruedo representantes de los sectores más retrógrados del país a defender una
falsa moral asociada con un derecho supuestamente sacrosanto que tiene la mujer
de tener hijos. La Iglesia católica señaló que si se “esterilizaba” a las mujeres panameñas pronto la población se
envejecería causando toda clase de problemas sociales. Otros aseguraban –reproduciendo
los alegatos ‘machistas’- que la
mujer no puede actuar en forma autónoma. El Ministerio de Educación, que no
permite cursos de educación sexual en los colegios del país, se negó a
pronunciarse sobre la nueva ley.
El presidente de la Asamblea de Diputados, quien
firmó y envió la nueva norma a la Presidencia de la República para su
proclamación y publicación en la Gazeta Oficial, le dijo a la jerarquía
de la Iglesia católica que le pediría al presidente Martinelli que vetara la
ley. La actitud de la Asamblea es un reflejo de la falta de formación de
nuestros políticos en torno a problemas de importancia para el país. La
Asamblea debería educar al pueblo y a las instituciones –como la Iglesia– sobre
el contenido de las leyes que aprueba.
El contenido de la ley se confundió y tergiversó
en medio de los temores de algunos sectores del país de que perderían el
monopolio sobre el uso del cuerpo de la mujer. La Asamblea debe aclarar que la
nueva ley no pone fin a ese monopolio. Lo único que hace es ofrecerle un
servicio médico gratuito –financiado por el gobierno– a cualquier mujer con 23
o más con deseos de esterilizarse. Incluso, la reforma retiene de la
legislación anterior un Consejo anacrónico que tiene que aprobar el
procedimiento. El Consejo está formado por jefes de Salud, la Procuraduría y un
diputado. En realidad, la única persona que debe autorizar el procedimiento es
la mujer interesada. Quizás un médico puede dejar por escrito que la interesada
goza de buena salud física.
En contraste, la ley también señala que el
hombre puede recurrir a los mismos servicios de salud que proporciona el
gobierno en forma gratuita para realizarse una vasectomía (esterilización). En
el caso del hombre, tiene que tener por lo menos 18 años de edad (mayor de
edad) y no necesita la aprobación del Consejo. La ley sigue haciendo en este
caso una clara discriminación en contra de la mujer.
En el caso de Panamá, la norma legal anterior o
la reformada actual no impide que cualquier mujer pueda acudir a un servicio
médico privado y esterilizarse mediante el pago al profesional de la medicina
correspondiente. Para ello no necesita tener una edad en particular, ni tiene
que conseguir el permiso de Consejo alguno. Lo que necesita es dinero, mucho
dinero en términos relativos ya que la intervención supera la suma de un
salario mínimo mensual. El 60 por ciento de las mujeres panameñas viven por
debajo de la “línea de la pobreza” o
forman parte de familias “informales”
y no tienen los recursos para hacerse una esterilización.
En el Día Internacional de la Mujer hay que
reiterar el apoyo a este sector de la población en sus luchas por alcanzar el
reconocimiento pleno de sus derechos humanos.
Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de
Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo
Arosemena (CELA)
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