IPS, 09-03-2013
La muerte del
sindicalista Juan Pablo Jiménez de un tiro en la cabeza reavivó en Chile las
demandas históricas del movimiento laboral, y muchos advierten que marcará
"un antes y un después" en los últimos 40 años del sindicalismo en el
país.
"Juan Pablo pagó con su vida un precio demasiado alto para que el
país escuche lo que está ocurriendo, para que no se hagan oídos sordos de cuál
es la explicación de las ganancias millonarias de los ricos chilenos", dijo Margarita Peña, dirigente de la Conferencia Intersindical de
Trabajadores, un movimiento político de izquierda radical.
La muerte de Jiménez, de 35 años, la tarde del 21 de febrero en su
trabajo, en la empresa eléctrica Azeta, donde era presidente del sindicato, "va a significar un antes y un
después" en el gremialismo chileno, planteó a IPS esta abogada
laboral, quien también ejerce de portavoz de la familia.
La Policía de Investigaciones se apresuró a determinar como causa más
probable de la muerte la de "una
bala loca (perdida)". Una
hipótesis rechazada por sindicatos, la familia y varios peritos, mientras la
fiscalía la desestimó como la línea a seguir y la justicia abrió una causa por "homicidio simple" sin definir
los responsables.
Peña denunció que desde el golpe de Estado de 1973, que encabezó el
fallecido dictador Augusto Pinochet, "los
trabajadores han sido totalmente ignorados".
Añadió que "la tarea actual
es fortalecer a los trabajadores, al sector obrero, para que reasuma su
conciencia sobre la supresión de esta sociedad tan injusta".
El sindicalismo chileno atraviesa una coyuntura calificada por expertos
académicos como compleja y preocupante, después de que durante algunas décadas
del siglo pasado llegó a ser uno de los más poderosos y activos de América
Latina.
Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan que
la restauración de la democracia en Chile en 1990 supuso un gran incremento de
la tasa de sindicalización. Pero a partir de 1994 las afiliaciones comenzaron a
bajar.
La OIT sitúa la tasa actual de sindicalización en 11 por ciento, frente
a 15,5 por ciento en 1993.
"A inicios de los 90 existió una tremenda esperanza de
transformación, pero los trabajadores comprendieron rápidamente que la
democracia no les iba a devolver los derechos arrebatados durante la
dictadura", aseguró Peña.
Como ejemplo, citó el caso de la indemnización por años de servicio al
finalizar la relación laboral. Hasta 1973 se pagaba un mes por cada año
trabajado, y la dictadura militar la redujo a un tope de cinco años. La democracia
solo amplió el derecho a un límite de 11 años.
"En materia de seguridad social es dramático", alertó. "Antiguamente
muchos sectores de trabajadores se jubilaban por años de servicio, hoy todos
deben hacerlo por límite de edad", que es de 60 años para las mujeres
y de 65 para los hombres.
El sindicalismo en Chile tiene su origen a comienzos del siglo XX,
cuando la principal riqueza del país era el salitre. En esa época, las
condiciones de vida de los obreros y trabajadores eran paupérrimas.
En Iquique, a 1.845 kilómetros al norte de Santiago, donde estaba
concentrada la mayoría de la fuerza laboral explotada por la fiebre del
salitre, los sindicatos establecieron alianzas con las asociaciones mutuales
dando origen a las "mancomunales".
Fueron años de grandes luchas y huelgas, y también de grandes masacres.
La más recordada es la de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, donde
unos 3.000 obreros del salitre fueron masacrados por el ejército mientras
hacían huelga.
En 1909 se creó la Federación Obrera de Chile, que perduró hasta 1936 y
entre cuyos líderes estuvo Luis Emilio Recabarren, fundador en 1912 del Partido
Obrero Socialista, precedente del Partido Comunista de Chile, nacido 10 años
después.
En 1953, se fundó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupó
al movimiento obrero chileno y que se mantiene hasta hoy.
Entre 1932 y 1973, los trabajadores fueron protagonistas de los avances
democráticos de Chile y muchos dirigentes sindicales pagaron con muerte o
persecución su papel clave en la resistencia a la dictadura del general
Pinochet, que representó un drástico retroceso en gremialismo y derechos
laborales, aunque los sindicatos no se proscribieron.
Desde 1990, "hemos ido
recuperando la capacidad de los trabajadores a organizarse en los marcos de una
legislación laboral que viene heredada de una dictadura", afirmó a IPS
la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
Esa legislación, añadió, "entrega
garantías muy mínimas para que los trabajadores podamos identificar en los
sindicatos las herramientas necesarias para luchar por nuestros derechos,
cuando no tenemos garantizada la negociación colectiva y también hay
limitaciones al derecho a huelga".
Para los expertos, la debilidad del sindicalismo se acentuó en los
últimos años con la propagación de la subcontratación en Chile y el llamado "multirut" que permite dividir
artificialmente a una empresa en varios Rol Único Tributario (Rut), para así
disfrazar ganancias y restar derechos a los trabajadores.
El Ministerio del Trabajo reconoce que 35 por ciento de la fuerza
laboral de Chile presta servicios a través de la subcontratación.
Jiménez era parte de ese porcentaje y luchó incansablemente para mejorar
las condiciones de los llamados trabajadores tercerizados, en este país de 16,6
millones de personas, con una población económicamente activa de ocho millones.
Como presidente del Sindicato Número Uno de la compañía de ingeniería
eléctrica Azeta, contratista de la mayor distribuidora de electricidad del
país, Chilectra, Jiménez lideró en 2012 una tensa negociación colectiva.
Cuando la bala lo mató, revisaba papeles en un banco dentro de las
instalaciones de la empresa, para una nueva demanda contra ella, a sumarse a
más de 50 denuncias por prácticas antisindicales, despidos injustificados e
incumplimiento de cotizaciones previsionales a sus trabajadores, 30 de ellas
interpuestas en los últimos 12 meses.
Escasas horas después del deceso, la Policía de Investigaciones lo
atribuyó a "una bala loca",
que habría sido disparada durante un supuesto enfrentamiento entre bandas
delictivas en el barrio La Legua, vecino a las instalaciones de Azeta en el sur
de Santiago.
La fiscalía se desmarcó de esa teoría y comenzó una indagación
exhaustiva, que incluye entre sus líneas investigativas el homicidio
intencionado.
Margarita Peña, abogada del sindicato de Azeta, con 40 por ciento de sus
1.000 trabajadores afiliados, aseguró que "con
el asesinato de Juan Pablo el sindicalismo tocó fondo".
El último sueldo mensual recibido por Jiménez, como supervisor de
servicios de emergencia y tras 10 años en la empresa, fue equivalente a 387
dólares.
"Eso peleamos en la última negociación colectiva. Necesitábamos con
urgencia que se aumentaran los sueldos en Azeta", afirmó Peña.
"Sus compañeros aumentaban sus ingresos en base a horas extras,
trabajando 33 horas seguidas", sostuvo. "La palabra muerte en Azeta no es
nueva, aunque la gente siga respirando, no vive", concluyó.
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