Escrito por Adazahira Chávez
Publicado el 11 de marzo de
2013
Fuente: Desinformémonos
México. La empresa Revolution Resources realiza
ilegalmente trabajos de exploración minera en el sitio sagrado de Wirikuta, por
lo que integrantes del Consejo Regional Wixárika exigen a la Secretaría de
Economía que cancele las siete concesiones mineras que actúan sin los permisos
necesarios.
El sitio donde la empresa de
capital canadiense está haciendo exploraciones, de acuerdo con un informe que
rindió a sus accionistas y al testimonio de organizaciones sociales, forma
parte de la Reserva Estatal Ecológica de Wirikuta, lo que no permite que se
hagan trabajos fuera de las tradicionales actividades indígenas y campesinas.
Además, a través de Infomex
(sistema donde se solicita información pública del gobierno federal), la
Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) y el Frente en
Defensa de Wirikuta conocieron que no hay manifiestos de impacto ambiental
emitidos para la región, necesarios –al igual que la autorización de cambio de
uso de suelo- para hacer cualquier trabajo minero.
La empresa informó que analizó
11 mil 200 muestras de suelo y realizó vuelos para detectar las zonas de mayor
concentración de mineral. Esta operación sin permisos, informa Christian
Chávez, de AJAGI, es motivo para que legalmente se cancelen las concesiones a Revolution
Resources, y es la exigencia que hacen a la Secretaría de Economía.
Revolution Resources cuenta con cuatro proyectos
mineros en México: La Bufa, Montaña de Oro, Drill Results y Universo, que tiene
una longitud de 100 kilómetros y un ancho de 35. La compañía señala que
se asienta en México porque la minería tiene preferencia sobre otras
actividades productivas y por las leyes promineras, que incluyen la ausencia de
pago de regalías.
El engaño
El secretario de Economía del sexenio anterior,
Bruno Ferrari, señaló durante su periodo al frente de la Secretaría que no
había autorizaciones para trabajos mineros en Wirikuta, ya fueran de
exploración o de explotación, recuerda Christian Chávez, para los que se
necesitaría una autorización de impacto ambiental y otra de cambio de uso de
suelo.
El miembro de AJAGI señala que
hay instalaciones mineras en San José de Coronados y en la presa Santa
Gertrudis, Jalisco, para la extracción de antimonio. Esas instalaciones
comprenden perforaciones, zanjones y socavones, existen al menos desde la
década de los noventa y se estarían volviendo a usar para las exploraciones.
Los wixaritari y las
organizaciones de apoyo inspeccionaron la zona y encontraron evidencia de
trabajos de exploración recientes en su modalidad de barrenaciones, socavones y
zanjones dentro del área protegida de Wirikuta. Cerca de Estación Catorce, “se detectó una profunda excavación en forma
de tajo a cielo abierto que mide 60 metros de diámetro y una profundidad de 13
metros, y cuyos fines no están esclarecidos”, detalla el Frente en Defensa
de Wirikuta, que cuenta con testimonios y fotografías que dan fe de las
actividades recientes de la empresa.
Por su parte, la empresa
detalló en su informe a los accionistas los trabajos técnicos que realizó
(barrenaciones, distancias, establecimiento de casas provisionales para operar,
sobrevuelos, mapas). Además, propone perforar 52 puntos, de los cuales 16 se
encuentran dentro del área natural protegida denominada Wirikuta.
Con esta evidencia y la
fundamentación jurídica, el viernes 1 de marzo, autoridades integrantes
del Consejo Regional Wixárika interpusieron un recurso ante la Secretaría
de Economía para exigir que se cancelen siete concesiones mineras “en las que de manera ilegal se han
realizado trabajos de exploración como parte del denominado Proyecto Universo”.
Este proyecto, señalan, abarca
una parte del territorio sagrado ceremonial de Wirikuta y pone en riesgo varios
de los principales altares donde el pueblo wixárika acampa, reza, vela y
realiza ceremonias en su peregrinación. Además, precisa Christian, la empresa
informa a sus accionistas que tiene acuerdos con las comunidades para sus
trabajos y menciona a Margaritas y Antonio Coronado, pese a que éstas se han
manifestado en contra.
En comunicado, la organización
señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) obtuvo evidencias y
testimonios –entre 2011 y 2012- que reflejan que si bien la empresa First
Majestic Silver y su filial mexicana Minera Real Bonanza, no realizan
actividades estrictas de explotación, “sí
realizan actos que demuestran la preparación para la puesta en funcionamiento
de la mina”.
Cristian Chávez precisa que
estos proyectos mineros se encuentran en Sierra Catorce y que están
oficialmente detenidos por una suspensión judicial, pero la empresa “sigue rehabilitando instalaciones”, por
lo que “se debería revisar que no estén
violando la suspensión”.
Lo que AJAGI espera es que el
gobierno federal “se tome esto con
seriedad y se haga valer la legislación”, que se inicie un proceso
probatorio pericial y se cancelen los trabajos actuales, indica Chávez, quien
considera que es difícil que la empresa haya realizado estas actividades sin
que las instancias gubernamentales se hayan dado cuenta.
Debido a que la ley establece
un plazo de 15 días para que el gobierno federal responda a la petición de los
afectados, el Frente en Defensa de Wirikuta llama a las organizaciones y a la
sociedad civil a permanecer alertas.
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