Escrito por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Sábado, 23 Marzo 2013
Fuente: Rel-UITA
Familias campesinas luchan y revierten la situación. "De aquí no nos vamos a mover, no
importa cuántas veces nos desalojen", dicen.
Ayer, 20 de marzo, un fuerte
contingente de policías y militares llevó a cabo un nuevo desalojo forzoso
contra unos 1.500 campesinos organizados en la Asociación para el Desarrollo
Campesino de Progreso (ADCP) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo
(CNTC), quienes tenían un mes de haber recuperado parte de las 3.644 hectáreas,
que en mayo de 2012 el Instituto Nacional Agrario (INA) había expropiado al
ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa).
Según el INA, este ingenio,
que es propiedad de la empresa británico-sudafricana SABMiller, que en Honduras
controla también la Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir
Coca Cola, no habría solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho
establecido en la Ley de Reforma Agraria, ocupando y explotando ilegalmente y
por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar.
Ante esta situación y pese a
que la transnacional presentara un recurso de amparo, apegándose a un tratado
de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de
Honduras, cientos de familias campesinas de la ADCP intentaron por tres veces
recuperar las tierras, sufriendo igual número de desalojos.
Durante los primeros dos
desalojos fueron detenidas 42 personas, entre ellas varios menores de edad,
quienes fueron acusadas de “usurpación de
tierra” y remitidos a los tribunales, donde les dictaron auto de prisión y
les aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Esta vez, la tenacidad de las
familias campesinas pudo más que la violencia de las armas.
“Llegaron a las 8 de la mañana y entraron al terreno. Nos dieron una
hora para desalojar pacíficamente, exhibiendo una orden judicial que era
ilegal, ya que la Corte de Apelaciones había admitido un recurso de amparo
introducido por nuestro abogado”,
dijo a La Rel, Isaúl Villalobos, vicepresidente de la ADCP.
Mientras militares y policías
cercaban el lugar y la empresa enviaba a decenas de guardias de seguridad a
tomarse el control de las tierras, las familias campesinas prefirieron no dar
motivos que pudiesen “justificar” la
represión.
Se reconcentraron en un
terreno contiguo y esperaron el momento más oportuno para volver a recuperar lo
que, aseguran, les pertenece.
“Cuando vimos que las maquinarias de Azunosa iban a destruir todo lo que
habíamos sembrado para nuestra alimentación decidimos entrar nuevamente a las
tierras, sacando a los guardias de seguridad”, continuó Villalobos.
Pocas horas más tarde,
mientras centenares de policías regresaban al lugar y se aprestaban a desatar
la represión, llegó la orden de la Corte de Apelaciones de suspender el
desalojo.
“Fue un día muy difícil y lleno de tensión. Da vergüenza ver como se
prefiere garantizar los privilegios y la impunidad a una transnacional,
mientras miles de familias campesinas seguimos sufriendo hambre y miseria”, aseveró el vicepresidente de la ADCP.
“De aquí no nos vamos a mover, no importa cuántas veces nos desalojen.
Ya tenemos la tierra cultivada con maíz, frijoles, hortalizas, hemos levantado
nuestras casitas, y hemos ubicado el lugar donde construir las viviendas.
Exigimos al Estado de Honduras que reconozca nuestro derecho sobre estas
tierras que fueron usurpadas por SABMiller”, concluyó Villalobos.
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