El Estado Mexicano en el banquillo de los acusados por tortura sexual en Atenco e impunidad en el asesinato de Digna Ochoa

Escrito por  Zapateando

Domingo, 24 Marzo 2013

Zapateando para NómadaSintópico

En 2006, ante pregunta de la prensa por las denuncias de violaciones sexuales hechas por las presas de conciencia de Atenco, el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto declaró: “También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato.” Hoy Peña Nieto es presidente y su responsabilidad por esas violaciones, que intentó a toda costa negar, comienza a ser exhibida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La tortura sexual perpetrada por policías federales, estatales y municipales en Texcoco el 3 de mayo y en Atenco el 4 de mayo de 2006 ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en voz de la representante de las once mujeres denunciantes, Bárbara Italia Méndez, así como de sus defensoras legales y de derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La voz de las mujeres que se atrevieron a denunciar las violaciones y vejaciones sexuales como parte de la tortura a que sometieron a los detenidos durante la represión en Texcoco y Atenco, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox, fue escuchada en Washington el 14 de marzo de 2013.

Las mujeres de Atenco, como se conoce entre los movimientos sociales en México a las sobrevivientes de la tortura sexual, agotaron las instancias de justicia y de legalidad en el Estado mexicano; de las cuales las principales son: la Procuraduría de Justicia Estatal del Estado de México (juez y parte, porque ella fue de las violadoras de derechos humanos); la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la cual se declaró incompetente y regresó el caso a la procuraduría mexiquense; la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes reconocieron las graves violaciones a los derechos humanos de todos los detenidos e incluso la tortura sexual, pero fueron incapaces de hacer justicia y de llegar a los autores materiales e intelectuales de la violencia de Estado.

Después de casi siete años de impunidad y de que, desde un inicio, las autoridades intentaron evitar que las mujeres denunciaran la violencia sexual de la policía, las mujeres de Atenco piden a la Comisión Interamericana que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que admita el caso Atenco y juzgue al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos que quebrantan tanto a las leyes mexicanas como a la Convención Americana en la materia.

Como el caso es admisible, y altamente probable la perspectiva de que el Estado mexicano sea condenado como violador de derechos humanos, el gobierno de Peña Nieto pretender evitar que la Corte Interamericana admita el caso ofreciendo a las mujeres denunciantes una “solución amistosa”. Es una propuesta cínica, después de siete años de impunidad, de revictimizar a las mujeres negándose a investigar a los responsables y criminalizándolas, ya que todas fueron presas de conciencia por delitos que jamás cometieron, y cuando, perla de la impunidad mexicana: el entonces gobernador y defensor del operativo y de la violencia de Estado hoy despacha en la casa presidencial.

Las mujeres fueron acosadas por funcionarios que les pedían aceptar la “solución amistosa”, un operativo de control de daños que pretende darles dinero en forma de becas, les ofrece ayuda médica y psicológica siete años después de los hechos y promete seguir los juicios a la policía, aunque ya han agotado las instancias nacionales de justicia con una negación sistemática a investigarlos.

Las mujeres entregaron una carta a la Comisión Interamericana rechazando el ofrecimiento del gobierno de Peña Nieto y pidiendo que el gobierno mexicano deje de acosarlas y si quiere comunicarse con ellas lo haga por medio de sus defensores: el Centro Prodh y Cejil. En ese documento expresaron: “no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional– sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia. En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia, cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado; al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar”.

Asimismo, el mismo gobierno mexicano, por medio de su cancillería, y el gobierno del Distrito Federal fracasaron en su intento de que la Comisión Interamericana no admitiera el caso de la abogada veracruzana Digna Ochoa y Plácido, defensora de derechos humanos asesinada en octubre de 2001 en la ciudad de México y cuyo crimen y sus responsables han sido dejados en la impunidad por los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard, sosteniendo contra toda evidencia que fue suicidio la causa de la muerte de quien fuera abogada del Centro Prodh y defensora de presos políticos acusados de zapatistas (como Gloria Benavides, la comandanta Elisa) y de pertenecer a otros grupos armados (los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, actualmente libres y dedicados a la defensa de derechos humanos), así como de los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

De manera que el gobierno mexicano está a punto de ser llevado ante la Corte Interamericana por dos casos: la tortura sexual contra mujeres mexicanas y de diversas nacionalidades, en el contexto de una violenta represión donde la brutalidad policial fue parte de la estrategia para destruir un movimiento social: el de los zapatistas, Atenco y otras organizaciones en la Otra Campaña; y también por la impunidad del asesinato de una defensora de derechos humanos reconocida internacionalmente, Digna Ochoa.

La tentativa del gobierno de Peña Nieto de evitar que ambos casos sean revisados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se debe a que, en los casos anteriores que han llegado a la Corte Interamericana, una vez tras otra el Estado mexicano ha sido condenado por violar sus leyes nacionales y los convenios y protocolos internacionales de derechos humanos.

Algunos casos en que la Corte Interamericana ha encontrado al Estado mexicano responsable de  graves violaciones de derechos humanos son: Campo algodonero, uno de los numerosos casos de feminicidios en Ciudad Juárez, en el que la Corte Interamericana juzgó y falló contra el gobierno mexicano en 2009. Rosendo Radilla, campesino desaparecido por el Ejército en la contrainsurgencia durante los años setenta en Guerrero, sentencia de la Corte en 2009. Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas y campesinas de Guerrero violadas por militares, sentencia de la Corte Interamericana en 2010. Los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos de conciencia, en cuyo caso la sentencia de la Corte es de 2010.

En todos los casos el gobierno mexicano fue hallado responsable y sentenciado a reparaciones de daños. La defensa fracasada del Estado mexicano consistió en tratar de convencer a la Corte Interamericana de que en el sistema penal mexicano no hay impunidad y las víctimas tienen mecanismos para acceder a la justicia, pero las víctimas demostraron que es falso, ya que las leyes en México no son respetadas por las autoridades y la impunidad para militares, policías y funcionarios se mantiene cuidadosamente desde el poder.

Es lo que van a demostrar, en su momento, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres sobrevivientes a la tortura sexual en Atenco y los familiares de Digna Ochoa, cuyo crimen mantienen en la impunidad los gobiernos supuestamente de izquierda del Distrito Federal.

Por eso el nerviosismo del gobierno de Peña Nieto lo llevó hasta la propuesta cínica e inverosímil de una “solución amistosa”, debe la manera en que llaman a la impunidad de los suyos.