Publicado en “Punto Final”, edición Nº 776, 8 de
marzo, 2013
Una bala mató a Juan Pablo Jiménez Garrido
-presidente del Sindicato Nº1 de Azeta y de la Federación de Trabajadores-, al
interior de las dependencias de esa empresa contratista de Chilectra. Al día
siguiente, el 22 de febrero, el dirigente tenía audiencias en tribunales y en
la Dirección del Trabajo para denunciar abusos de la empresa.
Juan Pablo había terminado su turno y se sentó a
revisar documentación relacionada con su actividad sindical. Minutos después, a
las 15:56 horas, se desplomó muerto. El trabajador Mario Gutiérrez lo encontró
sin vida y en un charco de sangre. Un video de seguridad grabó lo sucedido.
Lo trasladaron al hospital de la Mutual de
Seguridad, pero fue inútil. Hasta ese momento, todos pensaban que había muerto
por un derrame cerebral. La autopsia del Servicio Médico Legal (SML) dijo otra
cosa: una bala le había perforado el cráneo. La investigación judicial de este
raro caso recién está comenzando y existen varias hipótesis. “Juan Pablo fue asesinado al interior de la
empresa, al término de su jornada de trabajo, y sin que la gerencia pueda
explicar lo sucedido”, señala el sindicato.
Juan Pablo Jiménez lideró un duro proceso de
negociación colectiva, que culminó en diciembre de 2012. El sindicato votó la
huelga, pues no hubo acuerdo con Azeta. Sin embargo, la asamblea decidió
acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo. “Eso molestó a la empresa porque significaba repetir la negociación en
el plazo de un año, es decir, este año”, dice la abogada Margarita Peña,
asesora del Sindicato Nº1.
Juan Pablo había presentado muchas denuncias contra
Azeta por abusos y condiciones deficientes de seguridad, entre otras. En junio
de 2012, falleció electrocutado el trabajador Richard Trincado. En los últimos
días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se agudizaron, producto
del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se
les quiso imponer. Se trata de trabajadores subcontratistas de Chilectra,
encargados de reponer el servicio y que desarrollan labores en condiciones de
alta peligrosidad.
MALOS ANTECEDENTES
Juan Carlos Jiménez, padre de Juan Pablo, dice a Punto
Final: “No estamos dando entrevistas
a ningún medio. Esta la doy porque mi hijo, aparte de que no pertenecía a
ningún partido político, tenía su tendencia de Izquierda por luchar por los
trabajadores, y me había hablado de Punto
Final. Me contaba cosas de su trabajo: tuvo problemas por las demandas
laborales; no amenazas, pero sí mucha presión de los patrones. El problema
grave fue en la negociación del año pasado. Juan Pablo empezó a tener
problemas… a ser presionado. Pero no como para ser asesinado. Sin embargo, creo
que a mi hijo lo mataron. Estuve sentado donde él murió y creo que se han
precipitado mucho con la hipótesis de la ‘bala loca’. El balazo lo tiene en el
lado izquierdo del cráneo y hay una oficina y un montón de obstáculos en esa
dirección. A mi hijo lo mataron, lo mandaron a matar”.
La viuda del
sindicalista, Ximena Acevedo, agrega que el fiscal le aseguró que todavía no
terminan los peritajes balísticos ni se ha determinado el calibre del
proyectil: “Se están haciendo
diligencias. Desconozco cuáles y estoy cooperando en todo lo que puedo. Lo que
tengo claro es que mi esposo fue asesinado en dependencias de la empresa, es lo
que pude ver en el video. Hay que buscar a los responsables”.
La empresa Azeta
tiene un largo historial de denuncias y demandas laborales por no pago de
cotizaciones, despidos injustificados y prácticas antisindicales. Paga bonos a
quienes no participan en las movilizaciones sindicales e incluso festeja con
asados a los que no se afilian a los sindicatos. Azeta ha sido fiscalizada y
multada varias veces. También se la ha sancionado por no otorgar descanso al
menos dos domingos al mes. Los trabajadores denuncian que no respeta el
contrato colectivo y que hay al menos tres fiscalizaciones -en junio de 2012-
por “vulneración de derechos
fundamentales”. Azeta cometió otra irregularidad al intentar hacer pasar lo
sucedido a Juan Pablo Jiménez como “accidente
fatal de trabajo”.
En
2011, dirigentes de los sindicatos del holding Azeta solicitaron una
investigación por “simulación” a la
Inspección del Trabajo. La gerencia impidió el desarrollo adecuado de la
investigación al no entregar la información solicitada. Se constató que las empresas
del holding tienen la misma casa matriz, casino y vestidores comunes
aunque diferentes RUT. Por eso los trabajadores crearon la Federación de
Sindicatos, de la cual Juan Pablo era presidente. Néstor Sepúlveda,
vicepresidente de la Federación, dice que las relaciones con la gerencia son
pésimas. El año pasado acusaron de robo a varios trabajadores, aunque esto
nunca se comprobó. El jefe de seguridad “llamó
a unos amigos carabineros, que llegaron de civil a interrogar trabajadores al
interior de la empresa. Hay muchas denuncias de maltratos, juicios ganados y
acuerdos que no se cumplen y denuncias en la Inspección del Trabajo”.
