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Escrito por Hermann Bellinghausen
Viernes, 22 Marzo 2013
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a
conocer su informe Entre la política sistémica y las alternativas de vida, apretado
recuento de las violaciones a la garantías individuales y colectivas en Chiapas
durante el sexenio pasado, cuando los gobiernos federal y estatal profundizaron
los proyectos neoliberales para el despojo territorial y buscaron frenar los
procesos autonómicos.
El Frayba destaca la
legalidad del despojo, representada por el Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, “serie de planes de infraestructura, ecoarqueoturismo, combate
a la pobreza y ‘desarrollo’, encaminados al despojo territorial y el genocidio,
profundizando la división” en las comunidades que luchan. Ante ello, los
pueblos organizados defienden el territorio como parte de su autonomía,
estructura simbólica, espiritual y material.
Sin mucha dificultad, el
Frayba ubica al sistema de justicia abiertamente al servicio del Estado,
como lo prueban la estrategia de seguridad nacional, la represión, la
criminalización de organizaciones, defensores y periodistas. En Chiapas, los
presos sufren un sistema carcelario ineficiente y violatorio a los
derechos. Se subraya el insistente uso de la tortura como
método de investigación de los funcionarios, las distintas corporaciones y las
instituciones de procuración de justicia, y se documentan 105 casos de tortura
en 18 municipios durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.
El documento fue presentado
esta tarde por Abel Flores, de Pueblo Creyente, Marina Pagés y Michael Chamberlain
(coordinadores, respectivamente de Sipaz e Inicia), la investigadora Mercedes
Olivera y Víctor Hugo López, director del Frayba.
El conflicto armado, según el
reporte, siguió marcado por la contrainsurgencia en una guerra prolongada
de desgaste que el gobierno, con su doble cara y su acción mediática,
ha implementado para destruir los procesos de resistencia, en particular los de
las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
En los gobiernos de Felipe
Calderón y Sabines, en nombre de la seguridad se utilizaron mecanismos
de terror y control a través de la militarización, la tortura
como método de investigación, las desapariciones, los asesinatos. El combate a
la delincuencia organizada sigue siendo el argumento perfecto. En este
sentido, los medios de comunicación al servicio del Estado hacen ver a los
derechos humanos como obstáculo para la seguridad nacional.
Las cárceles en Chiapas
confirman la rutinaria violación a los derechos en el sistema penitenciario. La
mayoría de los internos son pobres, indígenas o migrantes, en situación
vulnerable. La criminalización de la protesta, la persecución a los líderes
sociales y el acoso a defensores hablan de un Estado represor que cambia
el discurso, pero no los métodos, cuyo presunto respeto
a las comunidades autónomas y las JBG es falso y vacío de
contenido.
Despojo territorial
En el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos
reconocidos de los pueblos indígenas y el ejercicio de éstos fue cada vez más
amplia. El despojo territorial legal ha proseguido a través de
proyectos que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la
inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos
territorios de gran riqueza natural. El modelo económico neoliberal tiene
mayor impacto en las comunidades indígenas, ya que empresas están ocupando sus
territorios para despojarlos.
Las comunidades en
resistencia, no obstante, continúan en la defensa de los territorios y las
tierras como lo marcan los Acuerdos de San Andrés, a 17 años de su
incumplimiento.
El conflicto armado en Chiapas
se caracterizó entre 2006 y 2012 por la continua presencia militar en las
comunidades, sobre todo en la zona de influencia del EZLN. La
estrategia contrainsurgente fue de la confrontación directa a la
aplicación de proyectos sociales en conjunto con agencias de las Naciones
Unidas, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por último, el informe
sostiene que la memoria, en el contexto social y comunitario, es un
recurso ancestral de reconocimiento de los pueblos. La investigadora
Mercedes Olivera destacó el papel de las mujeres en el combate al olvido,
pues ellas son las constructoras de la memoria.
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