Juan Pablo,
durante la última negociación colectiva, participó en un programa de Radio
Popular Enrique Torres, de la que era un miembro activo, donde afirmó: “Nos ofrecen un 3,5% de reajuste de sueldo.
No están reconociendo el IPC y nos quieren quitar beneficios. Azeta es un holding que tiene cinco empresas. El
gran problema es que todos conocemos cómo trabajan: la gran tajada se la llevan
ellos. Hubo una huelga en junio y la empresa perdió varios proyectos, pero fue
por mala gestión administrativa. Quieren traspasar esos costos a los
trabajadores, que somos los que al fin y al cabo les llenamos los bolsillos.
Tengo que destacar la cohesión que se ha producido. Hace unos años había mucha
división de los trabajadores, que laboran en áreas distintas. Afortunadamente
hemos logrado cohesionar a los trabajadores”.
AZETA TIENE RESPONSABILIDAD
La primera hipótesis de la PDI fue la “bala loca”. El 2 de marzo, el 12º
Juzgado de Garantía acogió la querella por homicidio simple, presentada por la
familia de Jiménez y organizaciones sindicales. La causa se agregará a la
indagatoria que encabeza el Ministerio Público. Aunque se han realizado diligencias,
aún no existen un informe oficial y conclusiones. “La hipótesis de la bala perdida es una más. Hay antecedentes que se
entregarán directamente a la Fiscalía. A Juan Pablo lo asesinaron y sólo falta
determinar quién es el autor del crimen. Entregaremos antecedentes de ex
uniformados contratados por Azeta que utilizan medios policíacos”, dice la
abogada Margarita Peña. En una marcha convocada por la familia, la Conferencia
Intersindical de Trabajadores y la CEPCH, participaron más de tres mil personas,
y fue reprimida por Carabineros, impidiendo un acto frente al edificio de
Endesa.
Según Margarita
Peña, la querella permitirá solicitar diligencias y peritajes externos si es
necesario: “Todavía no se reciben
informes oficiales. Tanto la Brigada de Homicidios como la Fiscalía consideran
que esta investigación es compleja. Se han acotado las líneas de investigación,
el espacio físico desde donde provino el disparo. Cuando alguien aparece muerto
por un disparo en la cabeza, la primera hipótesis es el suicidio. Acá se
descartó absolutamente, se trata de un homicidio. Ahora bien, hay que
preguntarse quién lo mató y por qué. La Fiscalía está dispuesta a interrogar a
400 personas. En el ámbito de sus relaciones sociales y personales, Juan Pablo
no tenía enemigo alguno. ¿Quiénes podrían tener interés en asesinarlo? Estamos
trabajando un par de hipótesis. Hay que preguntarse a quiénes puede haberles
convenido que Juan Pablo muriera. Tenemos algunas convicciones que en tanto no
se vean refrendadas con pruebas, no corresponde pronunciarse. Azeta tiene
responsabilidad porque sus gerentes han declarado que en la empresa ‘llueven
balas’. ¿Qué medidas de seguridad han tomado para proteger la vida y salud de
sus trabajadores?”, dice.
LAS MANOS NEGRAS DE “AZOTA”
La Brigada de Homicidios y la Fiscalía investigan a
ex uniformados que trabajan en Azeta. El Fiscal Nacional (s) Alberto Ayala,
señaló que se investigará también “si era
o no efectiva la existencia de amenazas”. “Azota” es el nombre que los trabajadores dan a la empresa. Según
Sepúlveda, en conversación con Francisco Negrete, uno de los dueños, y el
gerente general, Alfredo Jamett, “le
pedimos ayuda humanitaria para que siguieran pagando el sueldo de Juan Pablo a
su familia, que tiene que sobrevivir… Nos contestaron que este mes lo van a
cancelar -como corresponde por ley-, pero que ‘en los meses siguientes
dependería de las querellas y demandas que llegaran’. Le recordé a Negrete que
el gerente Daniel Belmar declaró a la prensa que aquí ‘caían balas’. Me contestó:
‘¿Y qué querías, que te hubiera puesto una cúpula?’. Le dije, ‘Usted tiene
expertos en seguridad… Algo tendría que haber hecho’”.
Los trabajadores
señalan que los están presionando para que cambien de turnos, pues los
sindicalizados no están trabajando horas extras ni los sábados. Les han
amenazado que si no van a trabajar los sábados, los sacarán de las cuadrillas
donde hay más producción. La abogada del sindicato sostiene que “Azeta comete demasiados abusos. Juan Pablo
ganaba muy poco, algunos meses no rozaba ni el sueldo mínimo. Su último salario
fue de 133 mil pesos, y él era supervisor”.
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